La Política Ambiental
La Justicia de Mendoza rechazó una acción de amparo colectivo que buscaba anular la Ley 9.588, norma que ratificó las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 34 proyectos de exploración minera en el Distrito Minero Malargüe Occidental. La decisión representa un nuevo respaldo institucional al avance del esquema minero impulsado por el gobierno provincial y mantiene habilitadas las tareas de exploración iniciadas en 2024.
El fallo fue dictado por la jueza María Angélica Gamboa, del 3º Tribunal de Gestión Asociada, quien desestimó la presentación realizada por Eduardo Sosa y la Fundación Cullunche. Los accionantes habían solicitado que se declarara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley por presuntas irregularidades en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y por los riesgos ecológicos asociados a los proyectos.
Qué analizó la Justicia
Según la resolución, el amparo no era la vía judicial adecuada para cuestionar la aprobación de las DIAs. El tribunal sostuvo que existen otras vías más idóneas, como el proceso contencioso-administrativo, y que no se acreditó una ilegalidad manifiesta ni un daño ambiental inminente que justificara recurrir a esta herramienta excepcional.
La jueza también afirmó que, en una evaluación preliminar, el procedimiento administrativo cumplió con las normas ambientales vigentes, respetando las etapas formales exigidas para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental. En ese marco, descartó la existencia de una arbitrariedad ostensible por parte del Estado provincial.
En relación con la legitimación para demandar, el fallo reconoció que la Fundación Cullunche sí se encuentra habilitada para accionar en defensa del ambiente, pero consideró que Eduardo Sosa no logró acreditar su condición de “afectado directo”, requisito clave para sostener la acción.
Otro punto central del rechazo fue la crítica a la estrategia jurídica de los demandantes: la jueza cuestionó que se utilizaran argumentos generales y uniformes contra 34 proyectos distintos, cuando cada uno cuenta con su propio Informe de Impacto Ambiental y características técnicas específicas.
Qué denunciaban los accionantes
La acción de amparo sostenía que el proceso que culminó con la sanción de la Ley 9.588 estuvo viciado desde su origen. Entre los principales cuestionamientos, señalaron que los informes presentados por la empresa estatal Impulsa Mendoza carecían de precisión sobre las actividades proyectadas y sus ubicaciones; que los proyectos no habían cumplido con etapas previas indispensables antes de pasar a la exploración; y que los estudios técnicos se basaron en información parcial del territorio.
También denunciaron una participación ciudadana deficiente, con instancias que —según afirmaron— no garantizaron un debate real ni acceso completo a la información. A su vez, advirtieron que las DIAs habilitan actividades iniciales pero dejan en manos de la Autoridad Ambiental Minera la decisión sobre el resto de las tareas exploratorias, lo que consideraron un margen excesivo de discrecionalidad estatal.
En ese marco, calificaron el procedimiento como “amañado” y orientado a priorizar intereses corporativos por sobre la protección del ambiente, alertando sobre posibles efectos irreversibles en el equilibrio ecológico de Malargüe.
Un proceso que sigue avanzando
Con el rechazo del amparo, la Ley 9.588 continúa plenamente vigente y los 34 proyectos de exploración minera ya aprobados en el departamento de Malargüe siguen su curso. Además, la Legislatura mendocina ya dio luz verde a una segunda tanda de 27 proyectos en el mismo distrito, mientras el Ejecutivo provincial evalúa otras 71 iniciativas adicionales.
Desde el plano judicial, la discusión de fondo podría reabrirse si la Fundación Cullunche decide avanzar por otras vías procesales. En el ámbito administrativo, los proyectos del Distrito Minero Malargüe Occidental permanecen bajo supervisión de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y, dentro de un año, deberán solicitar la actualización de su autorización ante la Autoridad Minera.
Un debate que excede los tribunales
El fallo judicial no cierra la controversia social y ambiental en torno a la minería en el sur mendocino. Por el contrario, consolida un escenario en el que el modelo extractivo avanza con aval institucional, mientras persisten cuestionamientos sobre participación ciudadana, controles ambientales y el rumbo productivo de la provincia.
En un contexto nacional atravesado por debates sobre la flexibilización de normas ambientales y el impulso a la explotación de recursos estratégicos, el caso Malargüe vuelve a plantear una pregunta de fondo: qué peso real tienen las evaluaciones ambientales y la voz de las comunidades frente a un esquema de desarrollo que apuesta fuertemente por la minería.
