Renuncia de Cristian Larsen en Parques Nacionales: Entre la defensa de la soberanía y las polémicas por privatizaciones

29/05/2025La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Cristian Larsen presentó su renuncia como presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), con efecto a partir del 31 de mayo. En su carta, justificó la decisión por su deseo de seguir promoviendo “las ideas de la libertad desde otro lugar”. Durante su gestión, se centró en lo que denominó la recuperación de la soberanía en áreas protegidas, la desarticulación de usurpaciones y la implementación de auditorías internas.

Sin embargo, su paso por la APN estuvo marcado por fuertes polémicas, especialmente en torno al rumbo que tomó el organismo bajo la administración libertaria y el impacto de los recortes presupuestarios sobre el personal y la infraestructura ambiental.

Polémicas por concesiones y privatizaciones encubiertas
Uno de los puntos más críticos de la gestión de Larsen fue el avance de propuestas para habilitar inversiones privadas dentro de los parques nacionales, con la excusa de fomentar el turismo. En varias áreas protegidas se intentó aplicar un nuevo régimen de concesiones y se habilitaron mecanismos para el cobro de acceso a senderos emblemáticos, como en El Chaltén.

La estrategia fue cuestionada por comunidades locales, organizaciones ambientales y trabajadores del sector, que denunciaron un modelo de “privatización encubierta”. La preocupación principal radica en que estas decisiones prioricen la rentabilidad por encima de la conservación ambiental, vulnerando el carácter público de los parques nacionales y restringiendo el libre acceso a territorios naturales protegidos.

Además, se denunciaron maniobras poco transparentes, como la cesión de inmuebles de alto valor simbólico y turístico a fundaciones y organizaciones cercanas a espacios de poder, lo que agravó el malestar entre el personal técnico de Parques.

 
Ajuste brutal y precarización del personal
La salida de Larsen se da en un contexto de ajuste económico que afectó duramente a Parques Nacionales. El organismo sufrió un fuerte recorte presupuestario desde el cambio de gestión nacional, con partidas congeladas, reducción de programas estratégicos y un freno casi total a las inversiones en infraestructura.

Los recortes impactaron especialmente en el personal. Guardaparques y brigadistas —piezas clave en el control del fuego, la seguridad y el mantenimiento de los parques— denunciaron sueldos por debajo de la línea de pobreza, falta de recursos para el trabajo de campo y condiciones laborales precarias. En muchos casos, brigadistas contratados fueron despedidos o quedaron sin certeza de continuidad, justo antes del inicio de la temporada de incendios forestales.

Además, se paralizaron concursos, promociones y capacitaciones. En varias delegaciones regionales, el funcionamiento quedó reducido a su mínima expresión, con oficinas cerradas, vehículos fuera de servicio y escasa presencia operativa en territorio. La falta de mantenimiento y renovación de equipamiento agrava el riesgo ambiental y dificulta las tareas de conservación, fiscalización y atención al visitante.

 
Conservación en tensión: ¿protección o negocio?
La tensión entre conservación ambiental y avance del modelo de mercado marcó la gestión de Larsen y deja una APN en estado de alerta. Mientras el discurso oficial insiste en "revalorizar" las áreas protegidas mediante el turismo y la inversión privada, en la práctica el desfinanciamiento y la falta de personal comprometido amenazan con vaciar de contenido la misión original de Parques Nacionales.

Larsen se despide reivindicando una gestión de orden y legalidad, pero con múltiples focos de conflicto abiertos, especialmente en la Patagonia, donde las comunidades locales y originarias reclaman mayor participación y respeto por sus derechos.

Su renuncia deja abierta la incógnita sobre el futuro inmediato del organismo: si seguirá el camino de las concesiones y el achique estatal, o si se podrá recuperar una visión estratégica de conservación a largo plazo, basada en el fortalecimiento del sistema público, la protección de la biodiversidad y el trabajo digno de quienes cuidan nuestros patrimonios naturales.

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