Jorge Macri abre el reciclado porteño a empresas privadas y las cooperativas alertan por 7.000 puestos de trabajo

El sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de los cambios más importantes desde la incorporación formal de los cartoneros al servicio público de higiene urbana. El gobierno de Jorge Macri abrió el proceso para licitar la recolección, traslado y procesamiento de los residuos secos, una decisión que modifica el modelo construido durante más de dos décadas alrededor del trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 53/SECH/26, que abrió una instancia previa a la convocatoria de la licitación pública para el “Servicio de Recolección, Traslado y Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos Secos”. Durante esa etapa, los interesados pudieron realizar observaciones sobre los anteproyectos de los pliegos.

El cambio central está en quiénes podrán competir. Hasta ahora, el sistema de residuos secos se estructuraba fundamentalmente mediante convenios y concursos destinados a cooperativas de recuperadores. El nuevo esquema permite participar también a sociedades comerciales, personas humanas y uniones transitorias, siempre que cumplan las exigencias técnicas, económicas y financieras previstas.

Para las doce cooperativas que actualmente trabajan en el reciclado porteño, el cambio abre un escenario de fuerte incertidumbre. Las organizaciones denuncian que están en riesgo alrededor de 7.000 puestos de trabajo y cuestionan que se coloque en competencia directa a estructuras de la economía popular con empresas privadas de mayor capacidad financiera.

De un modelo de inclusión social a una licitación abierta

El sistema porteño de reciclado tiene una historia particular. Después de la crisis de 2001 y de la sanción de la Ley 992, los recuperadores urbanos comenzaron a ser incorporados formalmente al Servicio Público de Higiene Urbana.

Posteriormente, la Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como Ley de Basura Cero, consolidó el reciclado, la separación en origen y la reducción progresiva de los residuos enviados a disposición final como objetivos de política pública.

La norma contiene además una disposición especialmente relevante para el conflicto actual. Su artículo 43 establece que los recuperadores urbanos tienen garantizadas la prioridad y la inclusión en la recolección y transporte de residuos secos y en las actividades desarrolladas en los centros de selección.

Actualmente las cooperativas realizan mucho más que la recolección de cartón, plástico, papel, vidrio o metales. Participan de la clasificación en los Centros Verdes, acondicionan los materiales, abastecen a la industria recicladora y sostienen circuitos de recolección diferenciada en los barrios.

La propia Ciudad llegó a presentar históricamente este modelo como una política de inclusión y formalización laboral: las doce cooperativas fueron incorporadas como prestadoras del servicio público y recibieron infraestructura, logística y centros de clasificación para desarrollar su actividad.

Ahora, esa arquitectura será sometida a nuevas reglas.

Seis zonas y contratos por dos años

El anteproyecto divide la Ciudad en seis grandes zonas operativas, que abarcan las quince comunas. Cada zona tendrá un adjudicatario con exclusividad para prestar el servicio durante un plazo inicial de 24 meses.

Los contratos incluirán prácticamente toda la cadena del reciclado: recolección domiciliaria diferenciada, Puntos Verdes, grandes generadores, recepción de materiales provenientes de contenedores verdes, transporte, clasificación, acondicionamiento y comercialización.

Además, quienes ganen las zonas podrán obtener ingresos por dos vías: el pago correspondiente por prestar el servicio público y la posterior comercialización de los materiales recuperados.

Cartón, papel, aluminio, plástico, vidrio y otros materiales volverán al circuito productivo y su venta quedará en manos del adjudicatario.

Esto convierte a la licitación no solamente en una contratación ambiental, sino también en un negocio vinculado directamente con el mercado de materias primas recicladas.

Las cooperativas deberán competir con empresas

El nuevo régimen no excluye a las cooperativas. Podrán presentarse a la licitación y el anteproyecto contempla algunas ventajas específicas.

Al menos una de las seis zonas deberá quedar en manos de una cooperativa, siempre que exista una oferta considerada técnicamente admisible y competitiva. También existiría prioridad en caso de empate y se otorgaría puntaje adicional a los proyectos que incorporen trabajadores provenientes de cooperativas de recuperadores urbanos.

Sin embargo, para las organizaciones la garantía resulta insuficiente.

El planteo es sencillo: un sistema actualmente operado por doce cooperativas podría pasar a garantizar únicamente una zona para ese sector. Las restantes podrían quedar en manos de compañías privadas que acrediten mayor solvencia económica, infraestructura o capacidad financiera.

Ese es uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los recuperadores.

Según denuncian las cooperativas, el esquema puede afectar aproximadamente 7.000 empleos directos vinculados al sistema de reciclado porteño. Tiempo Argentino también recogió cuestionamientos sobre una reducción previa de recursos para logística y funcionamiento, que las organizaciones consideran parte del deterioro que ahora se utiliza como argumento para modificar el modelo.

El Gobierno habla de eficiencia y tecnología

Desde el Gobierno porteño presentan el cambio desde otra perspectiva.

El objetivo declarado es profesionalizar el servicio, incorporar mayor trazabilidad, mejorar los controles y utilizar herramientas tecnológicas y sistemas de geolocalización para optimizar las rutas y la recuperación de materiales.

La licitación busca además establecer criterios homogéneos de evaluación mediante puntajes por experiencia, capacidad operativa, infraestructura y solvencia económica.

Para la administración de Jorge Macri, la competencia permitiría aumentar la eficiencia del sistema y mejorar los niveles de recuperación de materiales reciclables.

Las cooperativas sostienen que no rechazan la incorporación de tecnología, pero cuestionan que esa modernización implique modificar el esquema de inclusión social que caracteriza al reciclado porteño.

El debate, entonces, no es simplemente tecnología sí o tecnología no. La discusión es quién manejará el servicio y bajo qué modelo.

El antecedente del posible traslado de las plantas

La preocupación no comenzó con la publicación del anteproyecto.

Meses atrás, organizaciones de recuperadores urbanos y entidades ambientales habían advertido sobre versiones y propuestas para reubicar plantas de reciclado fuera de la Ciudad, una posibilidad que consideraban perjudicial tanto para los trabajadores como para la eficiencia ambiental del sistema.

Los cuestionamientos señalaban que trasladar materiales a mayores distancias incrementaría los costos logísticos y la huella de carbono, además de dificultar el acceso de los trabajadores a sus lugares de empleo.

El anteproyecto publicado posteriormente asigna centros de reciclado dentro de distintas zonas porteñas —Barracas, Cortejarena, Saavedra, Núñez, Constituyentes, Balbastro, Chilavert, Corrales y Varela— y permite que los oferentes propongan instalaciones propias habilitadas. Por eso, el texto disponible no establece como regla general el traslado de todas las plantas fuera de CABA.

Una Ciudad que todavía entierra enormes cantidades de basura

La controversia se vuelve más relevante si se observa cuánto material continúa llegando a disposición final.

Según datos difundidos a partir de información de CEAMSE, en un solo mes la Ciudad envió 138.249 toneladas de residuos a disposición final, aproximadamente una cuarta parte de todo lo recibido por el sistema desde las jurisdicciones que lo utilizan.

Esto ocurre pese a que Buenos Aires tiene desde hace dos décadas una Ley de Basura Cero orientada justamente a disminuir progresivamente la cantidad de residuos enterrados y aumentar la recuperación y reutilización de materiales.

La normativa establece como objetivo la separación selectiva, el reciclaje y la minimización de residuos y obliga al Estado porteño a promover la integración de los recuperadores urbanos dentro del sistema.

¿Modernización o privatización del reciclado?

La discusión que comienza ahora excede las condiciones técnicas de una licitación.

Por primera vez en años, las empresas privadas podrán disputar de manera directa una parte central del circuito que actualmente gestionan las cooperativas de cartoneros.

Para el Gobierno porteño se trata de una transformación destinada a introducir competencia, tecnología, controles y eficiencia.

Para los recuperadores, la iniciativa amenaza con desarmar un modelo que consiguió combinar inclusión laboral, economía circular y política ambiental, y que convirtió a miles de trabajadores que históricamente realizaban la actividad de manera informal en actores reconocidos del sistema público de higiene urbana.

Además existe una cuestión jurídica que seguramente formará parte del debate: cualquier diseño definitivo deberá ser compatible con el artículo 43 de la Ley de Basura Cero, que garantiza expresamente la prioridad e inclusión de los recuperadores urbanos dentro del proceso de recolección, transporte y selección de residuos secos.

La etapa de observaciones al anteproyecto terminó el 30 de julio. Al momento de las fuentes consultadas, el proceso correspondía todavía a una instancia previa y no al llamado definitivo a licitación, por lo que las condiciones finales pueden sufrir modificaciones.

Mientras el Gobierno prepara el próximo paso, las cooperativas empezaron a movilizarse para defender un sistema que ayudaron a construir durante más de veinte años.

En juego no están solamente miles de puestos de trabajo. También se discute quién controlará el reciclado de Buenos Aires y qué lugar tendrán los recuperadores urbanos en la política ambiental de la Ciudad durante los próximos años.