Represión en el Congreso: operativo policial contra la protesta por la Ley de Glaciares no frenó la movilización

En un nuevo miércoles marcado por el despliegue de seguridad en el centro porteño, la Policía de la Ciudad avanzó con un fuerte operativo sobre la manifestación convocada en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. El procedimiento incluyó escudos, bastones, gases lacrimógenos y empujones para impedir la concentración prevista en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

El accionar policial se dio en el marco del habitual operativo contra la marcha de jubilados, pero esta vez alcanzó también a organizaciones socioambientales, activistas y ciudadanos que se movilizaron bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. La intervención dejó al menos una persona detenida y múltiples denuncias por agresiones a adultos mayores, personas en situación de calle y trabajadores de prensa.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo buscó evitar la concentración en puntos estratégicos del centro, aunque en los hechos funcionó como un mecanismo de disuasión previo a la movilización hacia el Congreso. Pese a ello, la protesta no se desarticuló.

La columna principal, encabezada por una bandera con la consigna contra la reforma, fue desplazada por las fuerzas de seguridad hasta las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. Sobre la calle Sáenz Peña se estableció un vallado que bloqueó el acceso a Avenida de Mayo, previamente cortada por el dispositivo policial.

Tras los incidentes, los manifestantes lograron reagruparse y avanzar hacia el Congreso Nacional, donde comenzó una concentración sostenida con distintas actividades a la espera del tratamiento legislativo del proyecto.

El eje del reclamo apunta contra el avance de la reforma impulsada por sectores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores del peronismo alineados con gobernadores de provincias mineras. La iniciativa busca modificar el esquema actual de protección para que sean las provincias las que definan qué áreas glaciares y periglaciares pueden ser habilitadas para la explotación minera.

Desde distintos sectores políticos y organizaciones ambientales advierten que el proyecto podría vulnerar el régimen de presupuestos mínimos establecido por la normativa vigente y contradecir el principio de no regresividad ambiental. En esa línea, también se plantean cuestionamientos de constitucionalidad que podrían derivar en futuros conflictos judiciales si la reforma avanza.

Mientras tanto, en las calles, la protesta continúa. La escena combina tensión, presencia policial y una movilización que, pese a los intentos de dispersión, mantiene su objetivo: frenar una modificación legislativa que, según denuncian, pone en riesgo reservas estratégicas de agua en el país.