Chile: camioneros paralizan rutas por la suba de los combustibles y ponen en jaque al gobierno de Kast

Chile atraviesa una nueva crisis por el precio de los combustibles. Desde el martes 10 de noviembre, organizaciones de camioneros y transportistas realizan un paro indefinido con bloqueos parciales en rutas y accesos a ciudades y puertos. La protesta se extendió a distintas regiones del país y comenzó a sumar a otros sectores afectados por el encarecimiento del transporte.

El conflicto tiene un antecedente directo en la política económica del presidente José Antonio Kast. La decisión de modificar el esquema de contención de los precios de los combustibles y limitar el alcance de las medidas para amortiguar las subas internacionales provocó un fuerte impacto en los surtidores. El resultado fue un aumento de los costos para transportistas, comerciantes y consumidores.

La decisión terminó convirtiéndose en un problema que excede a los camioneros: el combustible es un insumo central para la distribución de alimentos, mercaderías y productos industriales. En un país donde la mayor parte del transporte de carga se realiza por carretera, el encarecimiento del diésel repercute sobre toda la economía.

El origen del paro: el aumento de las naftas y el diésel

Las movilizaciones comenzaron durante la madrugada del martes 10 de noviembre y fueron impulsadas principalmente por organizaciones de pequeños y medianos transportistas. Entre ellas se encuentran la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, agrupaciones de la zona centro-sur y el movimiento No+TAG, que también cuestiona los costos de los peajes.

Los transportistas denuncian que el aumento sostenido de los combustibles volvió cada vez más difícil mantener sus actividades. Muchos pequeños propietarios deben afrontar el costo del diésel, los peajes, el mantenimiento de los vehículos y otros gastos operativos, mientras trabajan con márgenes cada vez más reducidos.

La crisis está vinculada con el encarecimiento internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel aumentó alrededor de un 80% y el de las gasolinas un 40%, según los datos difundidos por la agencia EFE.

El problema es que las medidas adoptadas por el Gobierno de Kast no lograron evitar que ese impacto llegara con fuerza al mercado interno. Así, una crisis internacional terminó teniendo consecuencias directas sobre los costos cotidianos de transportistas, comerciantes y familias chilenas.

Rutas bloqueadas y nuevos sectores se suman a la protesta

La paralización se extendió por distintas regiones del país y afectó parcialmente algunas de las principales vías de circulación. Se registraron movilizaciones en los accesos norte y sur de Santiago, en las rutas que conectan la capital con los puertos de San Antonio y Valparaíso, y en sectores de Tarapacá, Coquimbo y Biobío.

La situación también alcanzó puntos estratégicos para el comercio exterior. En la región de Valparaíso, transportistas denunciaron dificultades para ingresar y salir de los puertos de San Antonio y Valparaíso, debido a la presencia de camiones movilizados en los accesos.

Durante el jueves 12 se sumaron nuevas asociaciones de pequeños y medianos transportistas, entre ellas la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que representa a cerca de 800 transportistas. También se incorporaron agrupaciones de pescadores, mientras que otros sectores del transporte expresaron su adhesión a los reclamos.

Es importante señalar que las dos principales organizaciones nacionales del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), no convocaron ni se sumaron formalmente al paro, aunque manifestaron comprensión por parte de las demandas.

La protesta está encabezada, por lo tanto, por sectores de menor escala que denuncian dificultades para sostener sus actividades frente al aumento de los costos.

Kast anunció un congelamiento, pero los transportistas no levantaron el paro

Ante la extensión de las movilizaciones, el Gobierno anunció el miércoles 11 de noviembre un congelamiento de los precios de los combustibles durante 90 días, hasta los primeros días de febrero de 2027.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el Ejecutivo también enviaría al Congreso un proyecto para revertir el último aumento anunciado, que contemplaba una suba de 38,7 pesos chilenos por litro de gasolina y 41,9 pesos por litro de diésel. Además, propuso extender hasta diciembre de 2027 el beneficio que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles y corregir un mecanismo tributario que, según el Gobierno, generaba pagos adicionales para el sector.

Sin embargo, las medidas no alcanzaron para desactivar el conflicto. Los gremios reclamaban que el congelamiento se extendiera durante 120 días y cuestionaban que la respuesta oficial no contemplara una solución más amplia para el impacto acumulado de los aumentos.

También exigían revisar el impuesto específico a los combustibles y los costos de los peajes. La eliminación transitoria de ese tributo fue uno de los reclamos que el Ejecutivo rechazó, al considerar que no tendría el efecto esperado sobre los precios.

Al cierre del jueves, las organizaciones movilizadas todavía no habían aceptado la propuesta y mantenían las protestas a la espera de consultar a sus bases.

El costo de la política económica del Gobierno

El conflicto expone las consecuencias de una política económica que prioriza limitar el gasto estatal y reducir la intervención sobre los precios, incluso cuando las variaciones internacionales afectan directamente a sectores esenciales de la economía.

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) existe precisamente para reducir los efectos de las variaciones bruscas del mercado internacional sobre los consumidores. Su utilización tiene un costo fiscal y está sujeta a límites legales, pero también permite evitar que los aumentos se descarguen de manera inmediata sobre quienes dependen del combustible para trabajar y trasladarse.

El Gobierno defendió sus decisiones con el argumento de cuidar los recursos públicos y mantener la responsabilidad fiscal. Sin embargo, la discusión no puede reducirse a cuánto cuesta intervenir sobre los precios: también debe contemplar cuánto cuesta no hacerlo y quién termina absorbiendo ese impacto.

En este caso, los efectos alcanzan a pequeños transportistas que no tienen la capacidad financiera de las grandes empresas para soportar aumentos prolongados, pero también a comerciantes, productores y consumidores. Cuando sube el costo de trasladar mercaderías, el impacto puede trasladarse a los precios de los alimentos y otros productos básicos.

La situación económica ya mostraba señales de presión. En octubre, el índice de precios al consumidor chileno aumentó un 0,5% y acumuló una variación interanual del 4,5%, su nivel más alto en 18 meses, de acuerdo con los datos citados por EFE.

La respuesta de Kast: críticas a los manifestantes y referencias al estallido social

En lugar de limitar su respuesta a las negociaciones económicas, el presidente también cuestionó públicamente las movilizaciones y apeló al recuerdo del estallido social de octubre de 2019.

«No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación», expresó Kast al referirse a las protestas. El mandatario sostuvo que existe derecho a manifestarse, pero no a bloquear carreteras, y advirtió sobre la posibilidad de utilizar las herramientas legales del Estado para garantizar la circulación.

El Gobierno también había señalado que no permitiría bloqueos totales y que podía recurrir a la Ley de Seguridad del Estado. Estas advertencias abrieron otra discusión: cómo responder ante una protesta sectorial sin convertir un reclamo económico en un conflicto de orden público.

Los transportistas, por su parte, sostienen que las medidas anunciadas no resuelven el problema de fondo. Reclaman que el Gobierno se haga cargo de las consecuencias de los aumentos y advierten que no levantarán la medida sin un acuerdo que sea aceptado por sus bases.

Una crisis que va más allá de los camioneros

El paro representa uno de los principales conflictos sectoriales que enfrenta Kast desde su llegada al Gobierno en marzo de 2026. La movilización también muestra las tensiones entre el programa económico del Ejecutivo, que busca reducir la intervención estatal y contener el gasto público, y las demandas de sectores que necesitan medidas de protección frente a aumentos que no pueden controlar.

La protesta no involucra a la totalidad de los trabajadores del transporte ni a las principales confederaciones nacionales de camioneros. Sin embargo, su expansión y la incorporación de otros gremios evidencian que el problema no se limita a un reclamo aislado: el precio del combustible atraviesa distintas actividades y afecta tanto a quienes producen como a quienes consumen.

El congelamiento anunciado esta semana puede contener nuevos aumentos durante un período limitado, pero no resuelve por sí solo el encarecimiento acumulado ni las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos transportistas.

El conflicto deja una pregunta central sobre el rumbo económico del Gobierno: cuando se decide reducir la intervención estatal frente a una crisis internacional, ¿quién termina pagando el costo? En Chile, las protestas de noviembre muestran que esa respuesta no recae solamente sobre los empresarios del transporte, sino también sobre trabajadores, comerciantes y familias.