Polémica en el Senado por las declaraciones de dos Senadores libertarias sobre la Ley de Glaciares

Las declaraciones de los senadores libertarios Bruno Olivera y Enzo Fullone generaron una fuerte polémica en el ámbito político y ambiental. “La Ley de Glaciares protege rocas congeladas a 4.000 metros de altura”, afirmaron, en referencia a la normativa vigente desde 2010 que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar en Argentina.

La frase, que rápidamente circuló en redes y medios, no solo provocó críticas de organizaciones ambientales, sino también de especialistas en derecho ambiental y ciencias de la tierra. Para estos sectores, reducir el rol de los glaciares a simples “rocas congeladas” desconoce su función estratégica como reservas naturales de agua dulce en un país que ya enfrenta estrés hídrico en varias regiones.

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Por qué la Ley de Glaciares es clave

La Ley 26.639 protege tanto los cuerpos de hielo como el ambiente periglaciar, es decir, las zonas que rodean a los glaciares y que cumplen un papel fundamental en la regulación y almacenamiento del agua. En términos prácticos, estos ecosistemas alimentan ríos, sostienen comunidades, producción agrícola, generación hidroeléctrica y biodiversidad andina.

Además, la norma fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó su constitucionalidad y el derecho del Congreso a fijar estándares ambientales mínimos en todo el país. Desde su sanción, la ley ha sido uno de los pilares del derecho ambiental argentino y un punto de tensión permanente con sectores vinculados a la actividad minera.

Desarrollo productivo vs. protección ambiental

El debate no es nuevo. Desde hace más de una década, provincias cordilleranas con fuerte actividad minera plantean la necesidad de revisar el alcance de la norma. El argumento central es que limita inversiones en zonas de alta montaña, especialmente en proyectos vinculados al litio y otros minerales estratégicos.

Sin embargo, en un contexto de cambio climático y retroceso glaciar documentado en la cordillera de los Andes, científicos advierten que cualquier flexibilización podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua en el mediano y largo plazo. La discusión, por lo tanto, no es solo económica: es estructural.

El trasfondo generacional

Para una generación que creció con la crisis climática como parte del escenario cotidiano, la protección de los glaciares no es un tema abstracto. Es una discusión sobre acceso al agua, soberanía sobre los recursos naturales y el modelo de desarrollo que se proyecta para las próximas décadas.

Las declaraciones de los senadores libertarios vuelven a poner en agenda una pregunta de fondo: ¿es posible compatibilizar crecimiento productivo con estándares ambientales sólidos, o el avance de ciertas actividades implica inevitablemente un retroceso en la protección de bienes estratégicos?

Más allá de la controversia política, el debate sobre la Ley de Glaciares expone una tensión central en la Argentina actual: cómo administrar sus recursos naturales sin comprometer el derecho al agua y el equilibrio ambiental en un escenario de creciente presión climática.