Río Negro: impulsan una ley para cerrar los cotos de caza en la provincia

Un nuevo proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro volvió a poner en discusión el negocio de la caza deportiva en Argentina. La iniciativa busca prohibir los cotos de caza en toda la provincia y cuestiona el funcionamiento de establecimientos privados donde turistas extranjeros pagan miles de euros para matar animales silvestres como parte de excursiones recreativas.

La propuesta fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, referente del partido Vamos con Todos, espacio político vinculado al ambientalismo y sectores progresistas de la provincia.

Actualmente existen alrededor de 14 cotos habilitados en territorio rionegrino, muchos de ellos integrados a circuitos internacionales de turismo cinegético orientados principalmente a visitantes europeos y norteamericanos.

Según denunciaron sectores ambientalistas, algunas excursiones de caza llegan a costar varios miles de euros y se promocionan como experiencias exclusivas de “caza premium” en la Patagonia.

El debate sobre los animales como “trofeos”

El proyecto apunta a prohibir definitivamente este tipo de emprendimientos y plantea una crítica directa al modelo de turismo basado en la muerte de animales silvestres.

Desde sectores proteccionistas sostienen que los cotos transforman a la fauna en mercancía y convierten a los animales en simples trofeos para actividades recreativas de lujo.

La discusión también reabre el debate sobre el estatus de los animales dentro de la legislación argentina y el crecimiento de visiones que consideran a la fauna como seres sintientes y no únicamente como recursos económicos o deportivos.

Un fenómeno que también atraviesa a Entre Ríos

La polémica en Río Negro ocurre en paralelo con lo sucedido recientemente en Entre Ríos, donde el gobierno de Rogelio Frigerio habilitó la temporada de caza deportiva menor 2026 mediante la Resolución Nº 100/26.

La normativa autorizó la caza de hasta 15 patos silvestres por excursión y generó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores proteccionistas.

En ese caso, la actividad quedó habilitada en distintas zonas de la provincia y se justificó bajo el argumento del turismo cinegético, la regulación estatal y el impacto económico sobre áreas rurales.

Las especies autorizadas son aves autóctonas de los humedales del litoral argentino, lo que incrementó aún más las críticas por tratarse de fauna silvestre nativa.

Turismo de caza y negocios millonarios

El turismo cinegético mueve importantes sumas de dinero en distintas provincias argentinas.

Los paquetes suelen incluir:

• alojamiento en estancias,
• guías especializados,
• permisos,
• armas,
• traslados,
• y excursiones privadas en grandes campos rurales.

En muchos casos, la actividad está orientada a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo que buscan experiencias vinculadas a la caza recreativa en regiones naturales del país.

Los defensores de la actividad sostienen que genera empleo rural y movimiento económico en localidades pequeñas.

Sin embargo, organizaciones ambientales cuestionan que la conservación de ecosistemas termine subordinada a intereses comerciales vinculados a la explotación recreativa de la fauna.

Crece el rechazo social

La discusión también refleja un cambio cultural cada vez más visible en torno a la relación entre sociedad y animales.

Durante los últimos años crecieron las campañas contra:

• la caza deportiva,
• los zoológicos tradicionales,
• los espectáculos con animales,
• y distintas prácticas consideradas de maltrato o explotación animal.

En paralelo, el avance de la crisis climática, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de humedales fortalecieron los reclamos por políticas de conservación más estrictas.

En ese contexto, el proyecto presentado en Río Negro busca instalar un debate de fondo: si los animales silvestres deben seguir formando parte de negocios recreativos o si Argentina debe avanzar hacia modelos de protección y turismo ambiental sin caza.