Diputados de Unión por la Patria impulsan una ley para declarar el acceso al agua potable como derecho humano

En medio del fuerte debate nacional por la privatización de AySA y el control de los recursos estratégicos, diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que busca reconocer de manera expresa el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental en Argentina.

La iniciativa fue presentada por el diputado Guillermo Snopek y acompañada por Nicolás Trotta, José Glinski, Santiago Roberto y Jorge Chica Muñoz, todos integrantes del bloque de Unión por la Patria.

El proyecto apunta a garantizar el acceso universal al agua para uso personal y doméstico bajo condiciones “suficientes, saludables, aceptables, accesibles y asequibles”, estableciendo obligaciones concretas para el Estado nacional.

El debate crece en plena privatización de AySA

La presentación ocurre en un contexto político especialmente sensible luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, que establece la venta del 90% de las acciones de la compañía a través de una licitación nacional e internacional. El 10% restante quedaría en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

AySA había sido creada en 2006 tras el fracaso de Aguas Argentinas, la concesión privada controlada durante los años noventa por el grupo francés Suez.

Aquella privatización terminó envuelta en denuncias por incumplimientos de obras, conflictos tarifarios, deterioro del servicio y fuertes cuestionamientos ambientales.

Ahora, casi veinte años después, el Gobierno nacional impulsa nuevamente un esquema similar bajo el argumento de “modernizar” y “hacer eficiente” el sistema.

Tarifazos, ajuste y preocupación social

La decisión oficial despertó fuertes críticas de sindicatos, organizaciones sociales y especialistas en derecho ambiental.

Diversos sectores denuncian que antes de avanzar con la venta de la empresa, el Gobierno aplicó un fuerte ajuste interno: aumentos tarifarios por encima de la inflación, paralización de obras de infraestructura, reducción de inversiones y recortes operativos destinados a “ordenar” financieramente la compañía para volverla más atractiva frente a futuros compradores privados.

Además, recientes modificaciones regulatorias habilitan mayores facilidades para cortar el suministro por falta de pago, algo que generó preocupación en organizaciones vinculadas a derechos humanos y acceso al agua.

Especialistas remarcan que el agua no puede quedar sometida únicamente a criterios empresariales debido a que se trata de un derecho humano esencial y de uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI.

También crecieron los temores por posibles tarifazos futuros, reducción de cobertura en sectores vulnerables y deterioro del acceso universal al agua potable.

El agua como derecho humano

En ese contexto, el proyecto impulsado por Unión por la Patria busca incorporar formalmente el derecho al agua dentro del marco legal argentino.

La iniciativa establece que todas las personas deben poder acceder al agua en condiciones dignas y seguras, obligando al Estado a desarrollar planes de inversión e infraestructura para garantizar ese derecho en todo el territorio nacional.

Además, el texto incorpora el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la prohibición de interrumpir totalmente el suministro por falta de pago.

La iniciativa obliga a las empresas prestadoras a garantizar un caudal mínimo indispensable para la subsistencia incluso en situaciones de deuda.

Reclamos judiciales y desigualdad

El proyecto también habilita que cualquier persona afectada pueda recurrir a la vía administrativa y judicial para reclamar el cumplimiento del derecho al agua.

En los fundamentos de la iniciativa, Guillermo Snopek recordó que la Corte Suprema ya reconoció este derecho en antecedentes judiciales como el caso “Kersich”.

Sin embargo, advirtió que actualmente muchas veces el acceso efectivo depende de la capacidad de cada ciudadano para llegar a la Justicia, generando profundas desigualdades.

Por eso, el objetivo de la propuesta es transformar ese reconocimiento en una obligación legal concreta y plenamente exigible.

Agua, ambiente y soberanía

La iniciativa también aparece atravesada por el contexto ambiental y climático global.

Los legisladores remarcan que el acceso al agua dulce se convirtió en uno de los principales desafíos del siglo XXI debido a las sequías, el cambio climático y la presión creciente sobre los ecosistemas hídricos.

Argentina posee enormes reservas de agua dulce, glaciares, acuíferos, ríos y humedales considerados estratégicos a nivel internacional.

En ese escenario, el proyecto declara además de interés público el uso racional, equitativo y sustentable del agua, vinculando el acceso humano con la protección ambiental y la preservación de los ecosistemas.

Para sus impulsores, avanzar en esta legislación no implica solamente un reconocimiento simbólico, sino también establecer una obligación concreta del Estado de garantizar condiciones mínimas de vida en un contexto donde el agua aparece cada vez más en el centro de las disputas económicas, ambientales y geopolíticas.