Malvinas: Argentina exigió frenar la explotación petrolera británica ante el Tribunal del Mar y advirtió que “es ahora o nunca”

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el escenario internacional. Este miércoles 11 de noviembre, la Argentina terminó su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, y solicitó que se ordenen medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, promovido por empresas británicas e israelíes en el Atlántico Sur.

El planteo argentino apunta a impedir que el Reino Unido y las compañías involucradas avancen unilateralmente sobre los hidrocarburos de la plataforma continental argentina mientras continúa sin resolverse la cuestión de soberanía. Durante el cierre de los alegatos, el especialista neerlandés Nico Schrijver lanzó una advertencia contundente a los magistrados: “Si no es ahora, nunca”.

La presentación no busca que el Tribunal resuelva en esta instancia quién tiene la soberanía sobre las islas, sino que intervenga para evitar que se consolide una explotación de recursos naturales que podría ocasionar daños irreversibles antes de que exista una resolución definitiva.

Sea Lion: un proyecto petrolero que amenaza los recursos del Atlántico Sur

El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Norte de Malvinas, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Está impulsado por dos compañías: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La distribución de la participación empresarial establece un 65% para Navitas y un 35% para Rockhopper. Ambas compañías avanzan con un desarrollo petrolero de gran escala que contempla más de 30 años de producción.

De acuerdo con la documentación presentada por la propia Argentina ante el Tribunal, las primeras etapas del proyecto contemplan 23 pozos operativos, con hasta 26 perforaciones posibles si se consideran pozos adicionales y eventuales perforaciones de reemplazo. También se prevé instalar infraestructura submarina permanente, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, además de embarcaciones de apoyo.

La empresa Navitas informa que la primera extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028, mientras que las perforaciones de desarrollo comenzarían a principios de 2027. El cronograma convierte la disputa en una carrera contra el tiempo: si las operaciones comienzan antes de que se resuelva el conflicto, la explotación podría consolidar una transformación material de los fondos marinos y avanzar sobre recursos cuya titularidad reclama la Argentina.

No se trata solamente de una disputa económica. La explotación petrolera en el Atlántico Sur implica riesgos para un ambiente marino de enorme importancia ecológica. Las perforaciones, el funcionamiento de instalaciones submarinas, el transporte de hidrocarburos y la posibilidad de derrames representan amenazas que deben ser consideradas antes de habilitar actividades de semejante magnitud.

La propia presentación argentina incorporó argumentos sobre la protección del medio marino y sostuvo que la explotación podría ocasionar modificaciones permanentes en el suelo y subsuelo de la plataforma continental. En ese sentido, invocó las obligaciones internacionales de prevenir daños y proteger los ecosistemas marinos.

Qué reclamó Argentina ante el Tribunal del Mar

La solicitud argentina fue presentada formalmente el 13 de octubre de 2026, en el marco del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El mecanismo permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia. Es decir, busca evitar que una de las partes modifique la situación existente o provoque daños antes de que se pueda resolver el conflicto.

La Argentina solicitó cuatro medidas concretas:

1. Frenar Sea Lion: impedir que el Reino Unido permita el comienzo o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas.

2. Proteger la información: evitar que se utilicen en perjuicio de los derechos argentinos los datos obtenidos durante las tareas de exploración.

3. Garantizar la protección ambiental: permitir que la Argentina pueda cumplir sus obligaciones internacionales de protección y conservación del medio marino en las áreas en disputa.

4. Evitar nuevas medidas unilaterales: impedir que el Reino Unido otorgue nuevos permisos de explotación o adopte decisiones que agraven el conflicto.

El reclamo busca preservar los derechos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que la extracción de recursos naturales se convierta en un hecho consumado antes de que exista una resolución internacional.

La disputa de soberanía que el Reino Unido intenta dejar afuera

Uno de los puntos centrales de las audiencias fue la discusión sobre la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Durante su exposición, el jurista argentino Marcelo Kohen cuestionó que el Reino Unido pretenda avanzar sobre los recursos de la plataforma continental sin reconocer que existe una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La posición argentina sostiene que el conflicto no puede analizarse como si se tratara de un territorio cuya soberanía estuviera definitivamente resuelta. Las Naciones Unidas reconocieron expresamente la existencia de una disputa entre ambos países y reclamaron una solución pacífica mediante negociaciones.

En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065, que invitó a los gobiernos argentino y británico a negociar una solución pacífica a la controversia. Once años después, mediante la Resolución 31/49, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso de negociación.

Este último antecedente es especialmente importante para el reclamo argentino: la explotación unilateral de hidrocarburos constituye, desde la perspectiva de nuestro país, una nueva avanzada británica sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

El Reino Unido, por su parte, intentó cuestionar la intervención del Tribunal. Su argumento es que la controversia tiene como cuestión central la soberanía territorial y que el organismo no tiene competencia para resolverla. También defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.

Sin embargo, la presentación argentina no pretende que el Tribunal del Mar resuelva directamente la soberanía de las Malvinas. Lo que reclama es que se protejan los derechos sobre la plataforma continental mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.

Esta diferencia jurídica es fundamental: que el Tribunal no tenga que resolver ahora la soberanía de las islas no significa que pueda ignorar la existencia de la disputa reconocida por las Naciones Unidas.

Qué puede pasar ahora

Con las exposiciones de ambas delegaciones concluidas el 11 de noviembre, la decisión quedó en manos de los magistrados del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Es importante aclarar que el pronunciamiento que se espera en esta instancia no resolverá definitivamente la soberanía de las Islas Malvinas. El Tribunal deberá determinar si corresponde adoptar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia.

Un antecedente relevante para nuestro país es el caso de la Fragata Libertad, ocurrido en 2012, cuando el mismo organismo ordenó a Ghana liberar el buque escuela argentino, que había sido retenido en ese país.

La Argentina vuelve así a recurrir a los mecanismos jurídicos internacionales para defender sus derechos y evitar que el Reino Unido consolide, mediante la explotación económica, una situación que pueda perjudicar el reclamo de soberanía.

Malvinas: la defensa de la soberanía también es la defensa de los recursos naturales

El avance de Sea Lion vuelve a poner en evidencia que la disputa por las Islas Malvinas no se limita a una cuestión territorial. También involucra el control de los recursos naturales, la explotación de hidrocarburos y el futuro ambiental del Atlántico Sur.

La posibilidad de extraer petróleo durante más de tres décadas, mediante instalaciones permanentes en aguas cuya soberanía reclama nuestro país, plantea un escenario que no puede analizarse únicamente desde la rentabilidad empresarial.

Mientras las compañías preparan el inicio de las perforaciones, la Argentina busca impedir que la explotación avance antes de que se resuelva la controversia. La advertencia de la delegación nacional resume la urgencia del momento: “Es ahora o nunca”.

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino. Su defensa también implica proteger los recursos naturales que pertenecen a nuestro país y evitar que intereses empresariales extranjeros definan unilateralmente el destino del Atlántico Sur.

Las Malvinas son argentinas.