
Mendoza: talaron 12 hectáreas donde iba a funcionar un vivero modelo y ahora quieren abrir el predio a productores privados
La Política Ambiental
El Vivero Provincial de Perdriel, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, pasó de ser anunciado como un espacio clave para la recuperación del arbolado público a convertirse en el centro de un conflicto por la tala de árboles y el cambio de destino de sus tierras. En 2024, el Gobierno provincial presentó un ambicioso proyecto para recuperar el predio y producir miles de ejemplares. Dos años después, ese compromiso quedó descartado y las autoridades plantean un nuevo esquema que incluye la participación de privados.
En el medio, se realizaron trabajos de tala y extracción de árboles sobre 12 hectáreas, mediante una contratación estatal de $29 millones. Mientras los vecinos denuncian el desmantelamiento del lugar y reclaman explicaciones, todavía no está claro qué actividades se desarrollarán en el terreno ni bajo qué condiciones podrán participar los productores privados.
De producir 40.000 árboles a abandonar el vivero modelo
El 5 de junio de 2024, durante el Día Mundial del Ambiente, el gobernador Alfredo Cornejo y la entonces ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, anunciaron un plan para recuperar las 25 hectáreas del Vivero Provincial de Perdriel y transformarlo en un vivero modelo.
La propuesta contemplaba producir 10.000 árboles durante 2025 y alcanzar los 40.000 ejemplares para 2028. La producción abastecería a los municipios para recuperar el arbolado de calles, plazas y parques de Mendoza.
El proyecto también incluía mejoras en el sistema de riego, obras hidráulicas y el aprovechamiento del agua de escurrimiento. Además, se había anunciado la participación de escuelas técnicas agrícolas para desarrollar actividades educativas vinculadas con la producción forestal y la agricultura regenerativa.
Pero el compromiso no se cumplió. El 15 de octubre de 2026, durante la presentación de los lineamientos del Presupuesto 2027 en la Legislatura provincial, Latorre reconoció que el vivero modelo no se realizará. «Rectifico mi compromiso, no vamos a desarrollar un vivero modelo en ese lugar», afirmó.
En su lugar, anunció que el predio será convertido en un polo socioproductivo, con participación de productores privados y del sector educativo. De esta manera, el Gobierno dejó atrás el proyecto de producción pública de árboles que había presentado dos años antes.
La tala de 12 hectáreas y los $29 millones contratados
Mientras se anunciaba la recuperación del vivero, la Provincia avanzó con trabajos de tala, trozado, extracción y transporte de ejemplares forestales en una superficie de 12 hectáreas.
La contratación, registrada en el expediente EX-2025-02342836-GDEMZA-CCC, fue adjudicada a MMEP Constructora, vinculada a Javier Alberto Castro, por un monto informado de 29 millones de pesos. Los trabajos incluían el relevamiento de los ejemplares, su tala, trozado, extracción, traslado y disposición.
La justificación oficial fue que se buscaba retirar árboles secos que representaban un riesgo de incendio. Sin embargo, vecinos de Perdriel cuestionaron esa explicación y señalaron que parte del deterioro de la vegetación se habría producido por la falta de riego y mantenimiento.
También reclaman precisiones sobre cuántos árboles fueron retirados, qué volumen de madera se obtuvo y cuál fue su destino. La información conocida hasta el momento no permite identificar con claridad a todos los beneficiarios ni reconstruir el recorrido de los ejemplares extraídos.
Vecinos denuncian un «arboricidio» y reclaman explicaciones
El avance de los trabajos generó el rechazo de vecinos autoconvocados de Perdriel, que denunciaron un «arboricidio» y cuestionaron la intervención sobre el patrimonio forestal del vivero.
Durante recorridas por el predio señalaron la presencia de sectores despejados, troncos cortados y restos de vegetación. También denunciaron la demolición de una antigua casona que consideran parte de la historia del lugar, además de la desaparición de elementos como un portón, cámaras y luminarias.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que numerosos árboles podrían haberse deteriorado por la falta de mantenimiento. Por eso, los vecinos reclaman que se conozcan los informes técnicos que justificaron la tala y las medidas que se tomaron para intentar recuperar los ejemplares antes de retirarlos.
El reclamo también pone en discusión el futuro de un espacio que había sido presentado como una herramienta pública para producir árboles y recuperar el arbolado urbano de la provincia.
Un pedido de informes y posibles acciones judiciales
El diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, impulsó un pedido de informes para conocer los detalles de las intervenciones realizadas en el vivero. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados mediante la Resolución 410/2026.
El pedido buscó obtener información sobre los trabajos, las empresas contratadas, los recursos públicos utilizados y el destino de los árboles y la madera extraídos.
Tras recibir la respuesta del Ministerio, Ilardo cuestionó las explicaciones oficiales y anunció que avanzaría con acciones judiciales. Entre sus críticas, señaló que se trata de compromisos públicos anunciados por el Gobierno que finalmente no se concretaron. No obstante, hasta contar con una constancia de presentación, no corresponde afirmar que una denuncia penal contra la ministra haya sido efectivamente radicada.
La responsabilidad política por el proyecto anunciado y su posterior modificación alcanza al gobernador Alfredo Cornejo y a la ministra Jimena Latorre, quien presentó la iniciativa en 2024 y reconoció su abandono en 2026.
¿Qué harán ahora con el predio?
El nuevo anuncio del Gobierno abre interrogantes sobre el destino de las tierras provinciales. La propuesta de convertir el vivero en un polo socioproductivo contempla la participación de productores privados y del sector educativo, pero todavía no se conocen los emprendimientos que podrían instalarse, las actividades que se desarrollarán ni las condiciones de utilización del espacio.
Por ahora, no hay información que confirme que el predio será vendido o privatizado. Sin embargo, la apertura a productores privados obliga a conocer qué tipo de acuerdos se establecerán, quiénes podrán utilizar las instalaciones y qué controles tendrá el Estado sobre el funcionamiento del lugar.
La contradicción es evidente: en 2024, el Gobierno anunció un vivero modelo que produciría 40.000 árboles para recuperar el arbolado público; en 2026, reconoció que no cumplirá ese objetivo y propuso un nuevo destino con participación privada.
Mientras los vecinos siguen reclamando respuestas por la tala de 12 hectáreas, el Gobierno de Mendoza todavía debe explicar qué pasará con el predio y por qué abandonó un proyecto ambiental que había presentado como una de sus principales apuestas para la provincia.


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