Mendoza: buscan reabrir Sierra Pintada, la polémica mina de uranio que arrastra pasivos ambientales históricos

El Gobierno de Mendoza impulsa el regreso de la producción de uranio en San Rafael, mientras organizaciones ambientales y sectores científicos advierten que la provincia todavía arrastra una deuda pendiente: resolver los pasivos generados durante décadas de actividad minera.
30/06/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental

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El Gobierno de Mendoza volvió a poner al Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, en el centro del debate nacional. Después de décadas de abandono, conflictos ambientales y reclamos por remediación, la provincia avanza junto a Nación con la intención de recuperar la producción de uranio en uno de los yacimientos más importantes del país.

La decisión ocurre en un contexto donde el Gobierno nacional busca fortalecer el desarrollo nuclear argentino y reducir la dependencia externa de minerales estratégicos. Sin embargo, el anuncio reabrió una discusión que Mendoza arrastra desde hace más de 25 años: qué hacer con un sitio que fue clave para la industria nuclear, pero que también dejó pasivos ambientales pendientes.

El proyecto vuelve a poner bajo la lupa la política minera del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre, quienes impulsan una agenda de aprovechamiento de recursos naturales mientras sectores ambientalistas cuestionan si la provincia está priorizando la explotación antes que garantizar una reparación ambiental completa.

Sierra Pintada: el yacimiento que convirtió a Mendoza en una pieza clave del desarrollo nuclear

Sierra Pintada no es una mina más dentro del mapa minero argentino.

El complejo ubicado en San Rafael fue durante décadas una de las principales fuentes de uranio del país. Entre 1975 y 1997, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) extrajo y procesó alrededor de 1.600 toneladas de uranio, convirtiendo al lugar en uno de los puntos centrales del abastecimiento del sistema nuclear argentino.

El uranio obtenido allí fue utilizado para alimentar una política nuclear que permitió a la Argentina desarrollar reactores, fabricar combustibles, producir radioisótopos para medicina y formar especialistas de alto nivel.

Pero la actividad también dejó una herencia compleja: residuos, canteras, materiales acumulados y estructuras industriales que requirieron tareas de remediación ambiental.

Ese pasivo se convirtió durante años en el principal argumento de quienes se opusieron a una nueva etapa extractiva.

La deuda ambiental que Mendoza todavía no cerró

La historia de Sierra Pintada está marcada por una tensión permanente entre desarrollo tecnológico y protección ambiental.

El complejo quedó paralizado a fines de la década de 1990 y durante años se reclamó que antes de cualquier reapertura debía completarse la remediación de los daños generados durante la etapa productiva.

Los trabajos incluyen el tratamiento de aguas acumuladas, la gestión de residuos sólidos, el control de materiales con contenido radiactivo y la recuperación segura del área intervenida.

El problema es que la discusión ambiental nunca desapareció.

Para sectores críticos, la decisión del Gobierno mendocino de avanzar hacia una posible nueva explotación plantea una pregunta central: si todavía existen tareas de reparación pendientes, ¿por qué la prioridad vuelve a estar puesta en extraer uranio?

El temor es que la provincia repita viejos errores de la minería argentina: acelerar la explotación de recursos estratégicos mientras las consecuencias ambientales quedan relegadas a futuro.

Nación y Mendoza buscan volver a producir uranio

La estrategia actual combina intereses provinciales y nacionales.

Desde la Nación, la Secretaría de Asuntos Nucleares impulsa una recuperación de la producción de uranio dentro del país, un recurso clave para sostener el funcionamiento del sistema nuclear argentino.

En ese marco participaron de las recorridas por Sierra Pintada funcionarios como el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, la subsecretaria de Política Nuclear, Ayelén Giomi, autoridades de la CNEA y representantes técnicos del sector.

Desde Mendoza, la ministra Jimena Latorre sostiene que el objetivo es avanzar con controles ambientales y recuperar un recurso estratégico.

Pero el debate no pasa solamente por producir uranio.

También involucra quién controla esa actividad, qué modelo de desarrollo se busca y cuál será el rol del Estado frente a un recurso considerado estratégico para la soberanía energética.

El uranio y la contradicción de la política nuclear argentina

La discusión alrededor de Sierra Pintada ocurre en un momento particular.

Mientras Argentina posee una tradición nuclear reconocida internacionalmente, el país actualmente depende en gran medida de importaciones para abastecer parte de sus necesidades de uranio.

La paradoja es que una nación capaz de diseñar reactores, producir tecnología nuclear avanzada y exportar conocimiento científico no logra garantizar completamente su propio abastecimiento de materia prima.

Por eso, desde sectores vinculados al desarrollo nuclear sostienen que recuperar la producción nacional tiene una importancia estratégica.

Sin embargo, especialistas ambientales advierten que la soberanía energética no puede construirse ignorando la soberanía ambiental.

Un recurso estratégico no deja de ser estratégico porque su extracción genere impactos. La discusión es bajo qué condiciones se realiza, quién controla la actividad y quién asume los costos cuando existen daños.

La presión minera y el nuevo mapa de recursos naturales

El impulso sobre Sierra Pintada también forma parte de una etapa donde Mendoza busca posicionarse como una provincia minera.

Durante los últimos años, el Gobierno provincial promovió cambios y debates sobre el desarrollo de proyectos extractivos, en una provincia donde el agua es un recurso especialmente sensible.

Mendoza tiene una particularidad: gran parte de su economía depende del manejo del agua en un territorio árido.

Por eso, cualquier proyecto que involucre minería genera una discusión que va más allá del mineral extraído.

El conflicto no es solamente económico. También es ambiental, social y político.

La soberanía nuclear en disputa

Sierra Pintada vuelve a poner sobre la mesa una pregunta más profunda: ¿qué tipo de desarrollo nuclear quiere Argentina?

Una posibilidad es fortalecer una política estatal basada en investigación, producción nacional y control público de los recursos estratégicos.

Otra es avanzar hacia un esquema donde los recursos minerales sean explotados con mayor participación privada y bajo lógicas de mercado.

En ese punto aparecen las críticas hacia los gobiernos nacional y provincial. Sectores científicos y ambientales advierten que no alcanza con extraer uranio: el desafío es sostener una cadena tecnológica completa que permita que ese recurso genere desarrollo interno y no solamente exportación de materia prima.

El futuro de Sierra Pintada todavía está abierto

El regreso de Sierra Pintada al debate nacional no es solamente una discusión minera.

Es una disputa sobre energía, ambiente, ciencia y soberanía.

Mendoza busca transformar un viejo símbolo de conflicto ambiental en una nueva oportunidad productiva. Pero la historia del complejo demuestra que la minería no termina cuando se extrae el mineral: las consecuencias pueden extenderse durante décadas.

El desafío será determinar si la provincia puede garantizar una explotación segura, transparente y con controles reales o si, una vez más, el valor estratégico de un recurso termina pesando más que la protección del territorio.

Porque en Sierra Pintada no está en juego solamente el uranio. También está en discusión qué precio ambiental está dispuesto a pagar Mendoza para volver a convertirse en protagonista de la energía nuclear argentina.

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