Mendoza: ¿Una política hídrica que prioriza la minería y olvida los derechos de La Pampa?

La reciente decisión de Mendoza de incluir a las empresas mineras en su Registro Único de Empresas y Establecimientos, para cobrarles un canon por el uso del agua, ha generado un fuerte debate. Mientras la provincia asegura el suministro de agua a las mineras a cambio de millonarios pagos, sigue negando a La Pampa el acceso a uno de sus recursos hídricos más vitales: el río Atuel.

Un canon millonario para las mineras… pero ¿y el agua para La Pampa?

El argumento oficial de Mendoza para la creación del canon es que se busca preservar el recurso hídrico y regular el uso que hacen de él las empresas mineras. Sin embargo, este discurso se ve seriamente cuestionado cuando observamos que parte de esa agua destinada a la minería proviene de la cuenca del río Atuel, un recurso que, desde hace décadas, La Pampa ha sido excluida de utilizar. Mendoza, al garantizar el suministro de agua para las mineras, demuestra que el agua está disponible, pero solo para las empresas que pueden pagar grandes sumas de dinero. Mientras tanto, las comunidades de La Pampa siguen enfrentando graves consecuencias ecológicas y sociales por la falta de acceso al agua del río Atuel.

La postura histórica de Mendoza ha sido que el corte del río Atuel se justifica por la falta de agua suficiente. Sin embargo, al asegurar el abastecimiento a la minería, queda claro que la escasez de agua nunca ha sido el verdadero problema; lo que está en juego son los intereses económicos. Mendoza prefiere priorizar a las grandes empresas mineras, conocidas por su alto impacto ambiental, y deja de lado a La Pampa y sus derechos a un recurso compartido, fundamental para su desarrollo y supervivencia.

La minería, ¿un sector insostenible que consume agua sin freno?

En el último año, Mendoza avanzó con la autorización de al menos 34 proyectos mineros en la cuenca del río Colorado, otro recurso compartido con La Pampa. Esta expansión de la actividad minera en una región ya hídricamente vulnerable pone en evidencia el desequilibrio de prioridades en la gestión del agua. Los montos que las empresas mineras deben abonar por el uso del agua varían entre $285.120 y $53.460.000, dependiendo de la etapa de explotación y la categoría metalífera. Estos ingresos millonarios que percibe Mendoza contrastan dramáticamente con la negativa de la provincia a garantizar, siquiera, un caudal ecológico mínimo para La Pampa, que podría aliviar las consecuencias de la sequía del río Atuel y proteger sus ecosistemas.

El agua, un bien compartido: ¿por qué Mendoza sigue priorizando la minería?

Es importante recordar que el río Atuel no es exclusivo de Mendoza. Este recurso forma parte de una cuenca interprovincial y su uso debe ser compartido y regulado equitativamente. Sin embargo, Mendoza ha mantenido una postura unilateral, restringiendo el caudal hacia La Pampa y priorizando sus propios intereses, ahora ampliados a la actividad minera. El discurso de sostenibilidad ambiental pierde toda credibilidad cuando se analiza la contradicción entre sus políticas: mientras garantiza agua a un sector conocido por sus devastadores efectos sobre el medio ambiente, niega este recurso a una provincia vecina que lo necesita para sostener sus ecosistemas, sus comunidades y sus actividades productivas.

La Pampa exige justicia hídrica: un fallo judicial incumplido

La Pampa ha reclamado insistentemente ante instancias judiciales y políticas un reparto justo del agua del río Atuel. Sin embargo, las resoluciones siguen sin cumplirse. A pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a Mendoza a entregar 3,2 m³ por segundo de caudal permanente de este río a La Pampa, el recurso sigue siendo inaccesible para la provincia vecina.