La Política Ambiental
La deforestación continúa avanzando sobre los bosques nativos del norte argentino. Un relevamiento satelital realizado por Greenpeace detectó que entre enero y junio de 2026 se perdieron 40.862 hectáreas de monte nativo en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
La organización ambiental advirtió que la destrucción de los bosques mantiene un ritmo preocupante pese a la vigencia de la Ley Nacional de Bosques y volvió a reclamar medidas más severas para frenar los desmontes, entre ellas la incorporación de sanciones penales para quienes destruyan ecosistemas protegidos.
Según el monitoreo realizado mediante imágenes satelitales, la mayor parte de la superficie desmontada se concentra en la región del Gran Chaco, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Sudamérica y, al mismo tiempo, uno de los más amenazados por el avance de la frontera agropecuaria.
Las provincias de Santiago del Estero y Chaco vuelven a encabezar las estadísticas de pérdida de bosque nativo, seguidas por Formosa y Salta. En estas jurisdicciones, grandes extensiones de monte continúan siendo reemplazadas por actividades ganaderas y agrícolas, principalmente destinadas a la producción de soja y al desarrollo de sistemas de ganadería intensiva.
Especialistas coinciden en que el principal motor de la deforestación continúa siendo el cambio de uso del suelo. Miles de hectáreas de bosque son desmontadas cada año para ampliar áreas destinadas a cultivos o al establecimiento de pasturas para el ganado.
A este escenario se suman los incendios forestales, que en muchos casos son utilizados como una etapa posterior al desmonte para eliminar la vegetación remanente y preparar los terrenos para actividades productivas. Este proceso provoca una rápida degradación de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad.
Greenpeace advirtió que una parte importante de los desmontes ocurre en áreas donde la legislación vigente restringe o prohíbe este tipo de actividades.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007, obliga a las provincias a clasificar sus bosques según su valor de conservación. Las zonas identificadas como Categoría I (Rojo) y Categoría II (Amarillo) poseen un alto valor ambiental y no pueden ser desmontadas, salvo excepciones muy limitadas vinculadas al manejo sustentable.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas denuncian que continúan registrándose desmontes ilegales y que las sanciones económicas resultan insuficientes para desalentar estas prácticas.
La desaparición del bosque nativo no solo implica la destrucción de árboles. También provoca la pérdida del hábitat de especies emblemáticas como el yaguareté, el oso hormiguero gigante, el tatú carreta, el pecarí quimilero y numerosas aves, reptiles y anfibios que dependen de estos ambientes para sobrevivir.
Además, los bosques cumplen un papel fundamental en la regulación del clima, la conservación de los suelos, la recarga de acuíferos y la reducción del riesgo de inundaciones. Su eliminación también libera grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado en la vegetación, contribuyendo al agravamiento del cambio climático.
La organización recordó que Argentina atraviesa una situación de emergencia forestal. En los últimos 30 años, el país perdió más de siete millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de toda la provincia de Formosa.
Aunque la sanción de la Ley de Bosques permitió reducir parcialmente el ritmo de la deforestación respecto de décadas anteriores, los desmontes continúan registrándose todos los años y siguen concentrándose principalmente en las cuatro provincias del norte del país.
Frente a este nuevo relevamiento, Greenpeace volvió a exigir la aprobación de una Ley de Delitos Forestales, con el objetivo de que la destrucción ilegal de bosques nativos deje de ser considerada únicamente una infracción administrativa y pase a constituir un delito penal.
La organización sostiene que el actual sistema de multas no logra desalentar los desmontes ilegales y reclama, además, una mayor fiscalización en las provincias, el cumplimiento efectivo de la Ley de Bosques y la restauración de las áreas ya degradadas.
Mientras la pérdida de monte nativo continúa avanzando, especialistas advierten que la protección de los bosques chaqueños será una de las principales claves para conservar la biodiversidad argentina y reducir los impactos de la crisis climática en las próximas décadas.
