Buenos Aires: más de 165 organizaciones exigen reconocer enfermedades laborales por exposición a agrotóxicos en las escuelas

La exposición a agrotóxicos en las escuelas rurales volvió a quedar en el centro de los reclamos en la provincia de Buenos Aires. Más de 165 organizaciones sindicales y socioambientales presentaron un petitorio ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para exigir que se reconozcan como enfermedades laborales los problemas de salud relacionados con las fumigaciones y el consumo de agua contaminada. El documento cuenta con más de 3.000 firmas y reclama medidas de prevención y atención para docentes, auxiliares y las comunidades educativas.

El pedido incluye el reconocimiento inmediato y retroactivo de las enfermedades, controles médicos periódicos para los trabajadores expuestos, análisis completos del agua y provisión de agua segura en las escuelas donde no esté garantizada su potabilidad. También exige establecer distancias de protección frente a las aplicaciones agrícolas para evitar que las fumigaciones alcancen a quienes estudian y trabajan en esos establecimientos.

El reclamo no surge de una preocupación abstracta. En distintos puntos de la provincia se realizaron análisis que detectaron plaguicidas en el agua de escuelas rurales, mientras que investigaciones científicas y antecedentes judiciales documentaron los riesgos que enfrentan quienes desarrollan sus tareas en zonas rodeadas de campos fumigados.

Agrotóxicos en el agua de las escuelas

Un relevamiento de la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) reunió análisis realizados entre 2019 y 2022 en más de 35 establecimientos educativos de nueve municipios bonaerenses. En las muestras se encontraron sustancias utilizadas en la producción agrícola, como atrazina, glifosato, AMPA —un producto de degradación del glifosato— y 2,4-D. También se detectaron nitratos y arsénico.

En una escuela secundaria de la zona rural de Mar del Plata se registraron 89 miligramos de nitratos por litro de agua, casi el doble del límite permitido. En otros establecimientos se encontraron concentraciones de glifosato de 14,1 y 22,3 microgramos por litro.

Estos resultados exponen una dificultad adicional: los controles habituales de potabilidad no siempre incluyen análisis específicos para detectar todos los plaguicidas utilizados en los campos. Por eso, que un establecimiento tenga un análisis de agua dentro de los parámetros convencionales no significa necesariamente que se haya descartado la presencia de esas sustancias.

La falta de controles específicos se relaciona, además, con una deuda regulatoria nacional. Desde 2007 existen gestiones para incorporar límites de concentración de plaguicidas de uso actual en el agua potable. La Comisión Nacional de Alimentos reconoció la necesidad de revisar la normativa en 2008 y al año siguiente creó un grupo de trabajo para estudiar su incorporación al Código Alimentario Argentino. Sin embargo, el proceso no terminó en una actualización concreta que contemple todas las sustancias que preocupan a las organizaciones.

Un estudio encontró indicadores de daño genético en docentes rurales

La preocupación por la exposición durante la jornada laboral también tiene antecedentes científicos. En 2024, AMSAFE Rosario y el CONICET realizaron una investigación sobre la salud de docentes y auxiliares de cinco localidades del departamento Rosario, en Santa Fe. El estudio incluyó a 32 trabajadores de escuelas ubicadas a distancias de entre 40 y 700 metros de campos cultivados.

Los investigadores analizaron muestras biológicas y encontraron un promedio de 4,5 micronúcleos cada 1.000 células. Los micronúcleos son alteraciones que pueden funcionar como indicadores de daño en el material genético. En la localidad de Alvear, el promedio llegó a 6,18 por cada 1.000 células.

El trabajo también recogió testimonios sobre fumigaciones cerca de los establecimientos. En una escuela de Alvear, por ejemplo, se denunciaron aplicaciones durante el horario de clases hasta 2019 y, posteriormente, durante la noche o la madrugada, poco antes del ingreso de docentes y estudiantes.

Los autores aclararon que la investigación se realizó sobre una muestra pequeña y que sus resultados no permiten demostrar por sí solos que los agrotóxicos hayan causado enfermedades específicas. Sin embargo, los indicadores encontrados refuerzan la necesidad de ampliar los estudios y reducir la exposición. Aunque el relevamiento se hizo en Santa Fe, aporta evidencia sobre un problema que también preocupa a las comunidades educativas bonaerenses.

Los casos que impulsan el reclamo

Entre los antecedentes que mencionan las organizaciones están los casos de Ana Zabaloy y Estela Lemes, dos docentes rurales que denunciaron las consecuencias de trabajar cerca de campos fumigados.

Zabaloy fue maestra y directora de una escuela rural de San Antonio de Areco. Durante años advirtió sobre las aplicaciones de agrotóxicos en campos cercanos al establecimiento y la exposición de alumnos y trabajadores. También relató problemas de salud después de episodios de fumigación. Murió en junio de 2019, tras atravesar una enfermedad oncológica. Su historia se convirtió en una referencia para quienes reclaman que las enfermedades relacionadas con la exposición a plaguicidas sean reconocidas como laborales.

En Entre Ríos, Estela Lemes consiguió un reconocimiento judicial. La docente trabajaba en la Escuela Rural N.º 66 Bartolito Mitre, en Costa Uruguay Sur, donde denunció que ella y sus alumnos estuvieron expuestos a fumigaciones realizadas en campos vecinos. En 2021, la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú reconoció la relación entre las secuelas de Lemes y las condiciones ambientales de su lugar de trabajo. El tribunal ordenó que el seguro provincial cubriera las prestaciones médicas correspondientes y dispuso una indemnización.

El Gobierno bonaerense, ante el reclamo

Las organizaciones sostienen que los trabajadores de la educación no pueden seguir dependiendo de iniciativas individuales para conseguir análisis de agua, atención médica o protección frente a las fumigaciones. Por eso, además del reconocimiento de las enfermedades laborales, reclaman que la Provincia implemente controles sanitarios periódicos, garantice agua segura y establezca distancias de resguardo alrededor de las escuelas.

El planteo ya había sido difundido en septiembre de 2026 por sindicatos y colectivos socioambientales. Entre las organizaciones que impulsan el reclamo están SUTEBA Marcos Paz, SUTEBA Tigre, UDOCBA Luján, la Asociación Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas y el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir.

Con más de 3.000 firmas reunidas, el petitorio vuelve a poner en discusión la responsabilidad del Estado provincial frente a las condiciones en las que funcionan las escuelas rurales. Los análisis de agua, las denuncias de fumigaciones cercanas y los antecedentes de docentes afectados muestran que el problema requiere controles y medidas de prevención, no respuestas aisladas cuando el daño a la salud ya se produjo.