La Política Ambiental
La contaminación del arroyo Ludueña llegó a la Justicia penal. Vecinos de Fisherton, organizaciones sociales y ambientales, junto al concejal rosarino Julián Ferrero, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue el presunto vertido de efluentes en un tramo crítico de la cuenca, ubicado entre la autopista Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery.
La presentación apunta a determinar el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en la zona noroeste de Rosario. Según los denunciantes, los episodios no serían aislados: vecinos vienen registrando desde hace meses cambios en el color del agua, presencia de espuma, olores nauseabundos y líquidos turbios, blanquecinos o verdosos.
Ferrero, quien preside la Comisión de Ecología del Concejo Municipal, sostuvo que la información reunida muestra un patrón de contaminación que se repite “todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora”. La denuncia fue presentada luego de reclamos administrativos ante organismos municipales y provinciales, sin que hasta el momento se hubieran obtenido respuestas suficientes para detener los vertidos señalados.
El escrito judicial solicita que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos” en el arroyo Ludueña. La zona mencionada comprende el tramo entre la Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery, con especial atención sobre un posible conducto pluvial que descargaría efluentes sin tratamiento hacia el cuerpo de agua.
Como prueba, los denunciantes acompañaron fotografías, videos, material registrado por vecinos, imágenes aéreas y un informe técnico elaborado a partir de muestras de agua superficial. Según la presentación, el análisis detectó alta carga orgánica, bajo nivel de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, bacterias indicadoras de contaminación fecal y alta conductividad eléctrica.
La denuncia también menciona antecedentes de reclamos vecinales desde 2024 en sectores del arroyo cercanos a las calles Schweitzer y Bello. Luego, desde diciembre de 2025, vecinos comenzaron a advertir nuevas descargas en las inmediaciones de Ingeniero León Miglierini y calle República, cerca del barrio privado Los Pasos del Jockey y a unos 350 metros de una estación elevadora de Aguas Santafesinas.
El caso expone un problema estructural. La propia Municipalidad de Rosario reconoce que el Ludueña atraviesa zonas densamente pobladas antes de desembocar en el río Paraná y que, por el crecimiento urbano e industrial, el arroyo se convirtió en receptor de residuos industriales y urbanos. Entre las principales fuentes de contaminación identificadas oficialmente figuran descargas pluviocloacales ilegales, efluentes industriales sin tratamiento, residuos sólidos y canalizaciones clandestinas.
En junio de 2025, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario habían informado el retiro de 1.500 toneladas de residuos en el marco del Plan de Abordaje Integral de la Cuenca del Ludueña. Aquella intervención fue presentada como parte de una estrategia para recuperar la calidad ambiental del arroyo, aunque la nueva denuncia penal muestra que la problemática excede la limpieza superficial y requiere identificar fuentes concretas de descarga.
Organizaciones socioambientales ya venían advirtiendo que la situación del Ludueña no era nueva. Taller Ecologista señaló en 2023 que la cuenca acumulaba problemas de contaminación, falta de cloacas en barrios cercanos, avance de urbanizaciones, pérdida de biodiversidad, residuos plásticos y uso de agrotóxicos, además de cuestionar la falta de coordinación estatal para una recuperación integral del ecosistema.
La judicialización marca un punto de quiebre para una demanda que durante años circuló entre reclamos vecinales, pedidos de informes y advertencias ambientales. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si existieron descargas ilegales, quiénes son los responsables y qué medidas urgentes corresponde adoptar para frenar el daño.
El fondo del conflicto es claro: el arroyo Ludueña no puede seguir funcionando como receptor invisible de efluentes cloacales, industriales o pluviales contaminados. En una ciudad que convive con crisis hídricas, expansión urbana y pérdida de ambientes naturales, la protección de sus cursos de agua exige controles reales, trazabilidad de las descargas, sanciones efectivas y una política pública sostenida que vaya más allá de los operativos de limpieza.
