La Política Ambiental
La Dirección de Minería de Mendoza detectó graves irregularidades ambientales. Se ordenó la clausura, una sanción económica millonaria y una denuncia penal contra el responsable.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza clausuró una explotación minera ilegal que operaba sin autorización sobre el cauce del río Diamante, en el departamento de San Rafael. La medida se tomó tras una inspección de la Policía Ambiental Minera, que confirmó que la actividad no contaba con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni inscripción como mina de tercera categoría, tal como exige la legislación vigente.
Además de la clausura inmediata, el responsable recibió una multa de $26 millones (2.600 Unidades Tributarias Mineras) y se formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por posible daño ambiental.
Durante el procedimiento, el infractor intentó un “arreglo informal”, pero las autoridades ratificaron que no habría negociación posible. En una reunión mantenida en la delegación local de Minería, se reafirmó la vigencia del cierre y se ordenó la presentación obligatoria de un plan de remediación ambiental en un plazo de 30 días hábiles.
En caso de incumplimiento, se avanzará con la inhabilitación para futuras explotaciones, la inclusión en el Registro de Infractores y la ejecución de las tareas de remediación con cargo al titular del emprendimiento.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que “estas acciones reafirman el compromiso de la provincia con la protección de sus cauces y recursos naturales”, y señalaron que “la minería debe desarrollarse con responsabilidad ambiental, dentro del marco legal”.
Organizaciones ambientales locales celebraron la medida. “Es fundamental que se tomen este tipo de decisiones firmes. No se puede seguir tolerando la destrucción de ríos en nombre del negocio extractivo”, señalaron desde la Fundación Árbol del Sur, que venía denunciando la situación en el río Diamante.
La intervención también fue notificada a la Municipalidad de San Rafael, la Dirección de Gestión Ambiental, el Fiscal de Estado y el propietario del terreno afectado.
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