Milei avanza con la privatización de AySA y crecen las alarmas por el futuro del agua en Argentina

El gobierno de Javier Milei oficializó el inicio del proceso para privatizar AySA, la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida marca uno de los movimientos más sensibles y polémicos del programa económico libertario y vuelve a poner en discusión el rol del Estado sobre recursos estratégicos.

El plan impulsado por el Ejecutivo contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía a capitales privados mediante una licitación nacional e internacional. El 10% restante quedaría en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Desde el Gobierno sostienen que la privatización permitirá modernizar el sistema, atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, sindicatos, organizaciones sociales, especialistas y sectores de la oposición advierten que el proceso podría derivar en aumentos tarifarios, pérdida de control estatal y deterioro del acceso al agua para millones de personas.

Además, el Gobierno oficializó el nuevo esquema mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece el marco formal de la licitación pública nacional e internacional y se detallan las condiciones para el ingreso de capitales privados como operadores estratégicos de la empresa. La medida también confirma que el proceso será administrado a través de la plataforma CONTRAT.AR y fija los plazos administrativos para la presentación de ofertas y apertura de sobres.

El regreso de una vieja discusión

La decisión reabre inevitablemente uno de los debates más conflictivos de la historia reciente argentina: la privatización del agua.

AySA había sido reestatizada en 2006 luego del fracaso de Aguas Argentinas, la empresa privada que manejó el servicio durante la década de los noventa bajo el gobierno de Carlos Menem. Aquella concesión terminó atravesada por denuncias de incumplimientos de obras, problemas tarifarios, conflictos ambientales y cuestionamientos por la calidad del servicio.

Ahora, casi veinte años después, el gobierno de Milei vuelve a impulsar un modelo similar bajo su idea de reducir al mínimo la participación estatal en empresas públicas y servicios esenciales.

El Presidente ya había anticipado durante la campaña y después de asumir que su intención era privatizar “todo lo que pueda estar en manos privadas”, incluyendo empresas vinculadas a energía, transporte y servicios públicos.

Pero el caso de AySA genera una sensibilidad particular: no se trata solamente de una empresa, sino del control sobre el acceso al agua potable para millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.

Tarifazos, ajuste y una empresa “ordenada” antes de la venta

El avance privatizador ocurre después de un fuerte ajuste interno dentro de la compañía.

Desde la llegada de Milei al poder, las tarifas de agua aumentaron muy por encima de la inflación acumulada, mientras AySA redujo gastos operativos, frenó numerosas obras de infraestructura y aplicó recortes en distintas áreas.

El oficialismo asegura que estas medidas permitieron sanear financieramente la empresa y alcanzar superávit operativo por primera vez en muchos años.

Sin embargo, desde sectores críticos sostienen que el Gobierno “ordenó” AySA para volverla más atractiva frente a futuros compradores privados.

También crecieron las críticas luego de las modificaciones regulatorias que habilitan mayores facilidades para cortar el servicio por falta de pago, algo que encendió preocupación entre organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos.

Para muchos sectores, el problema de fondo es que el agua empieza a ser tratada exclusivamente bajo una lógica empresarial y de rentabilidad económica, dejando de lado su carácter de derecho humano básico.

Preocupación por despidos y deterioro del servicio

El proceso de privatización también encendió alarmas dentro de los sindicatos vinculados al sector sanitario.

Desde distintos gremios advirtieron sobre posibles despidos, precarización laboral y reducción de inversiones en infraestructura una vez que la empresa quede bajo control privado.

Trabajadores del sector recuerdan que las experiencias de privatización en servicios públicos durante los años noventa estuvieron acompañadas por fuertes recortes de personal y conflictos vinculados al mantenimiento de redes, expansión del servicio y calidad del suministro.

Además, especialistas en políticas públicas advierten que la búsqueda de rentabilidad podría impactar especialmente en zonas populares y sectores con menores ingresos, donde históricamente las obras de saneamiento requieren mayores niveles de inversión estatal.

El agua como recurso estratégico

La discusión sobre AySA trasciende lo económico y se conecta con un debate mucho más amplio sobre soberanía, recursos naturales y derechos básicos.

En un contexto global donde el acceso al agua se vuelve cada vez más estratégico por el cambio climático, las sequías y la presión sobre los ecosistemas, distintas organizaciones cuestionan que el Estado pierda control sobre un recurso esencial.

Para sectores críticos del modelo libertario, la privatización de AySA simboliza un cambio profundo en la concepción del Estado: pasar de garantizar servicios públicos esenciales a delegarlos en actores privados guiados principalmente por criterios financieros.

Mientras el Gobierno presenta la medida como una señal de apertura económica y confianza hacia los mercados, crece la preocupación por el impacto social que podría tener sobre tarifas, acceso universal y control democrático de uno de los recursos más importantes del país.

La privatización del agua vuelve así al centro de la escena política argentina, reabriendo heridas históricas y dejando una pregunta de fondo que atraviesa todo el debate: quién debe controlar un recurso indispensable para la vida.