Chaco: la Justicia volvió a frenar los desmontes y reactivó la causa por la “mafia forestal”

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a poner un freno judicial al avance de los desmontes en la provincia del Chaco y dejó sin efecto una resolución que había habilitado nuevamente la tala de bosques nativos. La decisión representa un duro revés para sectores empresariales vinculados a la actividad forestal y reabre una de las causas ambientales más sensibles y emblemáticas de los últimos años en Argentina.

El fallo fue dictado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes cuestionaron duramente la resolución previa de la Cámara Federal de Resistencia que había flexibilizado la medida cautelar destinada a proteger el monte chaqueño.

Qué resolvió la Justicia

La resolución anuló el levantamiento parcial de la cautelar que suspendía los desmontes en toda la provincia y ordenó que el caso vuelva a analizarse aplicando criterios ambientales más estrictos y compatibles con el principio precautorio.

Para Casación, la Cámara Federal de Resistencia no explicó adecuadamente por qué la sanción de una nueva ley provincial de ordenamiento territorial implicaba automáticamente una reducción del riesgo ambiental sobre los bosques nativos chaqueños.

Los jueces remarcaron que continúan abiertas investigaciones por presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de desmonte y posibles daños ambientales de carácter irreversible dentro de distintas zonas afectadas de la provincia.

En ese contexto, el tribunal sostuvo que el peligro ambiental sigue vigente y que permitir nuevamente la tala podría profundizar el deterioro ecológico de una de las regiones forestales más importantes del país.

El principio precautorio, eje central del fallo

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la aplicación del principio precautorio ambiental previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente.

Los magistrados señalaron que, frente a la posibilidad de daños graves o irreversibles, el Estado y el Poder Judicial tienen la obligación de actuar preventivamente incluso cuando todavía no exista certeza científica absoluta sobre la magnitud total del daño.

En esa línea, el juez Gustavo Hornos sostuvo que la resolución anterior “invierte el sentido propio del principio precautorio” al exigir un grado de prueba incompatible con un escenario de posible daño ambiental irreversible.

Hornos incluso propuso mantener directamente la prohibición total de desmontes aplicando el principio “in dubio pro natura”, es decir, priorizando la protección del ambiente frente a escenarios de incertidumbre ecológica.

El rol clave de la querella ambientalista

Detrás de la decisión judicial también aparece el trabajo sostenido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querellante en la causa y una de las organizaciones que impulsó los recursos que llegaron hasta Casación.

Los abogados ambientalistas Enrique Viale yFabián Maggi tuvieron un rol central en el seguimiento del expediente, la denuncia de desmontes ilegales y la construcción de la estrategia judicial que permitió revertir el levantamiento de la cautelar.

Desde la organización vienen denunciando desde hace años la existencia de un entramado entre sectores empresariales, autorizaciones estatales y desmontes irregulares que permitió el avance sistemático sobre el bosque nativo chaqueño.

La causa comenzó a ser conocida públicamente como la “mafia del desmonte”, justamente por las sospechas de corrupción y connivencia política detrás de los permisos forestales investigados.

Empresarios forestales bajo investigación

La investigación no se limita únicamente a la cuestión ambiental.

El expediente también analiza posibles maniobras irregulares vinculadas al otorgamiento de permisos de tala y al incumplimiento de resoluciones judiciales que prohibían desmontes en el territorio provincial.

Entre los involucrados aparece el empresario forestal Alesio Roberto Nardelli, presidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco, investigado por presunta desobediencia judicial y por el delito de estrago rural.

Casación ordenó además retomar esa investigación al considerar que todavía no puede descartarse la existencia de afectaciones ambientales interjurisdiccionales.

El monte chaqueño, cada vez más amenazado

El Gran Chaco Americano es el segundo ecosistema boscoso más grande de América del Sur después de la Amazonia y uno de los territorios con mayor biodiversidad del continente.

Sin embargo, desde hace años el norte argentino registra algunos de los índices de deforestación más altos del país, impulsados principalmente por el avance agropecuario, la expansión ganadera y distintas actividades extractivas.

Chaco integra junto a Santiago del Estero, Salta y Formosa el grupo de provincias más afectadas por la pérdida de bosque nativo.

Especialistas advierten que los desmontes no solo destruyen ecosistemas y especies animales, sino que además agravan inundaciones, sequías, erosión del suelo y fenómenos asociados al cambio climático.

También alertan sobre el impacto directo que sufren comunidades campesinas e indígenas que dependen del monte para su subsistencia y su identidad cultural.

Un fallo con impacto nacional

La decisión de Casación vuelve a colocar el conflicto ambiental chaqueño en el centro del debate nacional y podría transformarse en un precedente relevante frente a nuevos intentos de flexibilización ambiental en distintas provincias argentinas.

Además, el tribunal remarcó que el daño derivado de la deforestación podría incluso exceder los límites provinciales y afectar ecosistemas regionales completos.

Mientras la investigación continúa avanzando, el fallo reabre una discusión profunda sobre el modelo productivo, los controles estatales y el futuro de los bosques nativos en Argentina.