Buenos Aires: denuncian la tala de 30 árboles en San Isidro pese a las advertencias y un expediente abierto

La tala de árboles en las ciudades no es solamente la pérdida de vegetación: también significa menos sombra, temperaturas más altas, menor absorción del agua de lluvia y la desaparición de espacios que funcionan como refugio para aves e insectos. En San Isidro, provincia de Buenos Aires, vecinos denunciaron la destrucción de 30 árboles en un predio ubicado en Tomkinson 2147, donde la empresa Zanara S.A. impulsa un proyecto inmobiliario denominado La Isabella.

La denuncia adquiere especial gravedad por los antecedentes del caso. El terreno había sido objeto de un relevamiento independiente que identificó 57 árboles de 23 especies diferentes, muchos de ellos con varias décadas de antigüedad. Sin embargo, los vecinos sostienen que la planimetría presentada por la desarrolladora ante la Municipalidad de San Isidro reconocía solamente 16 ejemplares.

La organización vecinal San Isidro y sus Árboles difundió la denuncia sobre la tala y advirtió que los ejemplares desaparecidos habían sido documentados previamente. Según señalaron, su existencia había sido certificada ante un escribano y un ingeniero agrónomo. La cifra de 30 árboles talados corresponde, por el momento, a la denuncia de los vecinos y no pudo ser corroborada de manera independiente mediante un acta municipal o un registro oficial posterior.

Un relevamiento identificó 57 árboles, pero la empresa declaró 16

El conflicto se remonta al proyecto inmobiliario que Zanara S.A. pretende desarrollar en la esquina de Tomkinson e Isabel la Católica. La iniciativa contempla la construcción de nueve viviendas de dos plantas, con una calle interna privada y espacios comunes.

Frente a la posibilidad de que el emprendimiento afectara el arbolado existente, vecinos impulsaron un relevamiento profesional del terreno. El trabajo identificó 57 ejemplares pertenecientes a 23 especies, entre ellas jacarandás, ginkgos, liquidámbares, ombúes, alcanforeros, arces japoneses, cipreses, gleditsias y árboles de hierro persa.

El ingeniero agrónomo Roberto Ishikawa, quien había cuidado los árboles durante años, certificó en diciembre de 2024 que los ejemplares se encontraban en buen estado y que no existían razones fitosanitarias que justificaran su extracción.

La diferencia entre el relevamiento vecinal y la documentación presentada por la empresa se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto. Mientras el inventario independiente registraba 57 árboles, la planimetría atribuida a Zanara incluía aproximadamente 16. Los vecinos denunciaron que 41 ejemplares habían quedado fuera de la documentación presentada ante el Municipio.

La controversia llegó al expediente municipal N.º 3323/24. De acuerdo con la cronología difundida por la organización, desde marzo de 2024 se presentaron nueve escritos para advertir sobre la situación del predio y cuestionar tanto el relevamiento forestal como las características del proyecto.

La Municipalidad autorizó extraer ocho árboles y trasplantar otros ocho

El 6 de mayo de 2025, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, firmó la Resolución RESFC-2025-79-SI-SECPDU, mediante la cual se autorizó la extracción de ocho árboles y el trasplante de otros ocho.

La decisión fue cuestionada por los vecinos, que señalaron que la resolución no identificaba con precisión cuáles eran los ejemplares que podían ser extraídos o trasladados. También cuestionaron que la evaluación no hubiera incorporado suficientemente el conocimiento de especialistas en arboricultura e ingeniería agronómica.

En mayo de 2025, un informe del ingeniero agrónomo Carlos R. Anaya, especialista en arboricultura urbana, advirtió sobre los riesgos que podía implicar el trasplante de árboles adultos. Entre otros problemas, señaló que las intervenciones necesarias podían provocar heridas, daños en las raíces y la rotura del cepellón, comprometiendo la supervivencia de los ejemplares.

La discusión también alcanzó a las medidas de compensación previstas. La propuesta contemplaba la incorporación de árboles jóvenes, entre ellos ceibos de aproximadamente dos metros, jacarandás y fresnos. Sin embargo, plantar nuevos ejemplares no reemplaza de manera inmediata las funciones ambientales de árboles que crecieron durante décadas.

Un árbol adulto proporciona una superficie de sombra considerable, contribuye a regular la temperatura, captura partículas contaminantes, retiene agua de lluvia y ofrece alimento y refugio para distintas especies. Esos beneficios no pueden recuperarse simplemente colocando plantines después de una tala.

Los árboles de los terrenos privados también forman parte del bosque urbano

Uno de los argumentos centrales de los vecinos es que el arbolado no deja de cumplir una función ambiental por encontrarse dentro de una propiedad privada.

En San Isidro existe un marco normativo que contempla esa protección. La Ordenanza 6610, sancionada en 1989, declara de interés público la defensa, el mejoramiento y la ampliación de los espacios verdes y la forestación, tanto en ámbitos públicos como privados. También establece restricciones a la extracción de árboles en terrenos particulares, salvo situaciones debidamente justificadas.

A su vez, el Código de Ordenamiento Urbano municipal establece, en su artículo 1.2.1.17, la obligación de respetar la forestación existente en los predios y en la vía pública.

Por eso, el conflicto de Tomkinson 2147 excede la discusión sobre un emprendimiento inmobiliario particular. Lo que está en juego es si la protección del arbolado urbano puede quedar subordinada a los intereses de un desarrollo privado y qué controles ejerce el Estado municipal antes de permitir intervenciones que pueden resultar irreversibles.

Treinta árboles menos y preguntas que siguen sin respuesta

La nueva denuncia de San Isidro y sus Árboles vuelve a poner el foco sobre la actuación de la Municipalidad y de la desarrolladora. Si el relevamiento independiente había documentado 57 ejemplares y el expediente ya contenía presentaciones vecinales sobre las diferencias con la planimetría, resulta necesario conocer qué controles se realizaron antes de avanzar con las intervenciones.

También es fundamental determinar cuáles de los árboles denunciados como talados estaban contemplados en la autorización municipal, si existieron inspecciones posteriores y qué ocurrió con los ejemplares que, según los vecinos, no habían sido incluidos en la documentación presentada por la empresa.

La Municipalidad de San Isidro debe dar explicaciones claras sobre las autorizaciones otorgadas, los controles realizados y el cumplimiento de la normativa que protege el arbolado. La existencia de una resolución que permite extraer ocho árboles y trasplantar otros ocho no alcanza, por sí sola, para explicar la denuncia de la desaparición de 30 ejemplares.

Lo ocurrido en Tomkinson 2147 también deja una advertencia para otros barrios: los árboles de un terreno privado forman parte del ambiente urbano y su pérdida afecta a toda la comunidad. Cuando desaparecen ejemplares que tardaron décadas en crecer, no alcanza con prometer nuevas plantaciones. La sombra, la biodiversidad y los servicios ambientales que brindaban ya no están.

Y cuando las advertencias llegan antes de que ocurra la tala, la responsabilidad de los organismos de control es actuar a tiempo.

Los vecinos buscan sumar adhesiones para defender el arbolado de San Isidro y exigir respuestas frente a lo ocurrido. Quienes quieran acompañar el reclamo pueden ingresar al sitio de San Isidro y sus Árboles, donde se están reuniendo firmas para proteger los árboles de la zona.

Firmá y acompañá el reclamo: https://sanisidroysusarboles.org/