Extractivismo sin controles: advierten que el modelo que impulsa Milei profundiza el saqueo ambiental

El Gobierno nacional vuelve a quedar en el centro de las críticas por su política ambiental. Especialistas, organizaciones socioambientales y referentes territoriales advierten que la agenda extractiva que impulsa la gestión de Javier Milei apunta a consolidar un modelo de extractivismo con bajos controles, escasa fiscalización estatal y alto impacto ambiental, especialmente en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos, el litio y el agronegocio.

La preocupación no es abstracta: se apoya en una serie de decisiones concretas que incluyen intentos de modificar leyes de protección ambiental —como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques—, la desregulación de actividades productivas y el debilitamiento de organismos de control. Para los críticos, el objetivo es claro: facilitar inversiones reduciendo “trabas”, aun cuando esas trabas son, en realidad, garantías mínimas de protección del ambiente y de la salud de las comunidades.

Un modelo basado en menos Estado y más impacto
Desde el oficialismo se insiste en que la Argentina necesita atraer dólares y acelerar proyectos extractivos para salir de la crisis. En ese marco, el ambiente aparece como una variable secundaria. La lógica que se impone es la de menos regulaciones, menos controles y mayor discrecionalidad para las empresas, bajo el argumento de ganar competitividad.

Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que esta estrategia choca de frente con principios constitucionales básicos, como el de prevención, el de no regresión ambiental y el derecho de toda la población a un ambiente sano. “No se trata de frenar la producción, sino de evitar que se avance sin límites sobre bienes comunes estratégicos como el agua, los bosques y los territorios”, señalan desde organizaciones ambientales.

Glaciares, bosques y territorios en disputa
Uno de los focos principales de alarma es el intento de flexibilizar la Ley de Glaciares, que protege reservas estratégicas de agua dulce frente a actividades como la megaminería. En paralelo, el Gobierno propuso cambios a la Ley de Bosques y a la Ley de Manejo del Fuego que, según especialistas, podrían habilitar una mayor deforestación en un país que ya perdió millones de hectáreas de monte nativo.

Estas iniciativas no se dan en el vacío. Se inscriben en un contexto de conflictos territoriales crecientes: comunidades que resisten proyectos mineros, poblaciones rurales expuestas a fumigaciones con agrotóxicos, barrios sin acceso a agua segura y ecosistemas degradados por actividades extractivas mal reguladas.

Riesgos sociales y ambientales
Las organizaciones advierten que avanzar con un extractivismo de “bajo costo regulatorio” implica trasladar los costos reales a la sociedad: contaminación de ríos y napas, pérdida de biodiversidad, afectación de la salud pública y conflictos sociales persistentes. A largo plazo, sostienen, el modelo no solo es ambientalmente insostenible, sino también económicamente ineficiente, porque destruye recursos estratégicos que deberían garantizar desarrollo futuro.

Además, remarcan que este enfoque contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible, y debilita la posición del país en debates globales sobre transición energética y justicia ambiental.

Un debate de fondo
Más allá de la coyuntura política, lo que está en discusión es qué tipo de desarrollo quiere Argentina. Para los sectores críticos, el rumbo que impulsa el Gobierno no apunta a una transición productiva ni a un aprovechamiento responsable de los recursos, sino a un esquema de explotación intensiva con controles mínimos, pensado para el corto plazo.

En ese escenario, el conflicto ambiental deja de ser un tema sectorial y se convierte en una cuestión central de derechos, democracia y soberanía. Porque, como advierten desde distintos territorios, cuando el Estado se retira del control ambiental, el costo no lo pagan las empresas: lo pagan las comunidades y los ecosistemas.