Polémica por el RIGI: Empresas Argentinas denuncian que mineras priorizan proveedores chilenos

El avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei, comenzó a generar fuertes tensiones dentro del sector minero argentino. Mientras la Casa Rosada promociona el esquema como la gran puerta de entrada para inversiones multimillonarias en cobre y litio, proveedores nacionales y cámaras empresariales advierten que gran parte del negocio podría terminar beneficiando a compañías extranjeras, especialmente chilenas.

La preocupación creció con fuerza durante la Expo San Juan Minera, donde quedó expuesta una disputa cada vez más visible por el control de los contratos vinculados a los megaproyectos mineros que avanzan en la cordillera argentina.

El verdadero tesoro: el cobre y los US$ 22.000 millones que proyecta la minería

Aunque el litio sigue ocupando gran parte de la agenda económica, el cobre aparece hoy como el gran objetivo estratégico de la región.

Según estimaciones del sector, si los proyectos actualmente en carpeta logran avanzar, Argentina podría generar hasta US$ 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035 gracias al desarrollo cuprífero.

Ese potencial económico desató una verdadera carrera regional por controlar no solo los yacimientos, sino también todo el negocio paralelo que mueve la minería: logística, maquinaria, ingeniería, construcción, perforaciones, servicios técnicos y transporte.

La pelea económica ya no pasa únicamente por quién extrae el mineral, sino por quién se queda con los contratos millonarios alrededor de la actividad.

Chile avanza sobre proyectos estratégicos en Argentina

El interés de empresas chilenas se concentra especialmente sobre algunos de los emprendimientos más grandes del continente.

Entre ellos aparece el Distrito Vicuña, impulsado por las compañías BHP y Lundin Mining, con inversiones proyectadas por US$ 18.104 millones, además del megaproyecto El Pachón, operado por Glencore, que prevé desembolsos cercanos a los US$ 9.500 millones.

Ambos desarrollos forman parte del gigantesco paquete de inversiones mineras que podría superar los US$ 42.000 millones bajo el paraguas del RIGI.

En ese contexto, firmas chilenas comenzaron a posicionarse agresivamente para captar contratos dentro de territorio argentino.

Uno de los puntos más sensibles es el intento por reactivar plenamente el Tratado Minero Binacional firmado entre Argentina y Chile en 1997. Ese acuerdo permite mover trabajadores, maquinaria, equipos e insumos a través de la frontera prácticamente como si se tratara de un mismo territorio operativo.

Para muchos empresarios argentinos, esto podría facilitar todavía más el ingreso de proveedores chilenos a proyectos estratégicos ubicados en provincias como San Juan.

Las empresas chilenas ya plantean una disputa abierta

Desde Chile, la postura empresarial ya no oculta la competencia directa por el negocio argentino.

La asociación APRIMIN, una de las entidades mineras más poderosas del país vecino y que factura más de US$ 13.500 millones anuales, comenzó a impulsar una estrategia activa para posicionar a sus proveedores dentro del boom minero argentino.

Las firmas chilenas cuentan con décadas de experiencia en minería de gran escala, homologaciones internacionales, infraestructura desarrollada y cadenas logísticas mucho más consolidadas que muchas pequeñas y medianas empresas argentinas.

Sectores clave como la construcción, logística y servicios profesionales aparecen entre los más disputados en esta nueva competencia regional. Las empresas chilenas llegan con ventaja por su experiencia previa en minería de gran escala y por contar con homologaciones internacionales que muchas pymes argentinas todavía no poseen.

Otro de los puntos que genera preocupación entre empresarios y sectores productivos argentinos es la posibilidad de que, junto con los proveedores y servicios especializados, también ingrese mano de obra chilena a los grandes proyectos mineros impulsados por el RIGI. La inquietud crece especialmente por el antecedente del Tratado Minero Binacional firmado entre Argentina y Chile en 1997, que facilita el movimiento de personal, equipos e insumos a través de la cordillera para proyectos integrados. Empresarios y cámaras locales advierten que, sin mecanismos efectivos de protección para el empleo nacional, miles de puestos de trabajo vinculados a la construcción, logística, mantenimiento y servicios técnicos podrían terminar siendo ocupados por trabajadores y empresas extranjeras, dejando escaso impacto económico en las provincias argentinas donde se desarrollan los emprendimientos.

La preocupación de las pymes argentinas

Uno de los puntos más delicados es que el RIGI no obliga a las grandes mineras a priorizar proveedores nacionales ni compras dentro de las provincias donde se desarrollan los proyectos.

El régimen otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante hasta 30 años y habilita importaciones con amplias ventajas tributarias.

Para sectores industriales argentinos, esto genera un escenario extremadamente desigual.

Un solo proyecto minero en etapa de construcción puede requerir alrededor de 800 empresas proveedoras. Sin embargo, muchas pymes nacionales todavía no cuentan con las certificaciones y homologaciones internacionales exigidas por las grandes multinacionales.

Al mismo tiempo, las compañías extranjeras llegan con respaldo financiero, experiencia previa y capacidad operativa mucho mayor.

Las críticas apuntan a que, bajo este esquema, buena parte del negocio asociado a la minería podría terminar “filtrándose por la cordillera” hacia empresas radicadas en Santiago de Chile.

El debate sobre el “compre local”

Empresarios y referentes del sector comenzaron a reclamar mecanismos que permitan proteger y fortalecer la participación de proveedores argentinos sin caer en restricciones burocráticas imposibles de aplicar.

La discusión gira alrededor de un punto central: cómo evitar que el boom minero termine consolidando únicamente un modelo extractivo donde Argentina aporta recursos naturales, agua y territorio, mientras el empleo calificado, los servicios especializados y gran parte de las ganancias quedan en manos extranjeras.

Durante la Expo San Juan Minera, distintos referentes empresariales advirtieron que la libre importación sin controles ni políticas de desarrollo industrial podría transformarse en “el certificado de defunción” para muchas pymes nacionales.

Milei apuesta a la apertura total

El gobierno nacional defiende el RIGI como una herramienta fundamental para atraer inversiones internacionales y acelerar el desarrollo del cobre y el litio.

La administración de Javier Milei sostiene que Argentina necesita generar condiciones de máxima apertura económica para competir globalmente y captar capitales extranjeros.

Sin embargo, las críticas no dejan de crecer.

Sectores industriales, empresarios provinciales y parte del arco político comenzaron a advertir que el modelo impulsado por el oficialismo podría profundizar la dependencia externa y debilitar la posibilidad de construir una cadena minera nacional sólida.

El debate recién empieza, pero ya dejó planteada una discusión de fondo: si el boom minero servirá para desarrollar industria argentina o si terminará beneficiando principalmente a multinacionales y proveedores extranjeros mientras el país se limita a exportar materias primas.

Con info de aceroyroca