La Política Ambiental
Organizaciones advierten sobre posibles cambios en una de las principales leyes ambientales del país. La Ley de Bosques volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que comenzaran a trascender posibles propuestas impulsadas por el Gobierno nacional para modificar aspectos centrales de la normativa ambiental sancionada en 2007.
Diversas organizaciones socioambientales, especialistas y sectores científicos advirtieron que los cambios podrían debilitar significativamente los mecanismos de protección sobre bosques nativos y facilitar el avance del desmonte en distintas regiones del país.
La preocupación crece especialmente en provincias del norte argentino, donde la pérdida de monte nativo mantiene niveles críticos desde hace años.
Según trascendió, las modificaciones apuntarían a flexibilizar restricciones sobre el uso de territorios protegidos y avanzar hacia un esquema con menor regulación ambiental.
Uno de los puntos más sensibles sería la posibilidad de habilitar intervenciones productivas en zonas actualmente protegidas por categorías de conservación establecidas dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La Ley de Bosques divide actualmente los territorios en tres categorías:
Ambientalistas alertan que las posibles modificaciones podrían debilitar especialmente las protecciones sobre zonas amarillas y facilitar el avance agropecuario, inmobiliario o extractivo sobre territorios hoy protegidos.
La Ley 26.331 fue aprobada en 2007 tras una fuerte movilización social y ambiental en todo el país.
La norma surgió como respuesta al avance acelerado del desmonte, especialmente en provincias como Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Entre sus principales objetivos aparecen:
Además, creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, destinado a financiar tareas de conservación y manejo sustentable.
Sin embargo, organizaciones ambientales denuncian que ese fondo históricamente recibió mucho menos dinero del que establece la propia ley.
Uno de los puntos que más preocupa a especialistas es que Argentina continúa perdiendo enormes superficies de monte nativo pese a la existencia de la ley.
Según distintos informes ambientales, el país perdió millones de hectáreas de bosques en las últimas décadas, principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, la ganadería intensiva y desarrollos inmobiliarios.
Gran parte del desmonte se concentra en el Gran Chaco Americano, considerado el segundo ecosistema forestal más importante de Sudamérica después de la Amazonia.
Ambientalistas sostienen que flexibilizar aún más la normativa podría acelerar procesos de degradación ambiental ya considerados críticos.
Especialistas remarcan que los bosques nativos cumplen funciones fundamentales:
También advierten que el desmonte impacta directamente sobre comunidades indígenas y campesinas que viven históricamente en esos territorios.
En muchas provincias, los conflictos por tierra y desmontes avanzaron en paralelo con denuncias de desalojos y pérdida de acceso a recursos naturales.
Diversas organizaciones ambientales sostienen que detrás de la posible reforma aparecería una profundización del modelo extractivo basado en expansión agropecuaria, minería, hidrocarburos y explotación intensiva de recursos naturales.
Para estos sectores, el intento de modificar la Ley de Bosques formaría parte de un proceso más amplio de flexibilización ambiental impulsado por el Gobierno nacional, junto con los cambios sobre glaciares, evaluaciones de impacto ambiental y regulaciones sobre actividades extractivas.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa un debate histórico en Argentina: hasta dónde puede avanzar el desarrollo económico sobre territorios considerados estratégicos para la biodiversidad, el agua y el equilibrio climático.
