La Política Ambiental
Siete campesinos y defensores de los bosques permanecen desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero, después de ser secuestrados por hombres armados el 24 de septiembre de 2026. Las víctimas pertenecen al ejido El Balcón, una comunidad rural que durante más de dos décadas desarrolló un modelo de manejo forestal comunitario que genera empleo, sostiene a cientos de personas y busca conservar los recursos naturales de la región.
El caso expone la vulnerabilidad de quienes viven y trabajan en territorios donde el control de la tierra, los caminos y los recursos naturales se cruza con la expansión de organizaciones criminales. Aunque todavía no se determinó judicialmente el motivo de las desapariciones, especialistas en seguridad advierten que el avance de estos grupos puede incluir el control de ejidos, propiedades rurales y actividades vinculadas con los bosques.
Los hechos ocurrieron principalmente en la localidad de La Lajita, dentro del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente. De acuerdo con la denuncia de la comunidad, el 24 de septiembre fueron privadas de su libertad 13 personas en distintos puntos del territorio. Seis fueron liberadas, pero siete continúan desaparecidas.
Entre ellas hay trabajadores rurales, productores y personas vinculadas con el manejo forestal. Uno de los desaparecidos tiene 17 años y acababa de terminar el telebachillerato; otro tiene 74 años y se encontraba atendiendo su ganado cuando fue interceptado.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero ofrece una recompensa de 1,5 millones de pesos mexicanos por información que permita localizar a los siete hombres. Además, un juez federal ordenó ampliar los operativos de búsqueda e incorporar a organismos federales.
El ejido El Balcón se encuentra en la sierra alta de Guerrero, en la zona conocida como Filo Mayor, donde predominan los bosques de pino y encino. La comunidad administra aproximadamente 24.583 hectáreas de bosque y desarrolló un sistema de aprovechamiento forestal que busca compatibilizar la producción de madera con la conservación ambiental.
Durante más de 20 años, sus habitantes organizaron la extracción de madera de pino y consolidaron una estructura productiva que genera empleo más allá de la localidad. El manejo responsable les permitió obtener la certificación internacional del Forest Stewardship Council (FSC), que reconoce prácticas de gestión forestal con criterios ambientales, sociales y económicos.
La actividad no se limita a la madera. Los ejidatarios también trabajan en la agricultura y la ganadería, elaboran productos regionales y participan en iniciativas para recuperar variedades nativas de maíz. La administración del bosque forma parte de una economía comunitaria en la que el cuidado de los recursos naturales está ligado a la posibilidad de sostener a las familias.
Los representantes del ejido sostienen que la desaparición de sus compañeros golpea a toda la comunidad y amenaza la continuidad de sus actividades. También destacan que existen mecanismos comunitarios para resolver conflictos mediante el diálogo y la organización colectiva.
El caso pone en evidencia que la defensa ambiental no siempre se expresa mediante protestas o campañas públicas. También está presente en el trabajo cotidiano de quienes administran los bosques, producen alimentos, mantienen los caminos rurales y dependen de la conservación del territorio para vivir.
Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, es uno de los siete hombres cuyo paradero sigue siendo desconocido. Su nombre figura entre los integrantes del ejido desaparecidos el 24 de septiembre.
La información difundida sobre el caso no detalla con precisión cuál era su función específica dentro de la administración forestal comunitaria. Sin embargo, su pertenencia al ejido lo vincula con una región donde el trabajo del campo, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques sostienen la economía local.
Su desaparición se produjo en el marco de una serie de capturas que afectaron a campesinos mientras realizaban actividades cotidianas en el territorio. Hasta el último reporte consultado, las autoridades no habían informado de su localización.
Isidro Brito Arriola tiene 32 años, es padre de familia y trabaja como operador de grúa y agricultor. Entre sus actividades se encuentra la siembra de maíz, un cultivo fundamental para la alimentación y la economía de las comunidades campesinas mexicanas.
Su historia refleja la combinación de oficios que caracteriza a muchas familias rurales, que dependen de diferentes actividades para sostenerse y permanecer en sus territorios.
Isidro aparece en un video difundido después de su desaparición, en el que cinco campesinos se encuentran bajo interrogatorio y realizan declaraciones sobre supuestos vínculos con una organización criminal rival. La comunidad cuestionó la autenticidad de esas afirmaciones y sostuvo que los hombres estaban cautivos y sometidos a presión.
La existencia de esa grabación no permite establecer por sí sola las circunstancias actuales del cautiverio ni confirmar las declaraciones que se les atribuyen.
Everardo León Atanacio tenía 17 años y acababa de terminar el nivel medio superior de telebachillerato. Su desaparición es una de las más preocupantes por tratarse de un adolescente que se encontraba en una etapa de transición entre la educación y el trabajo.
El joven fue visto junto con Fidel Quirino Atanacio en una cuatrimoto, en las inmediaciones de La Lajita, durante la mañana del 24 de septiembre. Imágenes registradas por drones y difundidas posteriormente muestran cómo un grupo de personas aparentemente armadas se acerca a ambos campesinos.
Everardo también aparece en el video de interrogatorio difundido por presuntos integrantes de un grupo criminal. En la grabación, los hombres realizan declaraciones sobre supuestas afiliaciones delictivas mientras están bajo custodia. La comunidad de El Balcón rechazó esas afirmaciones y señaló inconsistencias entre la ropa que llevaban los campesinos el día de la desaparición y la que aparece en el video.
Hasta el último reporte consultado, no había información confirmada sobre el paradero del adolescente.
Nicolás Atanacio González tiene 74 años y es un ejidatario reconocido de El Balcón. También participa en el programa Sembrando Vida, una iniciativa del Gobierno de México orientada a impulsar sistemas productivos rurales y actividades agroforestales.
Según los testimonios recogidos durante la investigación periodística, Nicolás se encontraba atendiendo su ganado cuando fue interceptado por hombres armados en un paraje conocido como Mesa de las Yeguas.
Su desaparición generó especial preocupación por su edad y por las condiciones de seguridad de la región. La búsqueda debe establecer qué ocurrió después de que fue privado de su libertad y si fue trasladado hacia otra localidad.
Su caso muestra el vínculo cotidiano entre los campesinos y el territorio: la tierra, el ganado y los bosques forman parte de una economía que depende del acceso seguro a los espacios rurales.
Fidel Quirino Atanacio tiene 54 años y se dedica, entre otras actividades, a la elaboración de mezcal, una bebida tradicional producida mediante la destilación de agave.
Su trabajo forma parte de las actividades productivas de Tierra Caliente, donde la agricultura, la ganadería, la producción forestal y la elaboración de productos regionales se combinan para sostener a las familias.
Fidel fue visto junto con Everardo León Atanacio el 24 de septiembre, cuando ambos se encontraban en una cuatrimoto en las inmediaciones de La Lajita. Las imágenes difundidas posteriormente muestran la aproximación de personas aparentemente armadas.
También aparece en el video de interrogatorio. Sus vecinos cuestionaron las declaraciones que se escuchan en la grabación y reclamaron que no se utilice ese material para desviar la atención de la búsqueda.
Eulises Medrano López tiene 26 años y se dedica al trabajo rural y al manejo forestal. Su actividad está relacionada directamente con el modelo productivo de El Balcón, donde la administración comunitaria de los bosques permite aprovechar la madera bajo criterios de sostenibilidad.
El manejo forestal requiere organizar la producción, conocer las características del territorio y establecer pautas para el uso de los recursos naturales. También depende de acuerdos colectivos que permiten regular las actividades y conservar las áreas boscosas.
Eulises es uno de los cinco campesinos que aparecen en el video de interrogatorio difundido después de las desapariciones. La comunidad cuestionó las declaraciones atribuidas a los hombres y pidió que las autoridades concentren sus esfuerzos en localizarlos con vida.
José Leodanis Medrano López tiene 24 años y forma parte de la comunidad rural de El Balcón. Su vida transcurre en un entorno donde las actividades agropecuarias y forestales son centrales para la economía familiar.
Su desaparición afecta a sus allegados y a una comunidad que depende del trabajo de sus integrantes para mantener sus actividades productivas y su organización territorial.
José Leodanis también aparece en el video de interrogatorio difundido por presuntos integrantes de una organización criminal. La grabación no permite establecer las condiciones actuales de su cautiverio y las afirmaciones que contiene no deben considerarse pruebas de responsabilidad penal.
Hasta el último reporte consultado, seguía desaparecido junto con los otros seis campesinos.
La desaparición de los campesinos ocurre en una región de Guerrero atravesada por la presencia de organizaciones criminales y disputas territoriales. Especialistas en seguridad advierten que los grupos que buscan expandirse necesitan controlar caminos, brechas, propiedades rurales y zonas estratégicas para desarrollar sus actividades.
El consultor en seguridad David Saucedo explicó que estas dinámicas pueden incluir la ocupación de ejidos, el desplazamiento de comunidades y el control de recursos naturales. Entre las actividades que pueden resultar de interés para las organizaciones criminales se encuentran la explotación maderera ilegal y el tráfico de especies, además de otras economías ilícitas.
El caso de El Balcón se analiza en ese contexto, aunque el móvil de las desapariciones todavía no fue establecido judicialmente. Los representantes de la comunidad han pedido que no se atribuya de manera definitiva el secuestro a una organización específica y reclaman que la investigación se concentre en localizar a los campesinos.
El temor de los habitantes es que la violencia termine debilitando la organización comunitaria y el manejo colectivo de los bosques. Cuando las comunidades pierden seguridad para trabajar y circular por sus territorios, también se ven amenazadas las estructuras que permiten administrar y proteger los recursos naturales.
La investigación tomó mayor relevancia después de la difusión de un video en el que aparecen cinco de los desaparecidos con ropa de camuflaje, las manos atadas y bajo interrogatorio. En la grabación, los hombres realizan declaraciones sobre supuestos vínculos con Los Granados, una organización criminal rival.
El ejido El Balcón rechazó esas afirmaciones y sostuvo que existen inconsistencias en los nombres mencionados y en la vestimenta de los campesinos. Según la comunidad, los hombres llevaban otra ropa cuando fueron privados de su libertad.
Las imágenes registradas por drones muestran, por separado, la aparente captura de algunos de los campesinos en distintos puntos de la región. También documentan instalaciones que fuentes consultadas por medios mexicanos identificaron como posibles campamentos de integrantes de La Nueva Familia Michoacana.
La información visual constituye un elemento relevante para orientar la búsqueda, pero la identidad de los responsables y las circunstancias completas de las desapariciones deben establecerse mediante la investigación judicial.
El 14 de octubre se informó que un juez federal concedió un amparo para que la Fiscalía General de la República intervenga en la búsqueda de los siete campesinos y se amplíen los operativos de localización.
La resolución involucra a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Guerrero, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Las acciones deben extenderse a sectores de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como a zonas colindantes de Tlatlaya y Valle de Bravo, en el Estado de México. El objetivo es ampliar el radio de búsqueda a partir de la información reunida por la comunidad, los testimonios y los registros audiovisuales.
La Fiscalía de Guerrero había anunciado el 9 de octubre una recompensa de 1,5 millones de pesos mexicanos por información veraz, útil y oportuna que contribuya a localizar a los siete desaparecidos.
Las familias y los habitantes de El Balcón reclaman que los operativos continúen hasta agotar todas las posibilidades y que la prioridad sea encontrarlos con vida.
La desaparición de los campesinos de El Balcón se suma a un contexto de violencia contra quienes protegen bosques, ríos, tierras y territorios comunitarios en México.
Una investigación de Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó 93 casos de defensores ambientales y territoriales desaparecidos entre 2006 y agosto de 2023. De esas personas, 39 seguían sin ser localizadas al cierre de ese relevamiento.
Por su parte, Global Witness informó que diez personas defensoras del ambiente fueron asesinadas en México durante 2025. Las desapariciones y los asesinatos son fenómenos diferentes, pero ambos reflejan los riesgos que enfrentan quienes viven y trabajan en territorios atravesados por conflictos sobre los recursos naturales.
El caso de El Balcón muestra que la defensa ambiental también se expresa en el trabajo cotidiano de campesinos que administran bosques, organizan el aprovechamiento de la madera, cultivan alimentos y sostienen una economía rural vinculada con la conservación.
Mientras los siete hombres continúan desaparecidos, sus familias exigen respuestas y la comunidad reclama que se garantice la seguridad de quienes viven y trabajan en la sierra. La búsqueda debe esclarecer qué ocurrió el 24 de septiembre y determinar las responsabilidades por una agresión que amenaza tanto a las personas como a la organización comunitaria que sostiene la protección de los bosques.
