La Política Ambiental
La política argentina atraviesa semanas donde la agenda mediática parece girar casi exclusivamente alrededor del escándalo que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni. Sin embargo, mientras el foco público se concentra en denuncias, operaciones y peleas políticas, el gobierno de Javier Milei acelera transformaciones profundas sobre áreas estratégicas del país: energía eléctrica, agua potable, infraestructura nuclear, transporte ferroviario y control de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Para sectores científicos, sindicales, energéticos y ambientales, el problema ya no es solamente económico. La discusión involucra soberanía, control territorial, recursos naturales y el posible desmantelamiento de estructuras estratégicas construidas durante décadas con inversión pública.
Además, en paralelo a las privatizaciones, crecieron denuncias por irregularidades, negocios, vaciamiento y manejo político dentro de organismos clave vinculados al sistema energético nacional.
Uno de los movimientos más relevantes del Gobierno fue avanzar sobre Transener, la empresa que transporta alrededor del 85% de la electricidad de Argentina.
La compañía nació en 1993 durante las privatizaciones del menemismo, luego de la fragmentación de Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. Desde entonces, quedó bajo control privado, aunque el Estado conservó participación indirecta a través de ENARSA y Citelec.
Ahora, la administración Milei profundizó el retiro estatal y avanzó nuevamente en la privatización total de la compañía.
Transener opera más de 15 mil kilómetros de líneas de alta tensión que conectan centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares con las principales ciudades e industrias del país.
Entre las empresas interesadas en quedarse con el control aparecen Genneia junto a Edison Energía, además de Central Puerto y Edenor.
Especialistas advierten que entregar completamente la red eléctrica implica perder herramientas de planificación energética y dejar infraestructura crítica bajo criterios estrictamente privados.
También crece la preocupación por el impacto tarifario, el deterioro del control estatal y la concentración empresarial en un sector considerado estratégico para el funcionamiento del país.
Otro de los puntos más sensibles es el caso de AySA.
El gobierno de Javier Milei oficializó el proceso para privatizar la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, que establece la venta del 90% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional. El 10% restante quedaría en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
AySA había sido creada en 2006 luego del fracaso de Aguas Argentinas, la concesión privada controlada por el grupo francés Suez durante los años noventa.
Aquella privatización terminó envuelta en denuncias por incumplimientos de obras, problemas tarifarios, deterioro del servicio y conflictos ambientales.
Ahora, casi veinte años después, el Gobierno impulsa nuevamente un modelo similar bajo el argumento de “modernizar” y “hacer eficiente” el sistema.
Pero las críticas crecieron rápidamente.
Desde sindicatos y organizaciones sociales advierten que el Gobierno primero aplicó un fuerte ajuste interno: aumentos tarifarios por encima de la inflación, paralización de obras, recortes operativos y reducción de inversiones para “ordenar” financieramente la empresa antes de venderla.
Además, modificaciones regulatorias recientes habilitan mayores facilidades para cortar el servicio por falta de pago, algo que encendió alarmas en organizaciones vinculadas a derechos humanos y acceso al agua.
Especialistas en derecho ambiental remarcan que el agua no puede ser tratada únicamente bajo lógica empresarial porque se trata de un derecho humano esencial y de uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI.
También existen fuertes temores por futuros tarifazos, reducción de cobertura en zonas vulnerables y deterioro del acceso universal al agua potable.
Uno de los temas menos visibles mediáticamente, pero más sensibles estratégicamente, atraviesa al sector nuclear argentino.
Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), científicos e investigadores vienen denunciando desde hace meses un fuerte vaciamiento impulsado por el Gobierno nacional sobre organismos vinculados al desarrollo nuclear y científico.
Argentina posee uno de los programas nucleares más avanzados de América Latina y forma parte del reducido grupo de países capaces de desarrollar tecnología nuclear propia.
Sin embargo, el ajuste presupuestario, los despidos y la paralización de proyectos encendieron alarmas dentro del sector.
La situación escaló todavía más luego de denuncias sobre visitas de delegaciones extranjeras a instalaciones estratégicas argentinas.
“Una funcionaria de la Embajada del Reino Unido fue a visitar el reactor argentino RA-10 y dijo: ‘Ustedes no pueden tener esto’”, denunció Rodolfo Kempf, referente del sector nuclear.
El RA-10 es considerado uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país. El reactor resulta clave para producción de radioisótopos utilizados en medicina nuclear, investigación científica y exportaciones tecnológicas.
Trabajadores denuncian que el actual contexto de desfinanciamiento podría facilitar una privatización indirecta o transferencia de capacidades estratégicas hacia empresas privadas y actores extranjeros, especialmente ligados a intereses estadounidenses.
También crece la preocupación por el interés internacional sobre el uranio argentino y la pérdida de autonomía tecnológica.
Pero las denuncias no terminan ahí.
Nucleoeléctrica Argentina también quedó envuelta en escándalos internos y fuertes cuestionamientos vinculados al manejo político de la empresa.
En los últimos meses surgieron denuncias sobre gastos millonarios, utilización de tarjetas corporativas VIP, viajes internacionales, contrataciones cuestionadas y beneficios para funcionarios dentro de la empresa estatal encargada de operar Atucha I, Atucha II y Embalse.
Las críticas apuntan especialmente al deterioro operativo mientras crecen negocios, internas políticas y designaciones ligadas al oficialismo.
Para sectores sindicales y científicos, el problema es doble: por un lado el vaciamiento presupuestario y científico, y por otro el uso político y empresarial de estructuras estratégicas del sistema nuclear argentino.
Otro de los puntos que genera preocupación es el avance del Gobierno sobre Belgrano Cargas y Logística, la empresa estatal ferroviaria encargada del transporte de cargas en buena parte del norte argentino.
La red del Belgrano Cargas resulta estratégica para economías regionales, transporte de granos, minerales y productos industriales, además de conectar provincias del NOA y NEA con puertos exportadores.
El sistema ferroviario había sido prácticamente destruido tras las privatizaciones ferroviarias de los años noventa y parcialmente recuperado durante los años posteriores mediante inversión estatal y reactivación de ramales.
Ahora, el gobierno libertario busca nuevamente abrir el sistema a operadores privados y concesiones.
Sectores ferroviarios y sindicales advierten que privatizar el Belgrano Cargas podría profundizar desigualdades regionales, aumentar costos logísticos para pequeños productores y concentrar todavía más el control del comercio y transporte en grandes grupos económicos.
También existe preocupación por el abandono de ramales considerados “no rentables” y la pérdida de capacidad estatal sobre infraestructura logística clave para el desarrollo federal.
Otro de los temas más sensibles es la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Por esa vía circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Controlar la Hidrovía implica manejar buena parte del comercio exterior, peajes, dragado y circulación de mercancías estratégicas.
El proceso quedó rodeado de denuncias, sospechas de direccionamiento y disputas empresariales.
Uno de los nombres que aparece detrás de las discusiones es el Grupo Neuss, históricamente vinculado a negocios energéticos, portuarios y de infraestructura.
Las alarmas crecieron todavía más luego de versiones que señalan que Santiago Caputo, uno de los hombres más poderosos del entorno presidencial, viajó a Estados Unidos para mantener reuniones vinculadas a la futura concesión de la Hidrovía.
Según distintos trascendidos políticos y empresariales, allí se habrían discutido lineamientos sobre cómo estructurar la licitación y qué actores internacionales deberían quedarse con el control de una de las vías navegables más importantes del mundo.
Aunque oficialmente no existen detalles confirmados sobre esas reuniones, el tema generó enorme preocupación entre especialistas en soberanía fluvial y comercio exterior.
La Hidrovía no solo representa un negocio económico multimillonario: también implica soberanía territorial, control aduanero, seguridad y capacidad de decisión sobre exportaciones estratégicas.
El gobierno de Javier Milei sostiene que las privatizaciones permitirán atraer inversiones y reducir el tamaño del Estado.
Sin embargo, críticos del modelo aseguran que el actual proceso revive la lógica neoliberal de los años noventa: venta de infraestructura estratégica, desregulación y transferencia de recursos clave hacia grupos privados y actores internacionales.
La diferencia es que hoy el contexto global es todavía más sensible.
El mundo atraviesa una disputa creciente por energía, agua dulce, minerales críticos y tecnología avanzada. Argentina aparece como un país estratégico por sus reservas de litio, gas, petróleo, capacidad nuclear y recursos hídricos.
Por eso, distintos especialistas advierten que lo que está en juego no es solamente un programa económico, sino el control futuro sobre recursos considerados centrales para la soberanía y el desarrollo nacional.
Mientras tanto, gran parte de la agenda pública continúa absorbida por escándalos políticos y conflictos mediáticos que terminan desplazando debates estructurales sobre energía, recursos naturales y el rumbo estratégico del país.
