Mendoza decide su rumbo: la Legislatura vota el proyecto PSJ Cobre Mendocino en un clima de tensión social y defensa del agua

Llegó el día. La Legislatura de Mendoza vota el proyecto PSJ Cobre Mendocino —el antiguo San Jorge— en lo que se considera una de las sesiones más decisivas de las últimas dos décadas para el futuro de la minería en la provincia. La decisión llega en medio de una movilización masiva que, desde hace días, recorre la montaña y las rutas bajo la consigna Gesta Libertadora por el Agua, denunciando los impactos ambientales y la amenaza sobre las cuencas hídricas.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial, busca obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilitaría la explotación de cobre y otros minerales en Uspallata. Para los defensores de la iniciativa, se trata de una oportunidad de inversión, empleo y “desarrollo productivo”. Para sus opositores —asambleas, vecinos, organizaciones socioambientales, sectores científicos y agricultores—, el emprendimiento representa un riesgo estructural para el agua en una provincia marcada por la crisis hídrica y el retroceso de glaciares.

Los argumentos en disputa: minería vs. agua
La sesión se desarrolla en un clima de máxima tensión. El oficialismo sostiene que el proyecto cumple con los estándares ambientales y que la minería puede convivir con la agricultura y el turismo, pilares históricos de la economía mendocina.

Pero los informes críticos advierten lo contrario. Especialistas del CONICET señalaron la falta de datos completos, errores en la línea de base de agua y omisiones en los análisis de impacto sobre glaciares y ambiente periglaciar. El Gobierno retiró el documento de circulación, lo que profundizó el malestar social.

Las asambleas señalan que el emprendimiento utilizaría sustancias tóxicas y grandes volúmenes de agua en una zona que funciona como cabecera de cuencas y donde nacen ríos fundamentales para el oasis norte. Temen que una eventual aprobación abra la puerta a futuros proyectos, desdibujando los límites que hoy establece la Ley 7722 y sumándose a un contexto nacional donde también se intenta flexibilizar la Ley de Glaciares.

Un debate que excede Mendoza
La votación se produce mientras a nivel nacional se discute la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, una norma que desde 2010 impide avanzar con minería e hidrocarburos en zonas glaciares y periglaciares. La coincidencia temporal no pasa desapercibida para las organizaciones, que ven en ambos procesos una estrategia coordinada de ampliación del extractivismo sobre territorios vitales para la soberanía hídrica.

La preocupación está respaldada por datos: Argentina perdió casi la mitad de su superficie glaciar en 30 años. En este contexto, cualquier intervención en zonas de montaña aumenta la vulnerabilidad de las cuencas y reduce la capacidad del territorio para adaptarse al cambio climático.

La calle como actor central
Mientras los senadores debaten, miles de personas permanecen en las inmediaciones de la Legislatura. Llegaron caminando, en bicicleta, en caravanas y vehículos desde distintos puntos cordilleranos. La movilización retomó símbolos de luchas históricas en Mendoza, como el levantamiento popular de 2019 que frenó la modificación de la Ley 7722.

Para muchos jóvenes, esta es su primera experiencia de participación masiva en defensa del ambiente. La consigna que más se repite sintetiza el sentido común de esta etapa: sin agua no hay futuro posible.

Qué puede pasar
El resultado sigue abierto. Si el Senado aprueba la DIA, se habilitará la primera gran explotación metalífera en años, modificando el equilibrio institucional construido tras largos conflictos. Si la rechaza, reforzará el rol de Mendoza como una de las provincias con mayor resistencia social a la megaminería.

Pero más allá del voto, lo que está en debate es el modelo de desarrollo que quiere la provincia y, por extensión, el país. Con glaciares en retroceso, cuencas tensionadas y una demanda creciente de minerales estratégicos, la decisión de hoy marcará un precedente para otras provincias y para la política ambiental nacional.

El agua, la montaña y los bienes comunes vuelven a ocupar el centro de la agenda. Y la respuesta social demuestra que, a pesar de los intentos de avanzar con reformas regresivas, la defensa del territorio sigue siendo un límite que una parte importante de la población no está dispuesta a negociar.