La barranca que desciende hacia el río Paraná, a pocos metros del espacio público conocido como Bajada Botto, quedó en el centro de una decisión judicial urgente. El Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás ordenó a la empresa Atanor S.A.I.C. que proceda al vallado y señalización del sector lindero a sus instalaciones industriales, luego de que se detectara contaminación con un herbicida en niveles superiores a los permitidos.
La medida cautelar alcanza a la firma controlada por el grupo internacional Albaugh, que ya había sido sancionada en el pasado por presuntas prácticas contaminantes en la zona.
Trifluralina en el suelo
El disparador de la resolución fue la detección de trifluralina —un herbicida utilizado en cultivos extensivos— en suelos cercanos a la planta industrial. Según trascendió en el expediente, las concentraciones halladas superan los límites admitidos, lo que encendió alertas desde el punto de vista sanitario y ambiental.
El área afectada se encuentra próxima a un sector frecuentado por vecinos y familias, lo que reforzó la urgencia de la intervención judicial. La cautelar establece que Atanor deberá realizar el cerramiento en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de una multa diaria de 100 mil pesos en caso de incumplimiento.
Remediación y control oficial
La resolución no se limita al vallado. También intima a la empresa a presentar, en el mismo plazo de tres días, un cronograma definitivo de remediación ambiental que detalle cómo se abordará la descontaminación del área afectada.
En paralelo, se informó que se están analizando muestras adicionales en un radio de 500 metros para determinar el alcance real de la dispersión de los residuos y establecer si la contaminación excede el perímetro inicialmente identificado.
El control de la ejecución de la medida quedará a cargo del Ministerio de Ambiente y de la Municipalidad de San Nicolás, que deberán trabajar en conjunto para verificar que el vallado se concrete en condiciones que garanticen la seguridad de la población.
La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa la actividad industrial en la ribera del Paraná y reabre el debate sobre el control estatal en zonas donde conviven plantas químicas, espacios públicos y cursos de agua estratégicos.
