Ecuador: una empresa arrasa con los cultivos de una abuela de 78 años para quedarse con tierras ancestrales indígenas

La Empresa Terraturismo S.A. de alojamiento turístico, está en el centro de un conflicto por 627 hectáreas de territorio ancestral en la Amazonía de Ecuador. La compañía reclama la propiedad de esas tierras, donde viven familias indígenas kichwas, y sus integrantes fueron denunciados por avanzar con maquinaria pesada sobre el territorio. El viernes 16 de octubre, una retroexcavadora destruyó una parcela productiva de tres hectáreas perteneciente a una mujer de 78 años, arrasando con sus cultivos de yuca, café, cacao, plátano, guaba y plantas medicinales. Mientras la comunidad denuncia que pierde sus medios de subsistencia, el Estado y la Justicia ecuatoriana siguen sin resolver de manera definitiva el conflicto territorial.

Una empresa vinculada al turismo avanza sobre tierras indígenas

Terraturismo S.A. es una sociedad anónima constituida en Ecuador en 2014, con domicilio registrado en Guayaquil. Según la información societaria disponible, su actividad económica declarada corresponde al sector de alojamiento para viajeros y servicios vinculados al turismo. Sin embargo, su nombre aparece hoy asociado a un conflicto territorial que enfrenta a familias indígenas con una empresa que busca ejercer derechos de propiedad sobre cientos de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana.

Las tierras en cuestión corresponden a la antigua Hacienda Ila, una extensión de aproximadamente 627 hectáreas ubicada en la provincia de Napo. Allí habitan las comunidades kichwas Tzawata, Ila y Chukapi, que sostienen que sus familias ocupan ancestralmente ese territorio y que el Estado permitió que fuera adjudicado a terceros sin resolver sus derechos colectivos.

La historia de esas tierras incluye su paso por distintas manos empresariales, entre ellas compañías vinculadas a la actividad minera. Terraturismo adquirió el predio en 2016, después de que estuviera en manos de la empresa minera Merendon. Desde entonces, el conflicto por la permanencia de las comunidades y los intentos de desalojo se mantienen abiertos.

La contradicción es evidente: una empresa que figura formalmente en el rubro turístico reclama derechos sobre un territorio habitado por familias indígenas, mientras estas denuncian que la maquinaria destruye los espacios de los que obtienen alimentos y sostienen su vida cotidiana.

Una retroexcavadora destruyó los cultivos de una mujer de 78 años

El viernes 16 de octubre, según la denuncia difundida por la comunidad, maquinaria vinculada a Terraturismo arrasó con una parcela de aproximadamente tres hectáreas perteneciente a una mujer de 78 años. Allí cultivaba yuca, café, cacao, guaba, plátano verde y plantas medicinales que utilizaba para la alimentación y la subsistencia familiar.

La mujer presenció cómo la retroexcavadora destruía el resultado de años de trabajo. La pérdida no se limita a las plantas arrancadas: también desaparecen alimentos, ingresos y cultivos que necesitan tiempo para crecer y volver a producir. Para una persona mayor que depende de esa producción, recuperar su fuente de subsistencia puede resultar extremadamente difícil.

La comunidad también denunció que el jueves 15 de octubre cuatro retroexcavadoras ingresaron al centro poblado y avanzaron sobre zonas de cultivo. Según el Frente Nacional Antiminero, la maquinaria habría dañado el sistema de abastecimiento de agua y las familias temían que las operaciones alcanzaran sus viviendas.

Los habitantes sostienen que no se trata de un episodio aislado, sino de una nueva incursión en un territorio que desde junio enfrenta el avance de trabajadores y maquinaria pesada. La destrucción de la parcela de la mujer mayor es uno de los ejemplos más concretos del costo humano de una disputa que las instituciones ecuatorianas todavía no han logrado resolver.

Qué significa perder una chakra para una familia kichwa

Los kichwas son uno de los pueblos indígenas de Ecuador. En la Amazonía, sus comunidades mantienen formas de organización colectiva y una relación histórica con los bosques, los ríos y las tierras donde viven. Su territorio no representa únicamente un lugar para construir viviendas: también es el espacio donde producen alimentos, transmiten conocimientos y sostienen sus prácticas culturales.

En ese contexto, una chakra es una parcela productiva tradicional en la que se combinan distintos cultivos, árboles y plantas útiles. Allí pueden crecer alimentos como yuca y plátano, productos comerciales como café y cacao, árboles frutales y especies medicinales. Es un sistema de producción diverso que permite a las familias alimentarse, obtener ingresos y conservar conocimientos transmitidos entre generaciones.

Por eso, destruir una chakra no equivale simplemente a desmontar un terreno. Significa eliminar alimentos, plantas medicinales y cultivos que tardan años en alcanzar una producción sostenida. También puede implicar la pérdida de una fuente de ingresos y de una parte de la autonomía alimentaria de la familia.

En el caso de la mujer de 78 años, la denuncia expone cómo el avance de una empresa sobre tierras reclamadas como propias puede traducirse en la destrucción inmediata de aquello que permite a una persona alimentarse y vivir. Mientras se discuten títulos de propiedad y procedimientos administrativos, las consecuencias recaen sobre quienes dependen directamente de la tierra.

El Estado adjudicó tierras ancestrales como si estuvieran vacías

El origen del conflicto se encuentra en decisiones estatales que permitieron tratar como baldías tierras que las comunidades aseguran haber ocupado desde generaciones anteriores. Según los antecedentes reunidos por organizaciones de derechos humanos y las investigaciones periodísticas sobre el caso, el territorio fue adjudicado a terceros y posteriormente pasó por distintas empresas.

En 2010, representantes de la comunidad solicitaron la expropiación y adjudicación de la antigua Hacienda Ila por posesión ancestral. La falta de una respuesta definitiva mantuvo abierta la controversia y profundizó la inseguridad jurídica de las familias.

El resultado es una situación que expone una desigualdad de fondo: mientras las empresas invocan títulos de propiedad para reclamar el control de las tierras, las comunidades deben defender judicialmente su permanencia en un lugar donde sostienen que vivieron sus antepasados y donde continúan produciendo sus alimentos.

La responsabilidad del Estado ecuatoriano no puede quedar al margen. Las autoridades tenían la obligación de considerar la presencia histórica de las comunidades y sus derechos colectivos antes de permitir que el territorio fuera adjudicado a terceros. Cuando la administración pública reconoce derechos privados sin resolver adecuadamente los reclamos ancestrales, contribuye a crear las condiciones para que las familias terminen amenazadas de desplazamiento.

La seguridad jurídica no puede funcionar solamente para quienes tienen títulos de propiedad y recursos para litigar. También debe proteger a las comunidades indígenas frente a decisiones estatales que desconozcan su historia y pongan en riesgo su permanencia territorial.

La Justicia rechazó la protección reclamada por la comunidad

En mayo de 2023, la Justicia de Napo rechazó una acción de protección presentada por la comunidad para defender sus derechos territoriales sobre las 627 hectáreas. El proceso dejó a las familias sin la respuesta constitucional que buscaban para resguardar su permanencia en el territorio.

La controversia revela una contradicción central: las comunidades sostienen que su ocupación es ancestral, pero deben enfrentar procedimientos en los que los títulos privados reconocidos por el sistema registral tienen un peso decisivo. De esta manera, quienes reclaman derechos históricos se encuentran obligados a probar su relación con la tierra ante instituciones que no resolvieron esa cuestión antes de que el territorio pasara a manos empresariales.

La Constitución ecuatoriana reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluidos los relacionados con la conservación de sus tierras comunitarias y la protección frente al desplazamiento arbitrario. También contempla garantías de consulta previa, libre e informada en los supuestos previstos por la normativa.

Sin embargo, el reconocimiento de esos derechos pierde eficacia cuando las decisiones administrativas y judiciales no ofrecen una solución capaz de proteger a las familias frente a la pérdida de sus viviendas, sus cultivos y su acceso al agua.

La Justicia no puede limitarse a observar los documentos de propiedad sin examinar cómo se originaron las adjudicaciones, qué derechos colectivos estaban en juego y qué obligaciones tenía el Estado frente a una comunidad que denuncia décadas de despojo territorial.

Suspendieron el desalojo, pero las denuncias de avance continuaron

En 2025, Terraturismo impulsó un procedimiento de desalojo contra la comunidad, alegando derechos sobre la propiedad. El 23 de marzo de 2026, el Ministerio de Gobierno dejó sin efecto la orden de desalojo y planteó la necesidad de buscar una solución que no vulnerara la posesión ancestral de las familias.

Pese a esa decisión, la comunidad denunció nuevas incursiones con maquinaria pesada. El 10 de junio de 2026, habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi reportaron el ingreso de numerosas personas vinculadas a la empresa y la instalación de un campamento en el territorio. También denunciaron enfrentamientos, personas heridas y la destrucción de áreas de bosque y parcelas productivas.

Una investigación publicada por Mongabay Latam en agosto recogió testimonios de habitantes que atribuyeron a la empresa la deforestación de alrededor de 100 hectáreas y la destrucción de al menos 20 hectáreas de chakras familiares. La compañía fue consultada por el medio sobre las denuncias, pero no había respondido al momento de publicación.

En julio, la Defensoría del Pueblo visitó la zona y advirtió que la conflictividad no había disminuido. La nueva incursión denunciada en octubre vuelve a poner en cuestión la capacidad de las autoridades para hacer cumplir sus propias decisiones.

¿De qué sirve dejar sin efecto una orden de desalojo si las familias siguen denunciando que maquinaria pesada avanza sobre sus tierras? El Estado no solo debe dictar resoluciones: tiene la obligación de garantizar su cumplimiento, investigar los daños denunciados y proteger a las personas que viven en el territorio.

Denuncian violencia y criminalización contra quienes defienden la tierra

El conflicto también alcanzó a los dirigentes de la comunidad. En mayo de 2026 fue detenido Kambak Wayra Alvarado Andy, presidente de Tzawata-Ila-Chukapi. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron irregularidades y expresaron preocupación por el contexto de hostigamiento contra quienes defienden el territorio.

Front Line Defenders advirtió el 30 de julio sobre la escalada de violencia, amenazas y procesos de criminalización contra la comunidad y su dirigente. La organización vinculó estos hechos con los intentos de Terraturismo de tomar el control del territorio ancestral.

Según Mongabay Latam, la empresa también presentó denuncias contra habitantes y dirigentes indígenas. Estos procedimientos deben investigarse con garantías para todas las partes, pero el contexto plantea una preocupación adicional: que quienes reclaman por sus derechos territoriales terminen enfrentando procesos judiciales mientras las familias denuncian que continúan perdiendo sus cultivos y sus espacios de vida.

La desigualdad de recursos entre una empresa y una comunidad indígena vuelve indispensable que las instituciones actúen con imparcialidad y garanticen la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La destrucción de los cultivos también es un daño ambiental

La pérdida de una chakra afecta mucho más que la producción agrícola de una familia. Estos espacios combinan distintas especies vegetales y forman parte de la relación cotidiana de las comunidades kichwas con el bosque. Su destrucción puede eliminar diversidad de cultivos, árboles y plantas medicinales que no se recuperan de inmediato.

En la parcela de la mujer de 78 años, la pérdida denunciada incluye especies que necesitan tiempo para volver a producir. Tampoco es posible reemplazar de un día para otro el conocimiento acumulado sobre el cultivo, el cuidado de las plantas y sus usos alimentarios y medicinales.

A esto se suma la denuncia sobre los daños al sistema de abastecimiento de agua. Si se confirma, la afectación alcanzaría un recurso esencial para las familias y exigiría una intervención urgente de las autoridades competentes.

El avance de maquinaria pesada sobre el territorio plantea así una doble amenaza: la pérdida de medios de subsistencia y el deterioro de los ecosistemas de los que depende la comunidad. La protección de los derechos indígenas también está ligada a la conservación ambiental, porque las familias no pueden mantener sus formas de vida si se destruyen los recursos que las sostienen.

¿A quién protege el Estado ecuatoriano?

La destrucción denunciada el 16 de octubre expone el costo humano de un conflicto que el Estado y la Justicia de Ecuador no han logrado resolver. Una mujer de 78 años perdió, según la comunidad, los cultivos que sostuvo durante años; las familias denuncian daños al agua y amenazas contra sus viviendas; y el futuro de las tierras ancestrales continúa sin una solución definitiva.

Las autoridades deben explicar por qué un territorio habitado ancestralmente terminó bajo títulos privados sin que se resolvieran de manera efectiva los derechos de sus pobladores. También deben garantizar que las decisiones que impiden el desalojo se cumplan, investigar las denuncias de destrucción y asegurar que las familias puedan continuar viviendo y produciendo en sus tierras.

La propiedad privada no puede convertirse en una excusa para ignorar derechos colectivos ni para permitir que una comunidad pierda sus medios de subsistencia mientras espera una respuesta institucional. El Estado tiene la obligación de actuar frente a las denuncias y de impedir que la falta de una solución judicial termine favoreciendo, en los hechos, el desplazamiento de las familias.

La imagen de una abuela de 78 años viendo cómo una retroexcavadora destruye sus cultivos resume lo que está en juego en Tzawata-Ila-Chukapi. No se trata solamente de quién figura en un registro de propiedad, sino de quién puede seguir viviendo, alimentándose y construyendo su futuro en una tierra que las comunidades consideran su hogar ancestral.