“No a la mina”: marcha por los glaciares mientras el Gobierno asegura tener los votos

Organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas y referentes de distintas provincias marcharon bajo la consigna “No a la mina” en defensa de la Ley de Glaciares, en medio de la discusión parlamentaria por su eventual modificación. La movilización coincidió con declaraciones oficiales que afirman que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar los cambios.

La calle como respuesta

La convocatoria reunió a colectivos ambientales, sectores académicos y vecinos de zonas cordilleranas que advierten sobre el riesgo de “flexibilizar” la normativa vigente. El eje de la protesta fue claro: rechazar cualquier reducción en la protección de áreas periglaciares, consideradas clave para la regulación hídrica.

Los manifestantes sostienen que la ley fue producto de una fuerte presión social y que su espíritu es preservar reservas estratégicas de agua frente al avance de actividades extractivas de alto impacto, particularmente la megaminería metalífera.

El mensaje del Gobierno

Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que los cambios propuestos no eliminan la protección de glaciares, sino que buscan “ordenar” definiciones técnicas y dar previsibilidad a inversiones en zonas donde actualmente existen conflictos de interpretación.

Voceros parlamentarios indicaron que ya estarían garantizados los votos para avanzar con la reforma en el recinto. La estrategia oficial combina acuerdos con bloques provinciales interesados en promover proyectos mineros y el argumento de que la normativa actual genera incertidumbre jurídica.

El núcleo del conflicto

El punto más controvertido es la redefinición del concepto de ambiente periglaciar. Para las organizaciones ambientales, esa categoría es esencial porque amplía la zona de resguardo más allá del hielo visible. Reducirla implicaría habilitar actividades en territorios que hoy cuentan con restricciones estrictas.

En un contexto de crisis climática y retroceso de glaciares andinos, la discusión excede lo legal. Se trata de definir prioridades: desarrollo extractivo de corto plazo o protección de fuentes de agua de largo plazo.

Mientras el oficialismo confía en los números dentro del Congreso, la movilización social anticipa que el debate no se agotará en la votación. La disputa por los glaciares vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales de la agenda ambiental argentina.