La Política Ambiental
Argentina es una de las grandes potencias agropecuarias del mundo, pero existe un dato elemental que el Estado todavía no puede ofrecer de manera pública, integrada y territorializada: cuántos agroquímicos se aplican efectivamente cada año, qué sustancias se utilizan, en qué cantidades y exactamente dónde terminan siendo pulverizadas.
El problema fue puesto nuevamente sobre la mesa por una investigación publicada por El Auditor, que reconstruyó observaciones realizadas durante años por organismos de control y expuso las dificultades para obtener una radiografía completa del uso de productos fitosanitarios en el país.
La cuestión requiere una precisión. Argentina sí cuenta con el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios, administrado por SENASA, donde deben inscribirse los productos habilitados para su comercialización y utilización. Además, existe un sistema nacional de trazabilidad destinado a seguir determinados productos a lo largo de la cadena comercial.
Lo que sigue faltando es el eslabón decisivo: un registro nacional, público y accesible que consolide el consumo y la aplicación final en el territorio.
En otras palabras, conocer que un herbicida está autorizado o que circuló comercialmente no equivale a saber cuántos litros fueron finalmente aplicados en un determinado partido, a qué distancia de una escuela rural, sobre qué cuenca hídrica o cerca de qué población.
El propio SENASA informa que los fitosanitarios utilizados y comercializados en el país deben estar registrados y que las empresas, establecimientos y distintos actores de la cadena se encuentran sujetos a obligaciones de inscripción y fiscalización.
También existe un sistema de trazabilidad cuyo objetivo declarado es realizar el seguimiento de los productos desde los formuladores o importadores hasta distribuidores y comercios.
Sin embargo, la trazabilidad comercial no constituye por sí sola un mapa ambiental de aplicaciones.
Para poder evaluar con precisión el impacto sobre una comunidad o un ecosistema sería necesario cruzar, entre otras variables, producto adquirido, principio activo, cantidad utilizada, establecimiento rural, coordenadas del lote, cultivo tratado, fecha de aplicación, receta agronómica, método utilizado y cercanía respecto de cursos de agua y poblaciones.
Esa información continúa fragmentada entre Nación, provincias, municipios y actores privados.
El resultado es paradójico: Argentina puede autorizar una sustancia para su utilización en millones de hectáreas, pero no dispone públicamente de una fotografía nacional que permita reconstruir con precisión dónde terminó aplicada.
La falta de información integral no constituye una discusión reciente.
La Auditoría General de la Nación realizó durante los últimos años sucesivos controles sobre la gestión estatal de agroquímicos y plaguicidas.
Ya en una auditoría aprobada en 2012 sobre SENASA se habían detectado inconsistencias en el sistema utilizado para registrar inspecciones de agroquímicos. El organismo de control advirtió entonces dificultades que incluso impedían correlacionar actas de infracción, inspecciones y toma de muestras realizadas en distintas regiones del país.
Años más tarde, la AGN volvió a auditar la gestión de plaguicidas y los permisos de agroquímicos. En 2020, al debatirse un informe que comprendía el período 2016-2019, se mencionaron 26 hallazgos vinculados al sistema de control.
La preocupación se mantuvo en la agenda del organismo. El Programa de Acción Anual de la AGN contempló posteriormente un seguimiento específico sobre la gestión de plaguicidas, los permisos de agroquímicos y el cumplimiento de observaciones anteriores.
No se trata entonces únicamente de una demanda de organizaciones ambientalistas. Los propios organismos estatales de control llevan más de una década señalando debilidades en diferentes componentes de la fiscalización.
Existe además otro problema estructural: Argentina no posee una única ley nacional que determine de manera uniforme cómo deben realizarse las aplicaciones de agroquímicos en todo el territorio.
Las reglas concretas dependen en gran medida de provincias y municipios.
Esto genera un mapa extremadamente desigual.
Las distancias permitidas respecto de viviendas, centros urbanos, establecimientos educativos o cursos de agua pueden variar considerablemente según la jurisdicción. También cambian los sistemas de recetas agronómicas, fiscalización, registros de aplicadores y sanciones.
La consecuencia es que una misma práctica puede encontrarse prohibida a determinada distancia en una localidad y permitida mucho más cerca en otra situada a pocos kilómetros.
El problema se vuelve especialmente relevante en la denominada interfase urbano-rural, donde el crecimiento de pueblos y ciudades entra en contacto directo con superficies destinadas a agricultura intensiva.
La ausencia de una base territorializada tiene además consecuencias ambientales.
Cuando una investigación detecta un principio activo o sus metabolitos en agua, suelo o sedimentos, reconstruir su posible origen requiere información sobre las aplicaciones realizadas dentro de la cuenca.
Sin ese dato, la fiscalización funciona muchas veces a posteriori: primero aparece el contaminante y luego comienza el intento por determinar de dónde provino.
La situación adquiere una dimensión particularmente sensible frente a sustancias de uso extendido como glifosato, atrazina o 2,4-D, entre muchas otras.
También dificulta analizar fenómenos que no dependen exclusivamente de una sustancia individual, como la exposición simultánea a diferentes principios activos o la acumulación ambiental derivada de aplicaciones reiteradas.
Reducir el debate a una cifra nacional de litros también sería insuficiente.
Dos provincias pueden utilizar cantidades similares y enfrentar riesgos completamente distintos dependiendo de dónde, cómo y cuándo se aplicaron esos productos.
Un sistema moderno debería permitir conocer la distribución geográfica de las aplicaciones y cruzarla con información sobre escuelas rurales, cursos de agua, perforaciones para consumo humano, áreas naturales protegidas y centros poblados.
También permitiría identificar zonas de mayor presión química y orientar allí los monitoreos ambientales y sanitarios.
Desde esa perspectiva, la ausencia de información no es solamente un problema estadístico: constituye una limitación directa para diseñar políticas públicas preventivas.
La discusión tiene además una dimensión jurídica.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece obligaciones concretas de protección ambiental.
A eso se suman la Ley General del Ambiente, el régimen de acceso a la información pública ambiental y los compromisos asumidos por Argentina mediante el Acuerdo de Escazú.
En ese marco, disponer de datos sobre sustancias potencialmente peligrosas liberadas al ambiente no debería ser entendido solamente como una cuestión administrativa.
Es información ambiental indispensable para que la sociedad pueda evaluar riesgos, controlar las políticas públicas y participar de las decisiones que afectan su territorio.
El problema de fondo puede sintetizarse en una pregunta sencilla: ¿puede un país controlar seriamente el impacto ambiental de una actividad si no puede reconstruir de manera pública y precisa qué sustancias se aplicaron sobre cada territorio?
Argentina avanzó en el registro de productos y en herramientas para seguir su circulación comercial. Pero todavía existe una distancia considerable entre controlar qué producto ingresa al mercado y conocer qué ocurre cuando finalmente llega al campo.
Cerrar esa brecha requeriría integrar los registros nacionales con las recetas agronómicas provinciales, sistemas de comercialización, datos de aplicadores y georreferenciación de las pulverizaciones.
No implicaría necesariamente prohibir productos ni actividades agrícolas. Significaría algo más elemental: saber qué se está usando y dónde.
En un país cuya economía depende fuertemente de la producción agropecuaria y donde millones de personas viven rodeadas por superficies cultivadas, continuar sin esa información supone administrar uno de los principales impactos ambientales del modelo productivo prácticamente a ciegas.
