La Política Ambiental
La provincia de Misiones volvió a ser escenario de un fuerte conflicto entre el Poder Judicial y una comunidad indígena. Este lunes se ejecutó un nuevo desalojo contra la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en la localidad de Garuhapé, en un procedimiento que fue cuestionado por organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos, que denuncian graves irregularidades judiciales y una violación de los derechos reconocidos a los pueblos originarios por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
La medida fue ordenada en el marco de una causa impulsada por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la posesión de los lotes 71 y 78, ubicados en la zona de Cañafístola, mientras la comunidad sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral.
El operativo fue dispuesto por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena.
Sin embargo, la abogada Roxana Rivas, representante legal de la comunidad y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), denunció que el desalojo se concretó a pesar de que la resolución judicial había sido apelada el 17 de julio, recurso que, según la defensa, suspendía la ejecución hasta que la Cámara resolviera el planteo.
Para la comunidad, el procedimiento constituye una grave vulneración del debido proceso, ya que la apelación aún no había sido resuelta cuando la Policía ingresó al territorio.
Además, remarcaron que el conflicto no puede abordarse únicamente desde una causa penal por presunta usurpación, sino que involucra derechos constitucionales vinculados a la posesión tradicional de tierras indígenas.
La defensa sostiene que el juez Roberto Sena omitió valorar elementos fundamentales del expediente.
Entre ellos figura el relevamiento técnico realizado bajo la Ley Nacional 26.160, normativa que reconoce la ocupación tradicional de numerosas comunidades indígenas y suspendió durante años los desalojos hasta completar el relevamiento territorial.
Según los representantes legales, el territorio ocupado por Puente Quemado II integra ese relevamiento oficial y la resolución judicial desconoció tanto esa documentación como los derechos colectivos reconocidos por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La defensa también advirtió que una medida cautelar terminó convirtiéndose, en los hechos, en un desalojo definitivo antes de que exista una sentencia firme sobre el verdadero conflicto de fondo: la propiedad y posesión ancestral del territorio.
No es la primera vez que la comunidad enfrenta este tipo de procedimientos.
El 5 de mayo ya se había desplegado un importante operativo policial sobre el mismo territorio, que terminó con la detención del mburuvicha (cacique) Santiago Ramos y otros integrantes de la comunidad bajo una causa por presunta usurpación.
En aquella oportunidad, organizaciones sociales denunciaron que el procedimiento incluyó la destrucción de viviendas precarias, el secuestro de pertenencias y el desplazamiento de familias enteras, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores.
Aunque posteriormente los detenidos recuperaron la libertad, el conflicto territorial nunca fue resuelto y ahora volvió a escalar con un nuevo desalojo.
Desde EMIPA sostuvieron que la causa judicial representa un nuevo episodio de criminalización contra los pueblos originarios.
Las organizaciones cuestionan que los conflictos territoriales continúen resolviéndose mediante causas penales por usurpación en lugar de avanzar en procesos de diálogo y reconocimiento de los derechos territoriales indígenas.
También remarcan que el Estado tiene la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada antes de adoptar decisiones que afecten a comunidades originarias, algo que, según denuncian, no ocurrió en este caso.
El nuevo desalojo ocurre en un contexto que organizaciones indígenas consideran cada vez más preocupante.
Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia se multiplicaron las denuncias por desalojos, persecución judicial y conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas en distintas provincias del país.
Casos registrados en Misiones, Salta, Jujuy, Chubut, Río Negro y Neuquén fueron acompañados por denuncias de organizaciones de derechos humanos que advierten un endurecimiento de las respuestas estatales frente a los reclamos territoriales de los pueblos originarios.
Diversos sectores sostienen que el actual contexto político, caracterizado por un fuerte impulso a actividades extractivas, forestales, mineras e inmobiliarias, incrementó la presión sobre territorios ocupados históricamente por comunidades indígenas.
El nuevo operativo volvió a colocar bajo la lupa el accionar del Poder Judicial.
Para la defensa, ejecutar un desalojo mientras existe una apelación pendiente vulnera garantías procesales básicas y desconoce normas nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas.
También cuestionan que gran parte de las decisiones judiciales continúen privilegiando títulos registrales privados sin analizar adecuadamente la posesión ancestral de los territorios ni las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
Mientras la comunidad Mbya Guaraní insiste en que permanecerá reclamando el reconocimiento de su territorio ancestral, el caso de Puente Quemado II se suma a una creciente lista de conflictos que exponen la tensión entre los derechos de los pueblos originarios y el avance de intereses económicos sobre tierras en disputa, una problemática que, lejos de encontrar soluciones, continúa profundizándose.
