México: un juez está a punto de cerrar para siempre la causa por el desastre ambiental del Río Sonora

A casi 12 años del peor desastre minero ambiental de la historia reciente de México, comunidades afectadas del estado de Sonora denuncian que la Justicia federal está a punto de cerrar definitivamente la causa vinculada al derrame tóxico provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, uno de los conglomerados mineros más poderosos del país.

El conflicto volvió a encender alarmas luego de que organizaciones sociales y habitantes de la cuenca del Río Sonora advirtieran que el juez federal Ulises Oswaldo Rivera González evalúa declarar “cumplido” el fideicomiso creado para reparar los daños ambientales y sanitarios ocasionados por el desastre de 2014, pese a que gran parte de las obras y medidas prometidas siguen inconclusas.

El derrame tóxico que contaminó dos ríos

La catástrofe ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y otros residuos mineros altamente contaminantes fueron derramados desde instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, en el estado de Sonora.

El material tóxico llegó primero al arroyo Tinajas y luego avanzó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a decenas de comunidades río abajo. El derrame contaminó fuentes de agua utilizadas para consumo humano, riego y ganadería, dejando a miles de familias sin acceso seguro al agua.

En aquel momento, imágenes de los ríos teñidos de naranja y marrón recorrieron todo México. La emergencia afectó a municipios como Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, entre otros.

Especialistas señalaron que el sulfato de cobre acidulado puede contener metales pesados peligrosos para la salud humana y los ecosistemas acuáticos, incluyendo arsénico, aluminio, manganeso, cobre y plomo.

Enfermedades, contaminación y reclamos que continúan

Aunque pasaron más de diez años desde el derrame, habitantes de la región aseguran que las consecuencias siguen presentes. Vecinos denuncian problemas de salud vinculados a la exposición prolongada a metales pesados, entre ellos enfermedades renales, afecciones cutáneas, trastornos gastrointestinales y casos de cáncer.

También sostienen que persisten problemas de contaminación en sedimentos y napas subterráneas, además de afectaciones económicas para productores ganaderos y agricultores de la región.

Uno de los mayores reclamos apunta a la falta de monitoreos independientes y a la ausencia de atención médica adecuada para las comunidades afectadas.

El fideicomiso millonario que quedó bajo cuestionamiento

Tras el desastre, Grupo México creó un fideicomiso de aproximadamente 2 mil millones de pesos destinado a financiar tareas de remediación ambiental, infraestructura sanitaria y asistencia médica.

Sin embargo, organizaciones y habitantes de la cuenca denunciaron durante años que muchas de las obras prometidas nunca fueron terminadas o directamente quedaron abandonadas.

Uno de los casos más emblemáticos es el Hospital Comunitario de Ures, anunciado como parte del plan de reparación para atender a la población afectada. Según denuncias locales, la obra permaneció inconclusa durante años y nunca llegó a funcionar plenamente.

También hubo cuestionamientos sobre plantas potabilizadoras, estudios ambientales incompletos y programas sanitarios que nunca alcanzaron a toda la población afectada.

El rol de Grupo México y las acusaciones de impunidad

Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, quedó en el centro de las críticas desde el inicio del conflicto. Diversas organizaciones ambientales y sociales acusan a la compañía de minimizar el impacto del derrame y de incumplir gran parte de las obligaciones asumidas tras el desastre.

Las comunidades afectadas sostienen además que existe una fuerte falta de transparencia entre autoridades estatales y la minera respecto al manejo del fideicomiso y las medidas de reparación.

En paralelo, el gobierno mexicano informó recientemente que la empresa realizó un pago inicial de 500 millones de pesos para continuar con tareas de remediación, aunque todavía quedarían pendientes otros mil millones comprometidos.

La Corte Suprema había ordenado reabrir el caso

En 2020, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó reabrir el fideicomiso ambiental al considerar que las comunidades afectadas no habían participado correctamente en las decisiones vinculadas a la reparación del daño.

Ese fallo fue considerado histórico por organizaciones ambientales y habitantes de Sonora, ya que reconocía el derecho de las víctimas a intervenir en el proceso de restauración ambiental y sanitaria.

Ahora, la posibilidad de que un juez cierre nuevamente la causa volvió a generar temor entre las comunidades, que advierten sobre un posible escenario de impunidad ambiental.

Un desastre que sigue dejando huellas

Para miles de personas que viven en la cuenca del Río Sonora, el desastre minero nunca terminó. La desconfianza sobre la calidad del agua, las enfermedades denunciadas y la falta de respuestas definitivas mantienen abierto uno de los conflictos ambientales más graves de América Latina.

Mientras la causa judicial avanza, organizaciones sociales continúan reclamando monitoreos independientes, atención médica especializada y una reparación integral que garantice la recuperación real de los ecosistemas afectados y la protección de las comunidades que viven junto al río.