
Entre Ríos: Crecen las denuncias contra la empresa EGGER por una nueva lluvia de aserrín y vecinos aseguran que la contaminación continúa en Concordia
La Política Ambiental
El conflicto ambiental que desde fines de 2025 enfrenta a vecinos de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, con la empresa austríaca EGGER Argentina volvió a intensificarse. Pese a los compromisos asumidos por la compañía y a las reuniones mantenidas con las autoridades locales, habitantes de los barrios Las Tejas, San Jorge, Villa Adela y otros sectores cercanos al Parque Industrial denuncian que la caída de aserrín continúa y que la situación se volvió "insostenible".
Las nuevas denuncias indican que una fina capa de polvo de madera vuelve a cubrir patios, techos, vehículos, plantas y el interior de las viviendas, obligando a muchas familias a permanecer con puertas y ventanas cerradas incluso durante los días de calor. Los vecinos sostienen que el problema nunca fue resuelto y que las medidas anunciadas por la empresa no lograron evitar que las emisiones continúen
Un conflicto que comenzó mucho antes de EGGER
Aunque la polémica tomó notoriedad nacional tras la denominada "lluvia de aserrín" registrada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el problema tiene un origen mucho más antiguo.
La planta comenzó a operar en la década de 1990 bajo la firma chilena Masisa. Sin embargo, ya entre 2006 y 2007, vecinos de Las Tejas iniciaron acciones judiciales denunciando emisiones de polvillo, ruidos molestos y posibles impactos sobre el arroyo Yuquerí.
En 2017, la multinacional austríaca EGGER Group adquirió la planta prometiendo inversiones, modernización tecnológica y estándares ambientales europeos. No obstante, los reclamos vecinales nunca desaparecieron.
En 2020 volvieron las denuncias por emisiones de polvo de madera y, en 2023, la Municipalidad de Concordia y la empresa firmaron un compromiso ambiental que contemplaba nuevas inversiones, monitoreos y mejoras en los sistemas de control de emisiones. Sin embargo, para los vecinos, los problemas persisten y las promesas nunca se tradujeron en una solución definitiva.

La lluvia de aserrín que hizo estallar el conflicto
El episodio más grave ocurrió entre los últimos días de diciembre de 2025 y los primeros de enero de 2026.
Durante varios días, una gran cantidad de partículas de madera cubrió patios, techos, vehículos, jardines y hasta el interior de numerosas viviendas.
Las imágenes recorrieron las redes sociales mostrando calles y casas completamente cubiertas por un polvillo similar a una nevada.
Los vecinos denunciaron que el material también alcanzó huertas familiares, tanques de agua y espacios públicos, mientras comenzaron a reclamar estudios ambientales independientes y un plan integral de remediación.
La situación provocó reuniones entre la empresa, el Municipio de Concordia y representantes barriales, aunque muchos habitantes cuestionaron la falta de transparencia del proceso y denunciaron que nunca tuvieron acceso completo a la información técnica solicitada.
EGGER habla de una "molestia", pero las denuncias continúan
Frente a la repercusión del caso, el director de Administración y Finanzas de EGGER Argentina, Agustín Fitte, explicó que la emisión fue consecuencia de una falla durante la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de captación de partículas.
Según sostuvo, coincidieron un desperfecto técnico, fuertes vientos del sur y condiciones climáticas particulares que facilitaron la dispersión de fibras de madera hacia los barrios cercanos.
Además, aseguró que los estudios realizados por la empresa indican que el material liberado corresponde a fibra orgánica, no respirable y sin componentes tóxicos, por lo que, según esa evaluación, el episodio constituyó una "molestia" pero no un riesgo sanitario.
Sin embargo, esa explicación está lejos de convencer a quienes conviven diariamente con las emisiones.
"Es imposible vivir así"
Lejos de haber desaparecido, los reclamos volvieron a intensificarse durante los primeros días de julio.
Vecinos denunciaron que el polvo fino volvió a aumentar de manera significativa y que ya resulta imposible desarrollar actividades al aire libre.
Afirman que el aserrín ingresa constantemente a las viviendas, obliga a limpiar varias veces por día y afecta la calidad de vida de cientos de familias.
Según relataron, incluso una escuela ubicada frente a la planta debió mantener a los alumnos dentro del edificio durante los recreos para evitar la exposición al material particulado presente en el ambiente.
Para quienes viven en la zona, la situación demuestra que los sistemas de control anunciados por la empresa todavía no lograron resolver el problema.
Las críticas también apuntan al Estado
El conflicto ya no se limita únicamente al accionar de EGGER.
Los vecinos cuestionan la actuación del Municipio de Concordia, encabezado por el intendente Francisco Azcué, y de las autoridades ambientales de la provincia de Entre Ríos.
Sostienen que, durante años, los organismos públicos privilegiaron las mesas de diálogo y los compromisos voluntarios antes que ejercer controles ambientales rigurosos o aplicar sanciones cuando las emisiones afectaban a la población.
También denuncian dificultades para acceder al Estudio de Impacto Ambiental y a los resultados de los monitoreos, lo que incrementó la desconfianza hacia los controles oficiales.
Para distintas organizaciones ambientales, el caso refleja una falla estructural del sistema de fiscalización: cuando la comunidad debe enterarse del estado del ambiente a través de explicaciones brindadas por la propia empresa cuestionada, la transparencia y el control estatal quedan seriamente comprometidos.
Un conflicto que pone en discusión el modelo de control ambiental
El caso de EGGER volvió a instalar un debate que excede a Concordia.
La Constitución Nacional reconoce el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y obliga a las autoridades a prevenir el daño ambiental antes de que este ocurra.
Sin embargo, casi dos décadas después de los primeros reclamos, los vecinos sostienen que siguen conviviendo con el mismo problema.
Para ellos, la discusión ya no pasa por determinar si el aserrín constituye o no un riesgo sanitario según los estudios presentados por la empresa.
La verdadera pregunta es por qué, después de años de denuncias, acuerdos ambientales, inversiones anunciadas y reuniones con funcionarios, la contaminación sigue llegando a los patios, las escuelas y las viviendas de quienes viven alrededor de la planta.
Mientras EGGER asegura que continúa incorporando nuevos sistemas de filtrado y controles para reducir las emisiones, los habitantes de Las Tejas y Villa Adela afirman que la realidad demuestra otra cosa: el conflicto continúa abierto y las soluciones prometidas todavía no lograron garantizar el derecho básico a vivir en un ambiente sano.


Encontraron microplásticos y metales en el granizo y ahora piden investigar qué está cayendo sobre nuestras ciudades

Salta, Jujuy, Misiones y Neuquén: cuatro conflictos que exponen la disputa por los territorios indígenas en Argentina

Vaca Muerta: tres directivos de Comarsa irán a juicio por uno de los mayores casos de contaminación petrolera
La Justicia de Neuquén habilitó el juicio oral por la acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos. La causa expone el pasivo ambiental que dejó la expansión del fracking y las fallas en los controles sobre las empresas encargadas de tratar sus desechos.

Alerta sanitaria por cianobacterias: piden evitar el agua en 17 municipios bonaerenses
La Provincia activó el nivel naranja del “cianosemáforo” ante la detección de floraciones potencialmente tóxicas. Recomiendan no bañarse ni consumir alimentos obtenidos en los sectores afectados y extremar los cuidados con niños y mascotas.

De Malvinas a Vaca Muerta: Harbour Energy creó una nueva sociedad y profundiza su expansión en Argentina

Chaco: un estudio reveló cómo el Estado facilitó el desmonte de bosques protegidos
La investigación analizó más de 142.000 permisos y documentos forestales emitidos entre 2009 y 2024. Detectó recategorizaciones de tierras, planes silvopastoriles desvirtuados, autorizaciones para comercializar madera de desmontes ilegales y multas que resultaban más baratas que cumplir la ley.


