La Política Ambiental
La quiebra del Aquarium en Mar del Plata no solo dejó animales en un limbo. También expuso una realidad incómoda: antes de llegar a este punto, el propio emprendimiento ya había empezado a desprenderse de ejemplares para sostenerse. Hoy, con los pingüinos en la mira por cifras cercanas al millón de dólares, ese antecedente vuelve a cobrar fuerza y agrava la polémica.
Lo que está en juego ya no es solo una crisis económica. Es la forma en que se manejó —y se sigue manejando— la fauna dentro de un negocio que se desmoronó.
Antes del cierre definitivo, el acuario ya había recurrido a una medida extrema: vender sus delfines.
Se trató de un grupo de ejemplares trasladados al exterior en una operación que rondó los 800.000 dólares. El destino fue Egipto, donde estos animales pasaron a formar parte de otro complejo de exhibición.
Ese dinero permitió sostener el funcionamiento durante los últimos meses, pero no evitó el desenlace: el acuario terminó cerrando igual.
Hoy ese antecedente cobra otro peso. Marca un patrón claro: cuando la crisis avanzó, la salida fue vender animales.
Con la quiebra ya en marcha, la historia parece repetirse. Ahora el foco está puesto en los pingüinos, especialmente en especies más codiciadas como los rey y los saltarines.
Las cifras que se manejan son incluso más altas:
El paralelismo es evidente: primero fueron los delfines, ahora podrían ser los pingüinos.
El Aquarium de Mar del Plata, ubicado en la zona sur de la ciudad, fue inaugurado a comienzos de la década del 90 como uno de los parques marinos más importantes del país, con espectáculos de delfines, lobos marinos y otras especies que lo convirtieron durante años en una atracción turística masiva. Sin embargo, desde sus primeros años también estuvo rodeado de polémicas por el uso de animales con fines de entretenimiento, las condiciones de cautiverio y los traslados de especies. Con el paso del tiempo, organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad comenzaron a cuestionar cada vez más este modelo, denunciando estrés en los animales, falta de bienestar y prácticas que priorizaban el espectáculo por sobre la conservación. Esas críticas se intensificaron en los últimos años, especialmente con la prohibición de espectáculos con animales en distintos lugares del mundo y el cambio de percepción social sobre este tipo de actividades, dejando al acuario en el centro de un debate que hoy, tras su quiebra, vuelve a explotar con fuerza.
El proceso está completamente judicializado. No hay una subasta abierta, pero sí un mecanismo donde distintas instituciones presentan ofertas que luego son evaluadas en varias instancias. La venta se define a través de la recepción de propuestas del exterior, la evaluación de las condiciones sanitarias y legales, la verificación de los destinos posibles y, finalmente, la autorización del juzgado para concretar cada traslado.
Aunque existen controles formales, el componente económico sigue teniendo un peso central en cada decisión.
En total, quedan entre 60 y 70 animales en el predio, entre pingüinos y lobos marinos. Todos requieren cuidados constantes, alimentación especializada y atención veterinaria.
No pueden ser liberados. No hay infraestructura suficiente para trasladarlos dentro del país en gran escala. Y mantenerlos implica costos que hoy nadie está dispuesto a asumir sin algún tipo de compensación.
Ese es el punto donde el sistema queda expuesto.
Lo que hoy genera escándalo no es un hecho aislado. Es la continuidad de un modelo.
Durante años, el acuario funcionó como un negocio basado en la exhibición de animales. Cuando el dinero dejó de entrar, esos mismos animales pasaron a ser la variable de ajuste.
Primero los delfines.
Ahora los pingüinos.
El caso genera rechazo porque muestra una lógica difícil de aceptar: animales que pasan de ser atracción a convertirse en activos negociables.
Las críticas no apuntan solo a esta quiebra, sino a todo el sistema que permite que una situación así ocurra.
