Santiago del Estero: denuncian otro intento de desalojo campesino y apuntan contra la Justicia y el avance agropecuario

Una nueva disputa por la tierra volvió a poner en evidencia la situación que atraviesan numerosas familias campesinas de Santiago del Estero. Esta vez el conflicto se desarrolla en el paraje El Urunday, cerca de Roversi, donde Mirta, una campesina que vive y trabaja junto a su familia, denunció un nuevo intento de desalojarlos del territorio en el que desarrollan su vida y sus actividades productivas.

Según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el empresario agroganadero Abel Ricardo Parra lleva varios años intentando avanzar sobre las tierras ocupadas por población campesina de la zona. La situación volvió a escalar durante la mañana, cuando se presentó en el lugar la oficial de Justicia Roxana Cejas, acompañada por personal privado. De acuerdo con el relato difundido por la organización, el operativo incluyó el ingreso de automóviles y camiones con acoplado y el intento de hacer entrar una topadora al territorio.

La presencia de la maquinaria generó especial preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. La familia no está defendiendo solamente una parcela de tierra: allí se encuentra su vivienda y una serie de instalaciones fundamentales para sostener su producción y su vida cotidiana, entre ellas corrales, aguadas, cercos, un tanque australiano, un molino y un malacate. El temor era que la topadora avanzara y provocara daños sobre esa infraestructura, haciendo todavía más difícil la permanencia de la familia en el lugar.

Ante esa situación, integrantes del MOCASE, comunidades campesinas indígenas y vecinos se hicieron presentes para acompañar a la familia Medina y evitar que la maquinaria pudiera ingresar hasta la vivienda. La resistencia permitió frenar el avance de la topadora, aunque el conflicto territorial permanece abierto y la amenaza de desalojo continúa siendo motivo de preocupación para quienes viven en El Urunday.

Un conflicto que lleva años

La situación actual no aparece de manera aislada. La familia Medina ya atravesó anteriormente un conflicto judicial relacionado con estas tierras y en 2022 se produjo otro intento de desalojo que generó una fuerte reacción de las organizaciones campesinas. En aquella oportunidad, integrantes del MOCASE acompañaron a la familia y denunciaron que el procedimiento no contemplaba adecuadamente la situación de quienes efectivamente vivían y producían en el territorio.

El antecedente vuelve todavía más preocupante el episodio actual. Después de años de conflicto, la familia continúa enfrentando procedimientos judiciales mientras del otro lado aparece un empresario con capacidad para movilizar camiones y maquinaria pesada. La diferencia de poder entre quienes viven de la producción familiar y quienes cuentan con recursos para impulsar acciones sobre grandes extensiones de tierra no puede ser ignorada cuando el Estado interviene en una disputa de estas características.

Desde el MOCASE sostienen que Parra viene intentando apropiarse de tierras de población local desde hace años y que ahora vuelve a insistir con el desalojo de la familia Medina. La organización también denunció una situación que, de confirmarse mediante la revisión del expediente judicial, resulta particularmente grave: la acción estaría dirigida contra una persona que no vive en la posesión y que además habría fallecido.

Ese punto debería ser esclarecido por la propia Justicia. No alcanza con exhibir una orden de desalojo y enviar personal al territorio cuando existen interrogantes sobre quién es la persona demandada, quién ocupa efectivamente la tierra y cuál es la situación de la familia que vive y produce allí. Si una resolución judicial termina afectando directamente a personas que no son quienes aparecen como demandadas en el expediente, la cuestión merece una explicación pública y detallada.

La Justicia, bajo cuestionamiento

El accionar judicial es uno de los principales puntos cuestionados por las organizaciones campesinas. El reclamo no consiste únicamente en discutir la existencia de una orden, sino en señalar que detrás de un expediente hay personas que pueden perder su vivienda, sus animales y la infraestructura que construyeron durante años.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de justicia puede considerarse cumplida cuando para ejecutar un desalojo se llega a una vivienda campesina acompañada por una topadora? La Justicia debería garantizar que sus decisiones no terminen generando daños irreparables y, especialmente, que antes de ejecutar una medida de estas características se analice de manera exhaustiva quiénes viven en el lugar y cuáles son los derechos que están en juego.

El conflicto también vuelve a poner bajo la lupa la histórica problemática de la tierra en Santiago del Estero. La provincia tiene una larga trayectoria de disputas entre familias campesinas, comunidades indígenas y sectores vinculados al avance de la actividad agropecuaria. En ese escenario, las decisiones judiciales no pueden analizarse como hechos aislados de una realidad social y económica en la que existen profundas desigualdades entre los actores involucrados.

Para una familia campesina, perder una tierra significa perder mucho más que una propiedad. Significa perder la vivienda, los animales, el acceso al agua, los corrales, los cultivos y una forma de producción construida durante años. Para un empresario agropecuario, en cambio, la incorporación de nuevas tierras puede formar parte de una estrategia productiva y económica de mayor escala. Esa desigualdad debería ser tenida en cuenta por un Estado que tiene la obligación de proteger a los sectores más vulnerables.

El silencio del Gobierno provincial

El episodio también deja expuesto al Gobierno de Santiago del Estero, que hasta el momento no aparece dando una respuesta pública frente a la denuncia de la familia y de las organizaciones campesinas. La administración provincial no puede desentenderse de los conflictos territoriales que atraviesan a las comunidades rurales y limitarse a considerar que se trata exclusivamente de una cuestión entre particulares.

Cuando una familia denuncia que una maquinaria pesada puede ingresar a su territorio y destruir su vivienda y sus instalaciones productivas, el Estado debería intervenir para garantizar que no se vulneren derechos. Y cuando existen comunidades campesinas e indígenas involucradas, la obligación estatal es todavía mayor.

La ausencia de una política efectiva para prevenir y resolver estos conflictos deja a las familias rurales en una situación de enorme vulnerabilidad. El problema no se soluciona cuando una topadora llega al territorio y después, eventualmente, un juez analiza si hubo daños. Para ese momento, la vivienda puede estar destruida, los corrales inutilizados y una familia puede haber quedado sin las condiciones mínimas para continuar viviendo y produciendo.

Por eso, el reclamo al Gobierno provincial no es solamente que intervenga cuando se produce un nuevo operativo. También debe explicar qué políticas concretas existen para garantizar la permanencia de las familias campesinas y evitar que los conflictos por la tierra terminen resolviéndose siempre a favor de quienes tienen mayor capacidad económica.

Derechos que no pueden quedar debajo de una topadora

La situación de El Urunday también debe analizarse a la luz del marco legal que protege a la agricultura familiar, campesina e indígena. La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar reconoce la importancia de este sector y establece políticas destinadas a garantizar su desarrollo y permanencia en el territorio.

En los casos donde existen pueblos o comunidades indígenas, además, la Constitución Nacional reconoce su preexistencia étnica y cultural y contempla derechos específicos vinculados con las tierras que tradicionalmente ocupan. A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece obligaciones para el Estado y mecanismos de participación de los pueblos indígenas frente a decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.

Por eso, cualquier proceso de desalojo debe ser analizado con especial cuidado cuando puede afectar a familias campesinas indígenas y sus territorios. No se trata simplemente de determinar quién tiene un documento o quién aparece mencionado en un expediente. También deben considerarse la ocupación efectiva, la producción, el arraigo, la vivienda, el acceso al agua y los derechos colectivos que puedan estar involucrados.

La propia existencia de una disputa judicial no debería convertirse automáticamente en una autorización para destruir aquello que una familia construyó durante años.

Una topadora frente a una familia

El episodio ocurrido en El Urunday deja una imagen que resume el conflicto: de un lado, una familia campesina intentando permanecer en el lugar donde vive y produce; del otro, maquinaria pesada preparada para ingresar al territorio.

La familia Medina, acompañada por el MOCASE, comunidades campesinas indígenas y vecinos, logró impedir esta vez que la topadora llegara hasta la vivienda. Pero el conflicto continúa y la amenaza de desalojo no desapareció.

Desde el movimiento campesino reclamaron al Poder Judicial que frene los desalojos contra las familias campesinas indígenas y denunciaron que quienes trabajan y cuidan la tierra están nuevamente obligados a organizarse para defender su territorio.

El Gobierno de Santiago del Estero tampoco puede mirar hacia otro lado. Si una familia puede terminar perdiendo su vivienda y toda su infraestructura productiva mientras una empresa o un empresario agroganadero intenta avanzar sobre el territorio, el Estado tiene una responsabilidad que no puede delegar.

Porque cuando una topadora se encuentra frente a una casa campesina, la discusión ya no es solamente sobre la propiedad de la tierra. Es sobre qué modelo de campo quiere proteger el Estado y, sobre todo, sobre quién tiene derecho a permanecer en el territorio que durante años trabajó y cuidó.