La Ley de Glaciares en peligro: la reforma que pone en riesgo el agua, el vino y la democracia ambiental

La Ley de Glaciares (Ley 26.639) es una de las normas ambientales más importantes de la Argentina. Sancionada en 2010 tras años de debate, luchas sociales y vetos presidenciales, nació con un objetivo claro: proteger los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce frente al avance de actividades extractivas de alto impacto, especialmente la megaminería.

Hoy, esa ley vuelve a estar en el centro de la escena. El Gobierno nacional impulsa una reforma que, según sostiene oficialmente, busca “dar previsibilidad jurídica”, “ordenar competencias” y “no frenar inversiones”. Sin embargo, para la comunidad científica, organizaciones socioambientales, juristas especializados y asambleas territoriales, los cambios propuestos implican un debilitamiento estructural de la protección de los glaciares y una amenaza directa a la seguridad hídrica del país.

Lo que se discute no es técnico ni menor. En un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y estrés hídrico creciente, modificar la ley que protege las principales reservas de agua del país abre un escenario de alto riesgo ambiental, productivo y social.

¿Qué quiere cambiar el Gobierno y por qué importa?

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no deroga la Ley de Glaciares, pero modifica artículos centrales que alteran su espíritu original. El cambio de fondo es conceptual: se pasa de una lógica de protección amplia y preventiva a un esquema condicionado por evaluaciones técnicas posteriores y decisiones administrativas provinciales.

Mientras la ley original protegía de manera integral todos los glaciares y ambientes periglaciares hasta que se demostrara lo contrario, la modificación propone que solo queden alcanzados aquellos que cumplan funciones hídricas específicas verificadas. Esto reduce el universo de protección y deja zonas sensibles expuestas mientras se discute si “merecen” ser protegidas.

Este corrimiento no es menor. El ambiente periglaciar cumple un rol clave en la regulación del agua, incluso cuando no presenta grandes masas de hielo visibles. Limitar su protección implica desconocer evidencia científica acumulada durante décadas.

Cuadro comparativo: ley original vs modificaciones propuestas

Inventario Nacional de Glaciares: el rol de la ciencia pública

El Inventario Nacional de Glaciares fue concebido como una herramienta científica, no política. Su elaboración a cargo del IANIGLA responde a una necesidad básica: garantizar criterios homogéneos y basados en evidencia para todo el territorio nacional.

Los glaciares son sistemas dinámicos. Cambian, se fragmentan, se cubren de sedimentos y muchas veces no son fácilmente visibles. Por eso la inclusión del ambiente periglaciar es clave para comprender el funcionamiento hídrico de las cuencas.

Delegar en las provincias la facultad de excluir glaciares del inventario introduce un conflicto de intereses evidente, especialmente en jurisdicciones con fuerte presión minera. La ciencia deja de ser un límite y pasa a ser una variable negociable.

Catamarca y MARA: cuando la ley ya no alcanza

El proyecto minero MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera) en la provincia de Catamarca se convirtió en uno de los ejemplos más citados por organizaciones socioambientales para explicar por qué la reforma de la Ley de Glaciares genera tanta preocupación. Incluso con la normativa vigente, los controles sobre actividades extractivas en zonas de alta sensibilidad hídrica han sido débiles, fragmentados y, en muchos casos, cuestionados por la Justicia y por las comunidades locales.

MARA se emplaza en un territorio donde existen geoformas periglaciares y sistemas hídricos de montaña que cumplen un rol clave en la regulación del agua. Diversos informes técnicos y denuncias comunitarias advierten que las actividades de exploración y obras asociadas avanzaron sobre zonas que deberían estar protegidas por la Ley de Glaciares, especialmente por su función en la recarga de cuencas.

La discusión no es abstracta. En Catamarca, el agua es un recurso escaso y vital para comunidades rurales, agricultura familiar y ecosistemas frágiles. El impacto potencial de una mina metalífera a gran escala no se limita al área inmediata del yacimiento: afecta cursos de agua que atraviesan distintas jurisdicciones y sostienen economías regionales enteras.

Lo que MARA deja en evidencia es que el problema no es solo la letra de la ley, sino su aplicación. Frente a este escenario, la reforma impulsada por el Gobierno nacional no refuerza los controles ni mejora los mecanismos de protección. Por el contrario, al flexibilizar definiciones clave y delegar mayores decisiones en autoridades provinciales, corre el riesgo de legitimar situaciones que hoy ya son motivo de conflicto.

Para las comunidades afectadas, el mensaje es claro: si con una ley estricta los glaciares y ambientes periglaciares ya enfrentan amenazas, una normativa más laxa profundizará la desigualdad territorial y la vulnerabilidad hídrica.

Principios del derecho ambiental en retroceso

La reforma de la Ley de Glaciares no solo modifica artículos específicos: impacta de lleno en los principios estructurales del derecho ambiental argentino, consagrados tanto en la Ley General del Ambiente como en la jurisprudencia nacional e internacional.

El principio de prevención establece que los daños ambientales deben evitarse antes de que ocurran, y no repararse después. La ley original cumplía esta lógica al prohibir determinadas actividades en glaciares y ambientes periglaciares. La reforma, al trasladar la decisión a evaluaciones posteriores, debilita este enfoque preventivo.

El principio precautorio indica que, ante la falta de certeza científica, debe prevalecer la protección del ambiente. La modificación introduce una paradoja: solo se protege aquello que puede demostrar de manera inmediata su función hídrica, ignorando procesos complejos, dinámicos y de largo plazo propios de los sistemas glaciares.

La sustentabilidad implica satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. En un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y estrés hídrico, reducir estándares de protección va en sentido contrario a cualquier política ambiental responsable.

La equidad intergeneracional es quizás el principio más afectado. Los glaciares tardan siglos en formarse, pero pueden destruirse en pocos años. Las decisiones actuales no impactan solo en esta generación, sino en las que todavía no existen. La reforma prioriza beneficios económicos inmediatos por sobre derechos futuros.

Finalmente, la participación ciudadana, pilar del derecho ambiental, queda debilitada cuando las decisiones se concentran en instancias técnicas o administrativas con menor control social. La pérdida de espacios efectivos de participación agrava los conflictos socioambientales en lugar de resolverlos.

Federalismo ambiental y Constitución Nacional

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la reforma es el llamado “federalismo ambiental”. Sin embargo, especialistas advierten que este concepto está siendo utilizado de manera parcial y funcional a la flexibilización normativa.

La Constitución Nacional es clara. El artículo 41 establece que la Nación debe dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias pueden complementarlos, pero nunca reducirlos. La Ley de Glaciares es, precisamente, uno de esos presupuestos mínimos.

El artículo 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, pero ese dominio no es absoluto. Está condicionado por la obligación de proteger bienes ambientales estratégicos, especialmente cuando su afectación trasciende fronteras provinciales.

El agua no respeta límites administrativos. La pérdida o degradación de un glaciar en Mendoza puede afectar cuencas que abastecen a La Pampa u otras provincias. Por eso la ley no deja la protección en manos exclusivas de las jurisdicciones locales, sino que establece un marco nacional basado en la interjurisdiccionalidad del recurso hídrico.

Además, los glaciares no son estructuras fijas. Se desplazan, se transforman y evolucionan con el tiempo. El ambiente periglaciar actúa como zona de amortiguación y regulación. Fragmentar su protección implica desconocer la dinámica real de los sistemas naturales.

Desde esta perspectiva, la reforma no fortalece el federalismo: lo distorsiona. En lugar de cooperación entre niveles de gobierno, promueve una competencia desigual por atraer inversiones, poniendo en riesgo bienes comunes que deberían ser protegidos de manera colectiva.

Qué está en juego en el Congreso

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares excede ampliamente una discusión técnica o jurídica. Lo que está en juego es una definición estratégica sobre el modelo de desarrollo que la Argentina elige en un contexto de crisis climática, escasez de agua y creciente conflictividad socioambiental.

Para el Gobierno nacional, la modificación busca eliminar “trabas” y dar señales al mercado. Para organizaciones ambientales, comunidades, científicos y sectores productivos dependientes del agua, se trata de un retroceso que compromete la seguridad hídrica del país.

El Congreso se enfrenta a una decisión histórica: sostener una ley que fue pensada como un piso de protección ambiental o habilitar una reinterpretación que puede vaciarla de contenido. No se discute solo minería, sino el acceso al agua, la planificación territorial y los derechos de las generaciones futuras.

En un escenario de glaciares en retroceso acelerado y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, reducir estándares ambientales no es una decisión neutra. Es una apuesta que transfiere riesgos a las provincias, a las comunidades y al futuro.

La pregunta de fondo no es si la Argentina necesita inversiones, sino qué tipo de inversiones y bajo qué condiciones. El debate legislativo definirá si el agua sigue siendo un bien común protegido o una variable más en la ecuación económica.