Mientras se recortan obras esenciales en educación, salud e infraestructura vial, el Gobierno nacional destina $125 millones en el Presupuesto 2026 para impulsar la exploración de uranio en Chubut, una medida que despierta fuertes cuestionamientos desde organizaciones sociales, comunidades locales y sectores ambientalistas.
El financiamiento será administrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y está destinado a la prospección en dos zonas claves: la Cuenca Cañadón Asfalto, en el departamento Paso de Indios, y el Macizo del Deseado, en el sur provincial. Ambos territorios son reconocidos por su biodiversidad, sus recursos hídricos y su importancia cultural para pueblos originarios y comunidades rurales.
Desde diversos sectores advierten que se trata de un nuevo avance del extractivismo nuclear, que pone en jaque los bienes comunes, la salud de los ecosistemas y el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus territorios.
Un modelo de país en discusión
La inclusión de esta partida presupuestaria no pasó desapercibida. Según observadores críticos, la medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca promover inversiones en sectores extractivos como el petróleo, el gas, el litio y ahora el uranio, a pesar de los conflictos sociales y ambientales que estas actividades suelen generar.
A esto se suma el acompañamiento político del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que, pese al rechazo social expresado en ocasiones anteriores —incluyendo movilizaciones históricas contra la megaminería—, parece alinearse con los intereses nacionales y de capitales extranjeros vinculados al sector nuclear.
“Este tipo de inversiones prioriza intereses económicos de corto plazo, sin evaluar el impacto ambiental ni el consentimiento social. En Chubut ya dijimos NO a la megaminería, y lo vamos a volver a decir frente al uranio”, expresaron desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
¿Qué implica explorar uranio?
El uranio es un recurso estratégico utilizado para la generación de energía nuclear. Sin embargo, su exploración y explotación traen aparejados riesgos severos: contaminación de fuentes de agua, liberación de materiales radiactivos, afectación de la biodiversidad y acumulación de residuos peligrosos que permanecen activos por miles de años.
A diferencia de otras provincias, Chubut no cuenta con una ley específica que prohíba la minería de uranio, aunque desde 2003 rige la Ley 5001, que impide la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. No obstante, sectores ambientalistas alertan que la falta de una normativa específica deja una puerta abierta para este tipo de proyectos.
La deuda ambiental y la licencia social
Años atrás, proyectos similares impulsados por la CNEA ya habían intentado avanzar en la región, pero fueron detenidos por el rechazo de las comunidades. La licencia social para este tipo de actividades continúa siendo inexistente, y muchas localidades chubutenses ya han declarado sus territorios como “libres de minería contaminante” a través de ordenanzas municipales.
En un contexto donde se postergan obras claves para la calidad de vida de millones de argentinos, el impulso al extractivismo nuclear genera preguntas urgentes:
¿Quién decide qué se explora y qué se cuida? ¿Qué modelo de desarrollo se está promoviendo? ¿Y quiénes cargan con las consecuencias?
La discusión sobre la exploración de uranio en Chubut no es solo técnica ni económica: es profundamente política y ambiental, y vuelve a poner sobre la mesa el conflicto histórico entre extractivismo y derechos colectivos en el sur argentino.
