Neuquen: Probation a empresario petrolero tras descubrir lavadero clandestino de caños de fracking en Centenario

Un empresario del sector petrolero fue beneficiado con una probation luego de reconocer su responsabilidad en un grave caso de contaminación ambiental en la zona rural de Centenario, Neuquén. Durante años, su empresa operó un lavadero clandestino de maquinaria utilizada en el fracking, arrojando residuos peligrosos directamente al sistema de riego agrícola que desemboca en el río Neuquén.

La jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de F.D.O., dueño de la firma Monali SAS, quien admitió haber contaminado el entorno rural con efluentes cargados de hidrocarburos. La empresa funcionaba en el predio de la ex Juguera del Sur, cerca del cementerio, una zona donde todavía subsisten actividades agrícolas y conviven varias firmas vinculadas a la industria de los hidrocarburos.

El acuerdo judicial le permite al empresario evitar el juicio a cambio de una probation de tres años, durante los cuales deberá presentar un plan de saneamiento ambiental, llevar a cabo tareas de remediación en el predio afectado, donar materiales de construcción por un valor de 300 mil pesos a una ONG, y cumplir reglas de conducta. El plan ambiental debe ser aprobado por la Secretaría de Ambiente provincial y contempla el vaciamiento de piletas contaminadas, la limpieza de contenedores y la eliminación de residuos con trazabilidad.

¿Qué es la probation?
En el derecho argentino, la probation —denominada formalmente suspensión del juicio a prueba— es una herramienta legal prevista en el Código Penal que permite suspender el proceso penal cuando se trata de delitos considerados menores, es decir, aquellos cuya pena no supera los tres años de prisión. Para acceder a este beneficio, el acusado debe aceptar su responsabilidad en los hechos, no tener antecedentes penales y comprometerse a cumplir una serie de condiciones durante un plazo determinado, como tareas comunitarias, reglas de conducta o acciones de reparación del daño causado.

Si la persona cumple con todo lo pactado, el proceso se da por cerrado y no queda antecedente penal. Pero si incumple las condiciones, se reactiva el juicio. Aunque se trata de una herramienta útil para descomprimir el sistema judicial, su aplicación en casos de daño ambiental es cada vez más cuestionada, ya que estos hechos suelen tener consecuencias profundas, duraderas y difíciles de revertir. Por eso, muchos especialistas advierten que no debería aplicarse con la misma lógica que en otros delitos menores.

Contaminación sistemática y encubrimiento
La causa penal se abrió en 2024, tras reiteradas denuncias vecinales que advertían movimientos sospechosos en el predio: ingreso constante de camionetas petroleras, personal operativo, cañerías, depósitos, y hasta una torre de simulacro visible desde el cementerio. Durante la pandemia, no se realizaron inspecciones oficiales, lo que facilitó el funcionamiento clandestino.

Una inspección municipal de abril de este año descubrió un caño oculto que vertía efluentes contaminantes directamente a un canal de desagüe rural. La situación fue confirmada en mayo con una segunda inspección, que evidenció que la empresa no había detenido sus prácticas ni cumplido con las medidas de adecuación.

Los residuos que se arrojaban —hidrocarburos pesados usados en el lavado de camiones, tolvas y caños de perforación— están catalogados como peligrosos según la Ley Nacional 24.051 y como residuos especiales por la Ley Provincial 1875. A pesar de la gravedad del hecho, la jueza consideró que la probation era procedente debido a que el imputado no tenía antecedentes y la pena prevista es excarcelable.

¿Un símbolo de desidia ambiental?
Monali SAS fue multada por el municipio con $10,3 millones, el mínimo previsto por no tratarse de un reincidente. Sin embargo, la empresa fue clausurada solo de forma preventiva y nunca llegó a implementar un sistema de tratamiento de residuos conforme a la normativa vigente. Además, no estaba inscripta como generadora de residuos peligrosos, usaba agua subterránea sin autorización y operó sin cumplir con requisitos ambientales básicos desde al menos 2019.

En el mismo predio también funcionan otras dos empresas: un taller de soldadura y BM Inspecciones. Si bien ninguna fue judicialmente acusada, están bajo revisión municipal y no cuentan aún con licencia comercial formal. Desde el gobierno local insisten en que no habilitarán un cambio en el uso del suelo, pese a la presión creciente por la expansión de Vaca Muerta.

Este caso revela una de las tantas tensiones entre el desarrollo industrial asociado al fracking y la protección del ambiente, especialmente en zonas rurales donde la fiscalización es débil y las consecuencias de la contaminación afectan directamente al ecosistema y a la vida de quienes habitan o trabajan allí. ¿Hasta dónde puede avanzar la actividad petrolera sin poner en riesgo el equilibrio ambiental y social?

Una pregunta que Centenario —y muchas localidades de la región— deberán responder con más controles, más transparencia y una discusión seria sobre el modelo de desarrollo que se quiere para el futuro.