AySA: la Justicia le pone un freno a la privatización de Milei y advierte sobre el riesgo de convertir el agua en un negocio

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) acaba de encontrarse con un obstáculo judicial que vuelve a poner en discusión uno de los puntos más sensibles del plan de desguace de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei: qué ocurre cuando el objetivo de retirar al Estado de una actividad considerada “empresarial” choca con un servicio que está directamente relacionado con derechos básicos como el acceso al agua potable, el saneamiento, la salud y un ambiente sano.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que impide que AySA reduzca, limite, suspenda o altere las obligaciones que tiene actualmente respecto de la prestación de sus servicios. La causa fue iniciada a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y ahora deberá continuar ante la Justicia Federal.

El fallo no significa que la privatización haya sido anulada. El Gobierno nacional continúa con el proceso para desprenderse de la participación estatal en la empresa. Pero sí establece un límite que resulta políticamente incómodo para la administración de Milei: el retiro del Estado no puede traducirse automáticamente en un retroceso de las garantías vinculadas con un servicio esencial.

Y allí aparece la cuestión de fondo.

Milei quiere vender AySA, pero el agua no es una mercancía más

El Gobierno nacional decidió avanzar con la privatización total de AySA y puso en marcha un procedimiento para vender el 90% de las acciones que todavía pertenecen al Estado. La propia documentación oficial señala que la operación busca transferir la totalidad de ese paquete accionario a un operador estratégico, mientras el 10% restante continúa en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

La administración nacional presenta la medida como parte de su política de retiro del Estado de las empresas públicas y sostiene que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios.

Pero hay una diferencia fundamental entre privatizar una empresa que fabrica un producto comercial y privatizar una compañía responsable de garantizar agua potable y saneamiento a millones de personas.

Una persona puede dejar de comprar un producto si considera que es demasiado caro o de mala calidad. No puede dejar de consumir agua potable.

Tampoco puede elegir libremente otra red de cloacas si el prestador incumple. La población queda atada a la infraestructura disponible y, por lo tanto, depende de que el Estado garantice que el servicio sea seguro, accesible y ambientalmente sostenible.

Por eso resulta particularmente preocupante que el Gobierno haya avanzado no solamente con la venta de las acciones, sino también con modificaciones sobre el marco regulatorio de AySA. En 2025 se modificó el régimen establecido por la Ley 26.221 y posteriormente se aprobó un nuevo texto ordenado. En 2026, además, se aprobó un nuevo contrato de concesión.

El problema, entonces, no es únicamente quién será el dueño de AySA. También es bajo qué reglas funcionará la empresa y qué obligaciones tendrá frente a los usuarios, el ambiente y el Estado.

La Justicia advierte sobre un posible retroceso

La resolución judicial adquiere especial importancia porque incorpora una mirada que el Gobierno parece relegar cada vez que habla de privatizaciones: el agua no puede analizarse exclusivamente desde una planilla de costos o desde la rentabilidad de una empresa.

El tribunal consideró relevantes cuestiones vinculadas con el derecho humano al agua, la salud pública y la protección ambiental, y aplicó principios propios del derecho ambiental, entre ellos los principios preventivo y precautorio.

Esto significa que no hace falta esperar a que una reducción de controles o de obligaciones produzca un daño concreto para que el Estado intervenga. Cuando existe un riesgo razonable de que una modificación pueda provocar consecuencias graves o difíciles de reparar, la protección debe actuar antes.

Es justamente lo contrario de la lógica de “primero privatizar y después vemos”.

Y ahí aparece una de las principales contradicciones de la política del Gobierno nacional. La administración de Milei sostiene que la privatización permitirá que el sector privado sea más eficiente, pero cuando se trata de servicios esenciales la eficiencia económica no puede ser el único parámetro.

¿Qué ocurre si una empresa privada decide que determinada obra no es rentable? ¿Qué sucede con una extensión de la red de agua en una zona donde la inversión no genera una ganancia suficiente? ¿Quién garantiza que el mantenimiento de la infraestructura no quede relegado frente a la necesidad de mejorar los resultados económicos?

Son preguntas que no se responden con el argumento de que “el mercado funciona”.

El Gobierno modificó las reglas antes de vender

Hay otro elemento que merece atención. El Gobierno nacional no está simplemente vendiendo una empresa bajo las mismas condiciones en las que funciona actualmente.

La propia normativa oficial muestra que el proceso de privatización estuvo acompañado por una modificación del marco regulatorio y por la aprobación de un nuevo contrato de concesión. El Ejecutivo justificó esos cambios como una manera de otorgar mayor claridad y certeza jurídica al régimen del servicio.

Pero desde una mirada ambiental y de derechos, la pregunta debería ser otra: ¿las nuevas reglas mantienen o reducen el nivel de protección que existía antes?

Precisamente esa discusión es la que ahora deberá resolver la Justicia.

La medida cautelar funciona como un freno preventivo frente a la posibilidad de que el nuevo esquema termine debilitando las obligaciones de la empresa. Y eso debería encender una luz de alerta en el Gobierno nacional, porque demuestra que la privatización no puede avanzar como si se tratara simplemente de una operación financiera.

El agua tiene otra dimensión.

El Estado no puede desaparecer del agua

El discurso de Milei plantea que el Estado debe retirarse de las actividades empresariales y dejar espacio al capital privado. El Gobierno incluso presentó oficialmente la privatización de AySA como parte de su objetivo de “retirar al Estado de las actividades empresariales” y promover la participación privada en los servicios públicos.

Pero una cosa es que el Estado deje de administrar directamente una empresa y otra muy diferente es que deje de asumir responsabilidad sobre el derecho que esa empresa debe garantizar.

Puede existir un operador privado. Puede existir una concesión. Puede existir una empresa con accionistas privados.

Lo que no puede privatizarse es la responsabilidad estatal de garantizar que la población tenga acceso al agua potable y al saneamiento.

Y esa responsabilidad tampoco desaparece porque una compañía tenga que presentar balances positivos.

El agua no puede quedar sometida únicamente a la lógica de la rentabilidad porque las consecuencias de un mal servicio no se distribuyen de manera igualitaria. Las familias con mayores ingresos pueden encontrar alternativas, comprar agua embotellada, instalar sistemas de almacenamiento o afrontar determinados costos. Los sectores más vulnerables no tienen esas posibilidades.

Por eso, cuando se habla de AySA, hablar de tarifas, inversiones y eficiencia también implica hablar de desigualdad, salud pública y ambiente.

La privatización sigue, pero ahora bajo la lupa judicial

El Gobierno nacional, mientras tanto, no abandonó el proceso. La administración ya lanzó formalmente la licitación para vender el 90% de las acciones estatales y recientemente extendió el cronograma para la presentación de ofertas hasta el 15 de septiembre de 2026, con la apertura de la primera etapa prevista para ese mismo día.

Es decir que el Ejecutivo pretende continuar con la privatización mientras la Justicia analiza si las modificaciones introducidas al régimen de AySA respetan las obligaciones legales y ambientales existentes.

El Gobierno puede seguir defendiendo su decisión de vender la empresa. Puede argumentar que AySA fue ineficiente, que necesitó aportes del Tesoro o que el sector privado puede administrar mejor sus recursos. De hecho, esos fueron algunos de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar el proceso.

Pero ninguno de esos argumentos responde por sí solo la pregunta más importante: ¿qué garantías tendrá la población cuando el principal objetivo de quien opere el servicio sea obtener rentabilidad?

Ese es el debate que el Gobierno intenta presentar como una discusión ideológica entre “Estado” y “mercado”, cuando en realidad es mucho más concreto: quién controla un servicio esencial, cuáles son sus obligaciones y qué ocurre si esas obligaciones no se cumplen.

Una privatización que no puede hacerse a cualquier precio

El fallo de la Justicia bonaerense no detuvo definitivamente la privatización de AySA, pero sí puso un límite que el Gobierno nacional debería tomar seriamente.

Porque si para vender una empresa pública resulta necesario modificar sus reglas, reducir obligaciones o flexibilizar controles, entonces ya no estamos hablando solamente de quién administra una compañía. Estamos hablando de qué nivel de protección está dispuesto a garantizar el Estado argentino.

La administración de Milei puede considerar que AySA debe ser privatizada. Puede defender que el capital privado participe en la prestación del servicio y puede cuestionar la gestión estatal de las últimas décadas.

Lo que no puede hacer es tratar el agua como si fuera una mercancía cualquiera.

El acceso al agua potable, el saneamiento, la salud y la protección ambiental están por encima de cualquier balance empresarial. Y si para avanzar con una privatización es necesario bajar esos estándares, entonces el problema no es que la Justicia ponga obstáculos: el problema es que el Gobierno pretenda avanzar demasiado rápido sobre un servicio que afecta derechos fundamentales.

Ahora la discusión continuará en la Justicia Federal. Mientras tanto, el proceso privatizador sigue en marcha.

Y una pregunta queda flotando sobre la operación que impulsa el Gobierno nacional: si AySA es realmente un servicio estratégico para la población, ¿por qué la primera preocupación parece ser quién se queda con sus acciones y no cómo garantizar que el agua siga siendo un derecho para todos?