La Política Ambiental
La disputa interprovincial por el desarrollo del proyecto minero Vicuña volvió a escalar tras una decisión judicial que ordenó la suspensión de actividades por un plazo de 30 días. La medida, impulsada a partir de un reclamo del gobierno de La Rioja, introduce un freno precautorio sobre una de las iniciativas extractivas más relevantes del noroeste argentino y reabre el debate sobre los estándares de evaluación ambiental en zonas limítrofes.
El planteo fue promovido por la autoridad ambiental riojana, encabezada por el secretario Santiago Azulay, quien cuestionó la falta de acceso a información integral sobre el emprendimiento. Según sostuvo, los estudios presentados hasta el momento exhiben una “segmentación” que impide evaluar de manera completa los impactos acumulativos del proyecto, especialmente en relación con posibles efectos sobre territorio riojano.
El proyecto Vicuña se articula en torno a los yacimientos José María y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan, en una zona próxima al límite interprovincial. Esa localización es el núcleo del conflicto: mientras San Juan impulsa el desarrollo como parte de su estrategia minera, La Rioja advierte que los impactos ambientales —en particular sobre cuencas hídricas y ecosistemas de alta montaña— podrían exceder la jurisdicción de origen.
La resolución judicial se sustenta en el principio preventivo, uno de los pilares del derecho ambiental argentino, que habilita la adopción de medidas cautelares ante la mera posibilidad de daño grave o irreversible. En este caso, el tribunal ordenó la paralización temporal de las actividades y otorgó un plazo para que la empresa presente un estudio de impacto ambiental completo, que contemple de forma integral los efectos del proyecto.
Desde La Rioja advirtieron que el incumplimiento de la orden podría derivar en responsabilidades por desobediencia judicial, lo que eleva la tensión institucional entre ambas provincias y agrega un componente penal al conflicto.
Más allá de la suspensión transitoria, el caso expone una problemática estructural: la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interjurisdiccional en proyectos extractivos que operan en zonas de frontera provincial. La resolución abre un precedente relevante sobre el alcance territorial de los estudios de impacto ambiental y podría anticipar una judicialización más amplia si no se establecen criterios claros de evaluación y participación.
El plazo de 30 días funcionará ahora como una instancia crítica. De su resultado dependerá no solo la continuidad del proyecto Vicuña, sino también el estándar con el que se analizarán futuras iniciativas mineras en regiones compartidas.
