La Política Ambiental
La Municipalidad de Cafayate resolvió prohibir los loteos, urbanizaciones y cualquier cambio en el uso del suelo dentro de las áreas afectadas por los recientes incendios forestales, una decisión que busca proteger el bosque nativo mientras la Justicia investiga si detrás de los focos ígneos pudo haber existido un interés inmobiliario.
La medida fue adoptada por la intendenta Rita Guevara, quien firmó la Resolución Municipal N.º 179/26, mediante la cual se impide autorizar nuevos emprendimientos sobre los terrenos alcanzados por el fuego. La disposición también ordena a todas las áreas municipales abstenerse de aprobar subdivisiones, loteos, urbanizaciones o cualquier modificación del uso del suelo que contradiga las restricciones previstas por la legislación ambiental.
La resolución busca impedir que un eventual delito ambiental pueda traducirse en beneficios económicos mediante desarrollos inmobiliarios sobre terrenos degradados por el fuego.
Como parte de la medida, el municipio creó además un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con el objetivo de identificar, georreferenciar y resguardar las superficies dañadas, al tiempo que solicitó la colaboración de organismos provinciales y nacionales para delimitar técnicamente las zonas afectadas.
La decisión se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, que restringe el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas para evitar que los incendios puedan transformarse en una herramienta de especulación inmobiliaria.
La medida municipal llega mientras avanza una investigación judicial destinada a determinar el origen de los incendios que afectaron un bosque nativo protegido ubicado en las inmediaciones del aeródromo de Cafayate y de la Ruta Nacional 68.
Las llamas consumieron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales en un predio perteneciente a Finca El Monte S.A., luego de registrarse dos incendios en menos de un mes sobre el mismo sector, una situación que despertó sospechas entre vecinos y autoridades locales.
Frente a esa situación, la intendenta Rita Guevara presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si los incendios fueron accidentales, producto de una negligencia o si existió una acción deliberada vinculada a futuros proyectos urbanísticos.
La causa quedó en manos de la fiscal penal Sandra Rojas, quien ordenó peritajes, relevamientos satelitales y distintas medidas para reconstruir el origen del fuego. Hasta el momento no existen personas imputadas.
El área afectada constituye uno de los sectores de bosque nativo más importantes de Cafayate, con presencia de algarrobos y otras especies características de los Valles Calchaquíes.
Especialistas advirtieron que la recuperación de este tipo de ecosistemas puede demandar varias décadas, ya que los incendios no solo destruyen la vegetación, sino que también afectan la fauna silvestre, degradan los suelos, favorecen la erosión y reducen la capacidad del ambiente para retener agua y capturar carbono.
Con la prohibición de lotear o modificar el uso del suelo, el municipio busca enviar una señal clara: las áreas incendiadas deberán ser restauradas y no podrán convertirse en nuevos desarrollos urbanos mientras persistan las restricciones ambientales.
La decisión también fortalece la estrategia de protección impulsada por el gobierno local en un contexto donde la investigación judicial intenta establecer si detrás de los incendios existieron intereses económicos vinculados al mercado inmobiliario.
De confirmarse esa hipótesis, el caso podría convertirse en uno de los antecedentes ambientales más relevantes registrados en los Valles Calchaquíes en los últimos años.
