Perú pierde más de 3,2 millones de hectáreas de Amazonía mientras la deforestación y la minería ilegal quedan fuera de la agenda electoral

La Amazonía peruana atraviesa una de las mayores crisis ambientales de su historia reciente. Entre 2001 y 2024 desaparecieron 3,2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico, una superficie equivalente a más de una vez el territorio de Bélgica. La pérdida se concentró principalmente en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Loreto, tres de los principales bastiones forestales del país.

Los datos oficiales muestran que la deforestación alcanzó niveles históricos durante la última década. Entre 2011 y 2024 la pérdida anual de cobertura arbórea osciló entre 125.000 y más de 300.000 hectáreas por año. Al mismo tiempo, la pérdida de bosques primarios pasó de 28.696 hectáreas en 2001 a 189.005 hectáreas en 2024.

Detrás de estas cifras aparece una combinación de factores que se retroalimentan: tala ilegal, narcotráfico, expansión de la frontera agropecuaria, minería ilegal, incendios forestales y cambios no planificados en el uso del suelo.

La Amazonía bajo presión criminal

Los sistemas de monitoreo del Ministerio del Ambiente y de Geobosques muestran que la destrucción forestal ya no responde a una única actividad económica.

La minería ilegal continúa avanzando sobre grandes extensiones de bosque, especialmente en Madre de Dios. A su vez, organizaciones ambientales denuncian que el narcotráfico utiliza rutas clandestinas abiertas dentro de la selva para expandir cultivos ilícitos y consolidar corredores logísticos.

La tala ilegal también mantiene una fuerte presencia en distintas regiones amazónicas. Muchas de estas actividades operan mediante redes que combinan extracción ilegal de recursos naturales, corrupción local y ocupación irregular de tierras.

La Defensoría del Pueblo sostiene que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema y reclama fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y persecución de las economías ilegales que impulsan la deforestación.

El bosque que protege a 44 pueblos indígenas

Perú posee más de 670.000 kilómetros cuadrados de cobertura forestal, lo que lo ubica entre los países con mayor densidad forestal del planeta.

Pero la Amazonía peruana no representa solamente un reservorio de biodiversidad. También constituye el territorio ancestral de 44 pueblos indígenas cuyos modos de vida, cultura, alimentación y sistemas de conocimiento dependen directamente de la conservación de los bosques.

Las comunidades indígenas suelen convertirse en la primera línea de defensa frente al avance de actividades ilegales. Sin embargo, muchas veces enfrentan amenazas, violencia y falta de protección estatal.

Julio Cusurichi, líder indígena shipibo de Madre de Dios y dirigente de Aidesep, advirtió que las comunidades amazónicas continúan expuestas a presiones permanentes de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la tala clandestina.

Según explicó, los pueblos indígenas organizados protegen más de 18 millones de hectáreas de bosques amazónicos, pero enfrentan enormes limitaciones presupuestarias para realizar tareas de vigilancia territorial.

Guardias indígenas frente al abandono estatal

Ante la ausencia de respuestas suficientes, numerosas comunidades decidieron crear sistemas propios de vigilancia.

Guardias indígenas, veedores forestales, agentes de protección comunitaria y patrullas territoriales recorren amplias extensiones de bosque para detectar actividades ilegales y alertar a las autoridades.

Sin embargo, estas organizaciones sostienen que los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la magnitud de las amenazas.

Las dificultades logísticas son enormes. Muchas comunidades se encuentran aisladas, sólo son accesibles por vía fluvial y deben controlar territorios de miles de hectáreas con equipamiento limitado.

La minería ilegal gana espacio en el debate político

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas y organizaciones ambientales es el lugar que ocupa la minería ilegal dentro de la discusión pública.

Mar Pérez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la protección ambiental está directamente vinculada con derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y la alimentación.

Sin embargo, sostiene que estos temas han perdido centralidad frente a discursos políticos que relativizan los impactos ambientales de actividades extractivas ilegales.

La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 generó nuevas críticas por parte de sectores académicos y ambientales. Diversos especialistas consideran que la medida prolonga situaciones de informalidad y facilita la continuidad de actividades con alto impacto sobre los ecosistemas amazónicos.

Capacitan guardaparques para enfrentar la deforestación

Mientras continúan las presiones sobre los bosques, organismos estatales intentan fortalecer las tareas de control en áreas protegidas.

Durante mayo y junio, guardaparques de ocho áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana participan en programas de capacitación impulsados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Entre las áreas involucradas se encuentran los parques nacionales Otishi, Alto Purús, Sierra del Divisor y Yanachaga-Chemillén, además de reservas comunales y bosques de protección distribuidos en distintas regiones amazónicas.

Los talleres incluyen capacitación para identificar evidencias de tala ilegal, determinar volúmenes de madera extraída y mejorar los procedimientos de vigilancia en campo.

El gran ausente de la campaña electoral

A pesar de la magnitud del problema, organizaciones ambientales coinciden en que la crisis forestal permanece prácticamente ausente del debate electoral peruano.

La situación resulta llamativa considerando que la Amazonía ocupa cerca del 60% del territorio nacional y cumple funciones esenciales para la regulación climática, la biodiversidad y la seguridad hídrica del país.

Mientras las estadísticas continúan mostrando la pérdida sostenida de bosques y el avance de economías ilegales, la discusión sobre el futuro de la Amazonía sigue relegada frente a otros temas de la agenda política.

La paradoja es evidente: uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta enfrenta amenazas cada vez más complejas en un momento en que la protección ambiental parece ocupar un lugar secundario en la conversación pública.