La Política AmbientalLa fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a una mujer de 36 años por falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, en el marco de la investigación por la boda de lujo realizada en la Quebrada de Las Conchas.
Según el Ministerio Público Fiscal, la acusada habría confeccionado y utilizado un documento apócrifo para simular una autorización oficial que permitiera llevar adelante el evento en una zona protegida. La imputada anticipó que presentará su descargo por escrito dentro del plazo legal de 48 horas.
La causa se inició a partir de la denuncia de un empleado de la Secretaría de Medio Ambiente de Salta. El 23 de marzo, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 68, detectó una estructura montada en plena reserva natural: escenario, iluminación y sistema de sonido, todo preparado para un evento de gran escala.
Ante el requerimiento de autorización, los organizadores exhibieron una copia impresa de un supuesto permiso oficial, que habría sido remitido en formato digital por la ahora imputada. Sin embargo, el documento presentaba inconsistencias evidentes: un membrete institucional desactualizado y una firma que no correspondía a ningún funcionario competente.
El propio secretario de Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazábal, negó haber autorizado el evento y luego formalizó la denuncia, calificando el permiso como falso.
En paralelo, avanzan las medidas de prueba. Funcionarios del área ambiental ya prestaron declaración, entre ellos el subsecretario Normando Fermín Zúñiga Derendinger y el guardaparques Gonzalo Cristofani. Para los próximos días están previstas las testimoniales de efectivos policiales que participaron del procedimiento.
El expediente apunta ahora a reconstruir la secuencia completa: cómo se generó el documento, quiénes lo utilizaron y qué nivel de control existió por parte de las autoridades.
Más allá de la imputación penal, el caso dejó expuesta una zona gris en la actuación estatal. Según declaró el propio subsecretario Zúñiga, el área de Ambiente había tomado conocimiento previo del evento y detectado irregularidades en la autorización. Aun así, la actividad no fue suspendida y la boda se realizó.
Ese dato introduce una pregunta que todavía no tiene respuesta clara: si existían indicios de que el permiso era falso antes del evento, ¿por qué no se activaron mecanismos para impedirlo?
La investigación judicial se centra, por ahora, en la falsificación del documento. Sin embargo, el desarrollo del caso podría abrir otras líneas vinculadas al control administrativo, la eventual responsabilidad de organizadores y la posible existencia de vínculos o gestiones que hayan facilitado la realización del evento en un área protegida.
