La Política Ambiental
En lo que va de 2025 ya se desmontaron 31.000 hectáreas de manera ilegal. El agronegocio, la promoción ganadera y la debilidad de las leyes provinciales son los motores de una devastación que persiste pese a las prohibiciones judiciales.
En apenas seis meses, Chaco y Santiago del Estero perdieron 31.000 hectáreas de bosque nativo, una extensión mayor a la Ciudad de Buenos Aires y media. Así lo reveló Greenpeace en su último relevamiento satelital, que advierte que, pese a las restricciones legales, la deforestación continúa alimentada por el avance de la ganadería y la soja, la flexibilización normativa y la impunidad empresarial.
“Seguimos entre los 15 países con más deforestación en el mundo”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. Según los datos de la organización, Santiago del Estero lidera el ranking con 22.315 hectáreas arrasadas, mientras que Chaco perdió 8.685 hectáreas. Todo el desmonte registrado entre enero y junio es ilegal, ya que en ambas provincias rigen medidas cautelares que lo prohíben.
Una ley que no se cumple y un mapa que se vuelve amarillo
La Ley Nacional de Bosques Nativos (26.331) prohíbe desmontar zonas clasificadas como rojas y amarillas, categorías que implican alto o mediano valor de conservación. Pero en Santiago del Estero, los cambios discrecionales en la zonificación permitieron desmontar incluso áreas que deberían estar protegidas.
Según Greenpeace, el 82% de los bosques santiagueños están catalogados como amarillos, aunque en la práctica se permiten recortes bajo argumentos productivos. En 2024, esta provincia ya había encabezado la deforestación nacional con 54.123 hectáreas perdidas. “Es un business as usual”, denunció Giardini, señalando la connivencia entre productores foráneos, la promoción estatal de la ganadería y el débil control provincial.
Un ejemplo paradigmático es el del empresario Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero de desmontar 11.000 hectáreas en una finca cercana a la frontera con Salta y Tucumán.
Chaco: la cautelar que incomoda al poder político
En Chaco, aunque la deforestación bajó respecto al año pasado (39.182 hectáreas en 2024), todo el desmonte registrado en 2025 viola la medida cautelar emitida por la jueza federal Zunilda Niremperger, que en agosto pasado prohibió cualquier desmonte hasta septiembre de este año. La causa fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA), que denunció una red de lavado de dinero, tráfico de influencias y cohecho vinculada al negocio del desmonte ilegal.
Entre los acusados figura el exministro de Producción Hernán Halavacs, quien renunció en 2024. Sin embargo, según Greenpeace, la actual administración provincial liderada por Leandro Zdero no ha mostrado voluntad de diálogo ni compromiso real para hacer cumplir las prohibiciones.
El nuevo ministro de Producción, Oscar Dudik, admitió que la legislación es insuficiente pero negó presiones políticas a la Justicia. Anunció una reforma para triplicar multas, monitorear las topadoras con chips rastreadores y fomentar procesos productivos más sustentables. Sin embargo, organizaciones ambientalistas señalan que sin un compromiso real de control ni recursos para la conservación, todo será apenas cosmético.
El doble discurso del “desarrollo”
Los gobiernos provinciales justifican el desmonte como una vía para impulsar el desarrollo económico en las provincias más empobrecidas. Pero para Greenpeace y otras organizaciones, los desmontes ilegales son pan para hoy y hambre para mañana.
“Los mercados internacionales ya no toleran productos asociados a la deforestación. El acuerdo Unión Europea–Mercosur exige trazabilidad y la Argentina se comprometió a deforestación cero para 2030”, recordó Giardini.
Sin fondos, sin control y sin futuro
El incumplimiento de la Ley de Bosques no solo se refleja en los desmontes. También en la falta de financiamiento: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos nunca llegó al presupuesto estipulado por la ley. Durante la administración de Javier Milei, el panorama se agravó con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental (Fobosque), que debía ser una herramienta clave para la conservación.
Mientras tanto, las topadoras avanzan. Y los mapas satelitales siguen mostrando cómo el verde retrocede y es reemplazado por un mosaico amarillo de campos ganaderos y sojeros.
Porque en Chaco y Santiago del Estero, como en gran parte del norte argentino, la deforestación no es un accidente: es un modelo.
