Mendoza: desalojan a una familia con más de un siglo en el territorio y reabre el conflicto por la tierra rural en San Rafael

Un desalojo en el sur de San Rafael volvió a exponer una de las tensiones más profundas del mundo rural: la fragilidad de quienes habitan tierras desde hace generaciones sin títulos formales. En la zona de El Nihuil, una familia fue expulsada de un puesto en el que asegura haber vivido durante más de 100 años.

El hecho tuvo como principal afectada a una mujer de 71 años, que se encontraba sola al momento del operativo. Según el relato de sus familiares, fue retirada del lugar sin notificación previa ni documentación visible que respaldara la medida. Horas después, sus pertenencias aparecieron fuera del puesto, dispersas y sin resguardo.

Una vida entera en el mismo lugar

El puesto, conocido en la zona como “El Lechuzo”, habría sido ocupado por la misma familia durante cinco generaciones. Ese tipo de ocupación es común en áreas rurales de Mendoza, donde la transmisión de la tierra se da muchas veces de forma histórica y comunitaria, más que a través de escrituras formales.

En estos casos, el territorio no es solo una propiedad: es el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, la producción y los vínculos familiares. El desalojo, por lo tanto, no implica solo perder una vivienda, sino quedar fuera de un sistema de vida construido durante décadas.

El conflicto de fondo: posesión vs. propiedad

La expulsión se da en el marco de un reclamo de titularidad por parte de terceros, lo que vuelve a poner en primer plano una problemática estructural: la diferencia entre quien tiene papeles y quien habita la tierra.

En muchas zonas rurales del país, las familias viven durante generaciones en los mismos lugares sin contar con títulos formales. Esa situación las deja en una posición de vulnerabilidad frente a disputas legales, incluso cuando su presencia en el territorio es histórica.

El caso de San Rafael muestra esa tensión en su forma más cruda: una familia que sostiene haber ocupado el lugar por más de un siglo es desplazada sin un proceso claro y sin garantías visibles.

Animales, pertenencias y sustento

El impacto del desalojo no se limita a la vivienda. En los puestos rurales, los animales son parte central del sustento económico. La familia afectada denuncia que el operativo dejó pertenencias dentro del lugar y puso en riesgo su actividad productiva.

Perder el acceso al territorio implica, en estos casos, perder también la posibilidad de trabajar y sostener ingresos, lo que agrava aún más la situación.

Un conflicto que no es aislado

En la zona, hay versiones de situaciones similares que afectan a otros pobladores. Esto refuerza la idea de que no se trata de un hecho aislado, sino de un proceso más amplio vinculado a la revalorización de tierras y a disputas por su control.

El sur mendocino, con su potencial turístico y productivo, es un territorio cada vez más disputado, donde conviven modelos distintos de uso del suelo.

Tierra, derechos y un escenario abierto

El caso ya genera preocupación en la región y vuelve a poner en agenda la necesidad de regularizar la situación de familias que viven en tierras sin títulos formales.

Mientras tanto, la mujer desalojada permanece fuera de su hogar, alojada por familiares, sin certezas sobre si podrá recuperar el lugar donde vivió toda su vida.

El conflicto sigue abierto. Y como en muchos casos de este tipo, no se define solo en términos legales: también expone una disputa más profunda sobre quién tiene derecho a habitar la tierra y bajo qué condiciones.