Buenos Aires: impulsan una ley para prohibir la caza en campos privados y endurecer las penas contra los cazadores furtivos

La problemática de la caza furtiva volvió a instalarse en la agenda legislativa de la provincia de Buenos Aires. El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley para prohibir expresamente la caza de animales silvestres dentro de campos privados sin autorización del propietario y establecer un régimen de sanciones mucho más severo para quienes ingresen ilegalmente a establecimientos rurales armados o en grupos organizados. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento del diputado Andrés De Leo.

La propuesta surge en un contexto marcado por el crecimiento de las denuncias por caza furtiva, ingresos ilegales a campos, rotura de alambrados, utilización de perros galgos y circulación de personas armadas por caminos rurales, una situación que productores agropecuarios y entidades rurales vienen denunciando desde hace años.

Qué propone el proyecto

La iniciativa busca modificar el actual régimen previsto en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, al considerar que las herramientas vigentes resultan insuficientes para enfrentar una modalidad delictiva que, según los impulsores del proyecto, se volvió cada vez más organizada y violenta.

El texto propone prohibir la caza de animales silvestres dentro de predios privados cuando no exista autorización expresa del propietario, independientemente de la especie que se pretenda capturar.

Además, incorpora una nueva figura denominada "contravención grave contra la seguridad rural", con sanciones que incluyen importantes multas económicas, decomiso de armas, vehículos y perros utilizados para la caza, secuestro preventivo de los elementos empleados durante el hecho e inhabilitaciones para quienes participen de estas prácticas. También prevé un agravamiento de las penas cuando intervengan tres o más personas, la actividad se desarrolle durante la noche, se utilicen vehículos o el ingreso ocurra en áreas protegidas o establecimientos rurales.

Una problemática que va más allá del robo rural

Si bien el proyecto fue presentado con el objetivo de fortalecer la seguridad en las zonas rurales, el conflicto también tiene un fuerte componente ambiental.

La caza furtiva representa una de las principales amenazas para numerosas especies silvestres de la provincia de Buenos Aires.

Jabalíes, ciervos, liebres, vizcachas, aves y otras especies son capturadas ilegalmente mediante armas de fuego, jaurías de perros o trampas, muchas veces sin ningún tipo de control y al margen de la normativa vigente.

Además del impacto sobre la biodiversidad, estas prácticas generan alteraciones en los ecosistemas y afectan el equilibrio de poblaciones de fauna nativa.

En muchos casos, los cazadores ingresan sin autorización a propiedades privadas, destruyen alambrados, dañan cultivos, atraviesan establecimientos ganaderos y ponen en riesgo tanto a trabajadores rurales como a las familias que viven en esos campos.

La inseguridad rural como argumento

El proyecto toma como uno de sus principales fundamentos el incremento de los hechos de inseguridad vinculados a la presencia de cuadrillas organizadas que ingresan armadas a establecimientos rurales.

Productores de distintos partidos bonaerenses denuncian desde hace tiempo que estos grupos suelen desplazarse durante la noche utilizando camionetas, motocicletas y perros especialmente entrenados para perseguir animales silvestres.

Esa situación no solo representa una infracción a la legislación sobre fauna, sino que también incrementa el riesgo de enfrentamientos con propietarios, puesteros y trabajadores rurales.

El Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA) también manifestó recientemente su preocupación por el crecimiento de estos episodios y reclamó mayores controles y sanciones para desalentar la actividad.

La protección de la fauna también depende del Estado

Aunque el proyecto busca endurecer las sanciones contra la caza furtiva, especialistas recuerdan que la protección de la fauna silvestre no puede limitarse únicamente al aumento de las penas.

La conservación de las especies requiere una presencia activa del Estado mediante controles permanentes, fiscalización en las zonas rurales, monitoreo de poblaciones silvestres y campañas de prevención.

En muchas regiones del país, la falta de personal, de recursos y de operativos de control favorece que la caza ilegal continúe desarrollándose con escasas consecuencias para quienes la practican.

Por eso, organizaciones ambientalistas sostienen que cualquier reforma legislativa debe estar acompañada por políticas públicas que fortalezcan los organismos encargados de proteger la biodiversidad.

Un debate que combina seguridad, producción y conservación

La discusión que ahora comenzará en la Legislatura bonaerense trasciende la problemática de la inseguridad rural.

También plantea el desafío de encontrar mecanismos que permitan proteger la propiedad privada sin perder de vista la conservación de la fauna silvestre.

Para numerosos especialistas, la caza furtiva no solo constituye un delito contra los productores rurales, sino también una amenaza para especies que cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas bonaerenses.

Mientras el proyecto inicia su tratamiento legislativo, el debate vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer tanto las políticas de seguridad rural como las estrategias de conservación de la biodiversidad. La eficacia de la iniciativa dependerá no solo de las sanciones que finalmente se aprueben, sino también de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y garantizar una protección efectiva de la fauna silvestre.