La Política Ambiental
Paraná, 26 de septiembre de 2025 — En una decisión considerada clave para el acceso a la justicia ambiental, la Cámara Federal de Paraná revocó una resolución de primera instancia y confirmó que el Juzgado Federal de Victoria continuará tramitando la causa iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná contra el empresario Rufino Pablo Baggio y otros demandados, en el marco de los incendios que arrasaron miles de hectáreas de humedales en el Delta del Paraná.
El fallo, firmado por los camaristas Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, hizo lugar al recurso de apelación de la ONG actora, que había cuestionado la decisión del juez de Paraná, Federico Martín, quien había dispuesto remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara consideró que, pese a la intervención de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe como terceros citados, el litigio se centra en la responsabilidad de particulares por el daño ambiental, por lo que no corresponde atribuir competencia originaria al Máximo Tribunal.
Cinco años de demora judicial
La demanda, presentada en 2020, reclama la recomposición del ambiente dañado y una indemnización sustitutiva por las quemas y la construcción de terraplenes en las islas. Los acusados son propietarios y arrendatarios de los campos donde se produjeron los incendios, mientras que las provincias y la Municipalidad de Victoria fueron incorporadas como terceros, sin responsabilidad directa sobre los daños.
En su resolución, la Cámara fue crítica con la actuación del juez de Paraná:
“Es relevante destacar —como lo expresa el recurrente— el extenso lapso transcurrido en esta causa, siendo el juez federal de Victoria quien tiene profundo conocimiento del proceso, proximidad a la zona ambiental afectada e inmediatez con los hechos acaecidos. Todo ello conlleva a considerar la relevancia de su continuidad en la causa”, sostuvieron los magistrados.
La obligación de garantizar tutela judicial efectiva
El abogado Fabián Maggi, representante de la ONG e integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), celebró la decisión y recordó que los jueces “tienen la obligación de dictar sentencia en un plazo razonable, un derecho humano fundamental reconocido por los pactos internacionales”. Advirtió además sobre las demoras que afectan las causas vinculadas a los incendios del Delta del Paraná.
Por su parte, la abogada Gimena Viviani, también integrante del equipo legal, destacó que el criterio de la Cámara “se ajusta a los recientes lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos estableció que los Estados deben garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia ambiental, evitando que los formalismos procesales neutralicen la protección de los ecosistemas”.
Viviani recordó que el tribunal internacional reconoció por primera vez el derecho autónomo a un clima sano, y subrayó que “los incendios y el ecocidio en el Delta del Paraná son un factor que acelera el cambio climático”.
Un escenario ambiental crítico
El Delta del Paraná ha sido escenario de incendios reiterados en los últimos años, atribuidos a prácticas intencionales ligadas a intereses agropecuarios e inmobiliarios. El caso Baggio se convirtió en un emblema porque pone en el centro del debate la responsabilidad de actores privados y la necesidad de acciones de recomposición ambiental.
Un precedente para la justicia ambiental
Con esta resolución, la Cámara Federal de Paraná no solo asegura la continuidad del proceso en la jurisdicción más cercana a la zona afectada, sino que también sienta un precedente relevante para la justicia ambiental argentina: confirma que las dilaciones procesales no pueden prevalecer sobre el derecho de la sociedad a un ambiente sano y sobre la obligación del Estado de dar respuestas eficaces ante los daños ecológicos.
