El Senado de la Nación decidió no incluir en la sesión prevista el tratamiento de la reforma de la Ley 26.639 de Glaciares, en una jornada atravesada por la discusión del proyecto de Reforma Laboral y por fuertes tensiones políticas en el Congreso.
La postergación del debate ambiental fue señalada públicamente por Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, quien denunció en su cuenta de X que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se retiró de la comisión mientras se reclamaba garantizar la participación de organizaciones socioambientales y la convocatoria a una audiencia pública.
Desde sectores opositores y organizaciones ambientales sostienen que la decisión constituye una maniobra para relegar la discusión sobre la protección de glaciares en medio de la negociación política por la reforma laboral, que hoy concentra la agenda legislativa y las principales disputas parlamentarias.
Una ley clave en disputa
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y estableció presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohíbe actividades que puedan afectar estas áreas y creó el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica de protección.
El proyecto de reforma plantea “armonizar” criterios ambientales con incentivos productivos —especialmente vinculados a la minería— bajo el argumento de otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer la autonomía de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
Sin embargo, especialistas, científicos y legisladores críticos advierten que la modificación implicaría una flexibilización de estándares y una posible regresión en materia ambiental. Señalan que cualquier reducción en el nivel de protección podría entrar en tensión con el principio de no regresión y con el mandato constitucional del artículo 41, que impone al Estado la obligación de garantizar un ambiente sano.
Movilización social
En paralelo al debate parlamentario, organizaciones sociales y asambleas territoriales convocaron movilizaciones bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”, expresando rechazo a cualquier intento de modificación que pueda comprometer la seguridad hídrica del país.
El freno en el Senado no clausura la discusión, pero sí evidencia la jerarquización política de prioridades en un contexto de alta conflictividad legislativa. Entre la presión de sectores extractivos, la disputa por el modelo de desarrollo y la negociación de reformas estructurales, la protección del agua vuelve a quedar en suspenso dentro del Congreso.
