La Política Ambiental
El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre el marco regulatorio ambiental y minero. A través de un decreto, modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras N.º 24.196 con el objetivo de acelerar el desembarco de inversiones, especialmente en proyectos de litio y cobre, mediante una fuerte simplificación de los controles administrativos y de los requisitos que deben cumplir las empresas.
La medida forma parte de la política de desregulación impulsada por la Casa Rosada desde diciembre de 2023 y se suma a otras decisiones que, según organizaciones ambientales y especialistas, reducen la capacidad del Estado para controlar actividades extractivas con alto impacto sobre los ecosistemas.
La nueva reglamentación reemplaza normas que permanecían vigentes desde hace más de tres décadas y modifica los requisitos para acceder al Régimen de Inversiones Mineras.
Entre los cambios, las empresas deberán acreditar la titularidad de los derechos mineros y presentar los lineamientos generales de sus proyectos, mientras que los proveedores de bienes y servicios tendrán que demostrar una vinculación directa con la actividad para mantenerse dentro del registro oficial.
Además, el decreto amplía hasta 500 kilómetros el radio para considerar integradas las distintas etapas de un proyecto minero, facilitando la articulación entre yacimientos, plantas de procesamiento e infraestructura logística.
La reforma también simplifica el acceso a beneficios tributarios.
Las empresas podrán gestionar con mayor rapidez la devolución anticipada del IVA correspondiente a las tareas de exploración y se eliminan diversos requisitos administrativos que hasta ahora debían presentar para acceder al beneficio.
En materia aduanera, desaparecen las autorizaciones previas para importar maquinaria, equipos e insumos destinados a la minería. En su lugar, bastará con declaraciones juradas y procedimientos informáticos, reduciendo significativamente la intervención estatal sobre estas operaciones.
La decisión responde a la estrategia del Gobierno nacional de convertir a la minería en uno de los principales motores de ingreso de divisas.
El Ejecutivo apuesta especialmente al desarrollo de proyectos de litio en Jujuy, Salta y Catamarca, y de cobre en provincias como San Juan y Mendoza, minerales considerados estratégicos para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías vinculadas a la transición energética.
La modificación generó fuertes cuestionamientos desde sectores ambientales, que consideran que el Gobierno vuelve a priorizar la llegada de inversiones por encima de los mecanismos de control y protección del ambiente.
Las críticas apuntan a que la simplificación de trámites y la eliminación de requisitos administrativos reducen la capacidad del Estado para supervisar una actividad que consume grandes volúmenes de agua, genera residuos, modifica ecosistemas y suele provocar conflictos con comunidades locales e indígenas.
También advierten que el decreto profundiza una política que ya se viene observando desde el inicio de la gestión de Javier Milei: avanzar en la desregulación de actividades económicas estratégicas bajo el argumento de atraer inversiones, aun cuando ello implique debilitar herramientas de fiscalización construidas durante décadas.
Para distintos especialistas en derecho ambiental, el problema no radica en promover inversiones, sino en hacerlo mediante una reducción de controles estatales que pueden dificultar la prevención de impactos ambientales y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
La reforma se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno nacional para flexibilizar normas vinculadas al desarrollo de actividades extractivas y acelerar proyectos considerados estratégicos para la economía.
Mientras la administración de Javier Milei sostiene que estas medidas permitirán incrementar las exportaciones y mejorar la competitividad del país, organizaciones ambientales advierten que el costo podría ser un Estado con menor capacidad para controlar la actividad minera, fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental y garantizar la protección de ecosistemas sensibles y de las comunidades que habitan los territorios donde avanzan los proyectos.
