La Política Ambiental
El caso de Mariela Agunin volvió a poner en debate la criminalización de los usuarios de cannabis y el enfoque de la Justicia frente a situaciones vinculadas al consumo terapéutico y al derecho a la salud.
La mujer permanece detenida desde hace más de dos meses luego de quedar involucrada en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, tras un procedimiento realizado en una plaza pública de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Según denunciaron organizaciones vinculadas al cannabis medicinal y a los derechos humanos, Mariela fue aprehendida cuando fue registrada por las autoridades mientras le entregaba una pequeña cantidad de cannabis a una amiga. Para quienes acompañan el reclamo, se trató de una situación que no debería haber terminado con una persona privada de su libertad.
El caso generó una fuerte reacción de organizaciones cannábicas que advierten que la aplicación de políticas punitivas sigue afectando a usuarios y personas que recurren al cannabis con fines terapéuticos.
La detención de Mariela ocurrió en un espacio público de Bahía Blanca, donde fue interceptada durante un procedimiento policial mientras realizaba una entrega de una cantidad mínima de cannabis a una conocida.
A partir de ese episodio se inició una causa judicial bajo la figura de un delito relacionado con estupefacientes. La decisión de mantenerla detenida durante semanas generó cuestionamientos por parte de quienes consideran que la respuesta estatal fue excesiva frente al contexto del hecho.
Desde las organizaciones que acompañan el pedido de libertad sostienen que el caso refleja un problema más profundo: la persistencia de una mirada penal sobre situaciones vinculadas al consumo y al acceso al cannabis, incluso en un contexto donde existe legislación que reconoce usos medicinales de la planta.
Frente a la continuidad de la detención, agrupaciones vinculadas al cannabis organizaron una convocatoria para exigir justicia y la liberación inmediata de Mariela.
La concentración fue convocada frente a los Tribunales de Bahía Blanca, ubicados en Avenida Colón 46, donde organizaciones reclamaron que la Justicia revise la situación de la mujer y analice el caso desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública.
Desde el espacio Cannabis y Salud cuestionaron que una usuaria terapéutica de cannabis pueda terminar encarcelada y señalaron que la criminalización profundiza el estigma sobre quienes utilizan la planta como parte de tratamientos o como elección personal.
“El problema no es solamente Mariela, sino un sistema que continúa persiguiendo y castigando a personas que deberían ser acompañadas desde políticas públicas de salud”, señalaron desde la organización.
Eliana Lagraña, integrante de Crazy Lady Seeds, una organización vinculada al activismo cannábico, sostuvo que la situación de Agunin expone una problemática que viene siendo denunciada desde hace años.
Según explicó, los tiempos de la Justicia y del Estado muchas veces no acompañan las necesidades reales de la sociedad y mantienen una lógica de persecución sobre los usuarios de cannabis.
Para las organizaciones, la demora en resolver la situación de Mariela representa un ejemplo de cómo los procedimientos burocráticos pueden terminar afectando la libertad de personas mientras continúan los debates sobre regulación, acceso y derechos.
La detención de Mariela Agunin ocurre en un contexto donde Argentina tiene normas que reconocen el uso medicinal del cannabis, pero donde todavía existen tensiones entre los avances regulatorios y la aplicación concreta del sistema penal.
El debate gira alrededor de una pregunta central: qué lugar debe ocupar el Estado frente a una persona vinculada al cannabis.
Mientras algunos sectores sostienen que deben continuar las investigaciones ante cualquier posible infracción, organizaciones sociales y cannábicas advierten que la persecución penal termina afectando principalmente a usuarios, pacientes y pequeños cultivadores, sin resolver los problemas vinculados al narcotráfico.
El caso de Mariela Agunin se transformó en un nuevo símbolo para quienes reclaman un cambio en la forma en que se aborda el cannabis en Argentina.
Sus organizaciones acompañantes sostienen que mantener privada de su libertad a una mujer por una situación de estas características representa un uso desproporcionado del poder punitivo del Estado.
La discusión vuelve a abrir un debate de fondo: si las políticas sobre cannabis deben estar basadas en la persecución y el castigo o en un enfoque que contemple la salud pública, los derechos individuales y la reducción de daños.
Mientras la causa continúa su curso judicial, familiares, organizaciones y activistas mantienen el reclamo por la libertad de Mariela y advierten que detrás de este caso existe una problemática más amplia sobre cómo Argentina aborda el cannabis y a quienes lo utilizan.
