La Política AmbientalLa Cuenca del Golfo San Jorge se extiende entre Chubut y Santa Cruz y concentra más de un siglo de explotación petrolera. El retiro de YPF de distintas áreas convencionales volvió visible una deuda acumulada: pozos inactivos o mal documentados, ductos enterrados, piletas, instalaciones fuera de uso y suelos cuya recomposición todavía debe determinarse.
Las dos provincias atraviesan etapas distintas. En Comodoro Rivadavia, el Municipio y organizaciones ambientalistas llevaron el conflicto a la Justicia para discutir quién debe asumir la remediación. En Santa Cruz, el Gobierno provincial supervisa un plan de cinco años para el abandono de 1.160 pozos de antiguas áreas de YPF. La comparación deja una cuestión central: cerrar técnicamente un pozo es una tarea indispensable, aunque su ejecución no demuestra por sí sola que todo el sitio haya sido ambientalmente recuperado.
La convivencia entre la trama urbana y las instalaciones petroleras volvió a quedar expuesta cuando un perro cayó en un piletón con hidrocarburos en la zona norte de Comodoro. El episodio terminó con el rescate del animal, pero reabrió el debate sobre estructuras abandonadas que permanecen cerca de barrios, caminos y sectores costeros.
El geólogo y exsubsecretario municipal de Ambiente Daniel González explicó a ADNSUR que todavía existen áreas a cielo abierto sin remediar y otras que fueron cubiertas sin retirar completamente los residuos. También advirtió sobre cañerías enterradas que conservan hidrocarburos y que requieren localizar sus extremos, lavarlas y sellarlas correctamente.
La estimación más preocupante alcanza unos 700 kilómetros de tuberías enterradas. González aclaró que se trata de un cálculo conservador, obtenido al considerar apenas cien metros de cañería por cada pozo. El especialista también ubicó entre 105 y 108 pozos sobre la costa, con una concentración importante entre los kilómetros 3 y 8 y en Caleta Córdova.
A esa infraestructura se suman pozos anteriores a la normativa vigente y trabajos de abandono cuya certificación no aparece debidamente firmada por profesionales responsables. La ausencia de documentación impide conocer con certeza si el sellado fue adecuado y obliga a verificar cada instalación en el terreno.
El 26 de junio de 2026, Chubut y YPF firmaron un acuerdo relacionado con la transferencia de seis áreas: El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. La Legislatura lo ratificó mediante la Ley XVII N.º 166. El convenio incluyó una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares y la entrega de bienes, junto con cláusulas sobre las responsabilidades ambientales de las áreas cedidas.
El alcance de esa liberación fue cuestionado desde distintos sectores. Como informó previamente La Política Ambiental, abogados y organizaciones sostienen que la Provincia no puede disponer de la obligación constitucional de recomponer el daño ni trasladar a la comunidad el costo de pasivos que todavía no fueron identificados y valuados de manera integral.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó una demanda contra YPF para exigir la identificación, caracterización, evaluación de riesgos, saneamiento, remediación y monitoreo de los pasivos dentro del ejido. El planteo también reclama un plan integral financiado por la compañía y ejecutado bajo control judicial con participación municipal. En paralelo, el conflicto fue comunicado a la Comisión Nacional de Valores por sus posibles implicancias jurídicas, económicas y patrimoniales.
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y vecinos de la ciudad impulsaron, además, un amparo ambiental colectivo contra el Estado nacional, YPF y Chubut. Solicitan la nulidad del acuerdo y una medida cautelar que suspenda sus efectos mientras se establece la verdadera dimensión de la deuda ambiental.
Del otro lado de la cuenca, el Gobierno de Santa Cruz informó que comenzó el seguimiento de un programa sobre 1.160 pozos correspondientes a áreas que anteriormente operaba YPF. La empresa Clear Servicios comunicó el inicio de las tareas y el cronograma aprobado contempla una ejecución de cinco años.
Según el comunicado oficial, las intervenciones se realizarán conforme a la Resolución 5/1996 de la Secretaría de Energía de la Nación y a prácticas recomendadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Participan en la fiscalización las áreas provinciales de Hidrocarburos, Control Ambiental Energético y Minero y Recursos Hídricos.
El volumen del programa representa un avance concreto frente a una deuda histórica. Para evaluar su resultado será necesario que Santa Cruz publique el inventario de pozos, el orden de prioridad, los informes de cada intervención, las inspecciones realizadas, los costos y la identidad del responsable económico. También deberá informar qué estudios se efectuarán sobre suelos y aguas alrededor de las instalaciones.
La Resolución nacional 5/1996 distingue el abandono temporario del definitivo y exige que los pozos situados en ejidos urbanos sean abandonados de manera definitiva. El procedimiento apunta a aislar las formaciones, evitar migraciones de fluidos y dejar el pozo en condiciones seguras.
La remediación ambiental tiene un alcance más amplio. Requiere identificar derrames antiguos, retirar o tratar suelos contaminados, controlar la salinización, sanear piletas, revisar ductos, evaluar aguas subterráneas y superficiales y mantener un monitoreo posterior. Un pozo puede quedar correctamente taponado y, al mismo tiempo, conservar a su alrededor un suelo degradado o cañerías con restos de hidrocarburos.
Por ese motivo, el número de pozos abandonados no puede funcionar como único indicador de cumplimiento. La información pública debe permitir conocer cuántos sitios fueron investigados, qué contaminación se encontró, qué técnica se utilizó, quién certificó el trabajo y si los controles posteriores confirmaron la recuperación.
Chubut y Santa Cruz comparten la misma cuenca y una historia productiva semejante, pero sus respuestas actuales presentan diferencias importantes. Chubut enfrenta una controversia judicial sobre la validez del acuerdo con YPF y sobre el responsable de financiar la recomposición. Santa Cruz puso en marcha un cronograma masivo de abandono cuya eficacia deberá comprobarse durante los próximos cinco años.
Ambos procesos necesitan inventarios georreferenciados, estudios independientes y datos abiertos. Sin esa base, resulta imposible calcular el costo real, fijar prioridades y controlar si las nuevas operadoras reciben áreas seguras o heredan problemas que luego terminan a cargo del Estado.
La Patagonia aportó petróleo durante más de un siglo. La etapa que comienza exige medir con la misma precisión lo que quedó bajo tierra, determinar responsabilidades y asegurar que el retiro de una operadora no cierre los expedientes antes de que el ambiente haya sido efectivamente reparado.
Imagen: archivo de La Política Ambiental.
